Al comenzar la nueva semana, el número de personas infectadas por el virus COVID-19 está aumentando exponencialmente en los Estados Unidos. La Ciudad de Nueva York, que es ahora el epicentro de la pandemia, se ve amenazada por un colapso de su sistema de salud y un trágico aumento en el número de muertes. Dada la ausencia de pruebas masivas para determinar la ubicación de las personas infectadas, es casi seguro que el desastre social que se está produciendo en Nueva York, California y el estado de Washington se extenderá rápidamente en los próximos días y semanas a todo el país.

A medida que la pandemia se extiende, el impacto económico está adquiriendo dimensiones sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. A medida que se le instruye a la gente que se "refugie en sus casas" y practique el "distanciamiento social", la economía se está frenando. Las pequeñas y medianas empresas, especialmente en las industrias de venta al por menor y de servicios, se han quedado sin clientes y se están viendo obligadas a cerrar sus puertas. La necesidad de detener toda la producción no esencial significa que el número de desempleados alcanzará rápidamente niveles que igualarán y posiblemente superarán los de la Gran Depresión de los 1930.

Gran parte de la clase obrera y la clase media se ve amenazada por la pérdida de ingresos y de la capacidad de poner comida en sus mesas y cubrir sus gastos semanales y mensuales. En un país en el que decenas de millones de personas tienen pocos o inexistentes ahorros y viven de sueldo en sueldo, la pandemia es una catástrofe social incluso para los que no están infectados por el virus.

Un financiamiento de emergencia para cubrir totalmente los ingresos y salarios perdidos de todas las familias de la clase obrera y la clase media debe ser la prioridad urgente e incondicional de la respuesta económica a la pandemia. Los pagos de hipotecas y alquileres, los préstamos para automóviles, los gastos médicos, las primas de seguros y las deudas estudiantiles deben suspenderse mientras dure la crisis sanitaria.

Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas deben recibir apoyo financiero para que puedan evitar la quiebra y reabrir sus empresas tan pronto cuando las condiciones médicas lo permitan.

También debe disponerse de dinero para garantizar la supervivencia de las instituciones educativas, culturales y otras instituciones socialmente esenciales.

Este programa, que prioriza las necesidades e intereses de la clase trabajadora, es diametralmente opuesto al multimillonario "estímulo fiscal" siendo concebido en negociaciones a puerta cerrada entre la Administración de Trump, los líderes del Congreso y los ejecutivos de las empresas.

Mientras que se habla de forma engañosa y cínica sobre proteger a los trabajadores, el único propósito de las negociaciones en Washington es proteger la riqueza y las ganancias de los oligarcas financieros y corporativos superricos. A una escala aún mayor que en el rescate de 2008-09, los titanes de Wall Street y las juntas directivas de las empresas están exigiendo que el Gobierno ponga a su disposición sumas ilimitadas.

Hasta ahora, el Gobierno federal ha gastado menos de $10 mil millones en ayuda de emergencia para desastres relacionados con la pandemia. Y, sin embargo, el Tesoro de los EE. UU. ha comprado unos $600 mil millones en acciones en las últimas semanas, lo que significa que ha gastado 60 veces más dinero en apoyar a los bancos que en abordar la crisis sanitaria.

Además de los más de $2 billones que ya prometió para respaldar los activos financieros de los principales bancos, el Congreso está debatiendo un paquete de rescate adicional de $2 billones.

El grueso de esa propuesta consiste en varios regalos para las empresas en forma de exenciones fiscales y préstamos, incluyendo medidas dirigidas específicamente a las aerolíneas y otras industrias. Menos de $50 mil millones del proyecto de ley irían dirigidos a medidas de emergencia para combatir la pandemia. Sólo una empresa, Boeing, exige un rescate mayor que todas las medidas de salud pública contenidas en el proyecto de ley.

Mientras los republicanos y los demócratas discuten los detalles del rescate, están de acuerdo en que 1) se deben canalizar enormes sumas de dinero a través de las grandes corporaciones; 2) no se deben tomar medidas que limiten o amenacen la riqueza de los ejecutivos y los grandes inversores; y 3) los intereses del sistema de lucro capitalista y de la propiedad privada permanecerán intactos de manera indiscutible. Los bancos y las grandes empresas no sólo seguirán gobernando. Estas instituciones y sus ejecutivos y grandes accionistas saldrán de la crisis más ricos y poderosos que nunca.

El New York Times declaró en un editorial publicado ayer, "La única forma práctica de limitar el desempleo masivo, y de preservar las empresas previamente viables, es que el Gobierno inyecte dinero en el sector privado".

La última vez que esto se hizo, en la respuesta al derrumbe de 2008, el resultado fue una bonanza para los dueños superricos de los activos financieros. La riqueza de las 400 personas más ricas de EE. UU. se disparó de $1,27 billones en 2009 a $2,96 billones en 2019.

