Immigration Nation, el documental de seis partes, ahora en Netflix, es una poderosa exposición de las condiciones que enfrentan los inmigrantes, que huyen de la pobreza y la violencia en sus países de origen, a manos de la máquina de detención y deportación administrada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
Los cineastas Shaul Schwarz y Christina Clusiau obtuvieron el permiso oficial para acompañar a los agentes de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y CBP (la Agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza), responsables de la aplicación de la ley de inmigración en el interior de los EE. UU. y en la frontera