El CEO de Amazon, Jeff Bezos, tenía un patrimonio neto de $6,8 mil millones en 2009, y en 2018 era de $160 mil millones. Warren Buffett tenía un patrimonio neto de $37 mil millones en 2009 y aumentó a $90 mil millones el año pasado. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, contaba con $2 mil millones en 2009, pero vio su riqueza multiplicarse 40 veces a $85 mil millones en 2019. Y el CEO de Tesla, Elon Musk, ha logrado que su riqueza crezca aún más rápido, más que duplicándose de $20 mil millones en mayo de 2019 a $45 mil millones a principios de este año.

En 2019, las empresas estadounidenses gastaron $798 mil millones de dólares en la recompra de sus propias acciones, cifra que supera incluso la gastada antes de la crisis financiera de 2008.

La recompra de acciones fue uno de los principales medios empleados por los ejecutivos de las empresas para enriquecerse. Como explicó la Harvard Business Review :

Las 465 empresas del Índice S&P 500 en enero de 2019 que cotizaron en bolsa entre 2009 y 2018 gastaron, durante esa década, $4,3 billones en recompras, lo que equivale al 52 por ciento de sus ingresos netos, y otros $3,3 billones en dividendos, un 39 por ciento adicional de los ingresos netos. Sólo en 2018, incluso cuando las ganancias después de impuestos se encontraban en niveles récord debido a los recortes fiscales republicanos, las recompras de acciones de las empresas del S&P 500 alcanzaron un asombroso 68 por ciento de los ingresos netos, con los dividendos absorbiendo otro 41 por ciento

¿Por qué han realizado las empresas estadounidenses estas compras masivas? Dado que la mayor parte de su compensación proviene de opciones y premios de acciones, los altos ejecutivos corporativos han utilizado las recompras en el mercado abierto para manipular los precios de las acciones de sus empresas en beneficio propio y de otros en el negocio de cronometrar la compra y venta de acciones en la bolsa. Las recompras enriquecen a estos vendedores de acciones oportunistas –banqueros de inversión y gerentes de fondos de inversión, así como altos ejecutivos corporativos— a expensas de los empleados, así como de los accionistas permanentes.

La fea realidad de las prácticas financieras capitalistas y el grotesco saqueo de los activos de las empresas refutan la frase mentirosa que se entona siempre que se hace referencia a las necesidades de la clase obrera: "¡No hay dinero!".

El problema no es la ausencia de dinero, sino el control de las fuerzas productivas de la sociedad en manos de la clase capitalista.

El Partido Socialista por la Igualdad rechaza enfáticamente el rescate de las corporaciones. Exigimos que los bancos y las corporaciones monopólicas, que controlan activos valorados en decenas y cientos de miles de millones de dólares, se transformen en organizaciones de propiedad pública y sean controladas democráticamente. Las inversiones de los pequeños y medianos accionistas, muchos de los cuales han invertido sus ahorros para su jubilación, estarán plenamente protegidas.

Los ejecutivos que durante el último decenio saquearon las corporaciones en aras de su enriquecimiento personal deberán ser obligados legalmente a pagar una restitución.

Esta crisis, al igual que el derrumbe de 2008, ha puesto al descubierto el mito del individualismo capitalista. Ha dejado en claro que los bancos y las empresas no pueden sobrevivir sin el apoyo masivo del Estado.

Al plantear estas demandas, el Partido Socialista por la Igualdad no cree ni por un momento que la Administración de Trump, o, si vamos al caso, una dirigida por los demócratas, tomará ninguna medida que socave los intereses de la oligarquía corporativa-financiera.

Por eso, el programa avanzado por el Partido Socialista por la Igualdad solo puede realizarse mediante la movilización industrial y política de la clase obrera sobre la base de un programa socialista. Todos los trabajadores que reconozcan a necesidad de este programa deben unirse al PSI.

La pandemia global ha desatado una ola de apoyo al socialismo y militancia en sectores importantes de la clase obrera. La semana pasada, una serie de huelgas salvajes obligó al cierre de la industria automotriz y trabajadores en todo el país se están rehusando a trabajar en condiciones insalubres. Estas luchas, junto con otras por todo el mundo, constituyen la base objetiva para resolver la crisis sobre una base socialista, lo que significaría la inversión de billones de dólares para combatir la pandemia y preservar la vida humana, a través de la expansión de la infraestructura pública de salud.

Si la clase capitalista prevalece sin oposición a sus intentos de hacer que la clase obrera soporte el peso de la crisis, el saldo será de millones de vidas. La raza humana ha alcanzado un punto en que la función más básica de la sociedad —la preservación de la vida humana— es incompatible con el capitalismo.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de marzo de 2020)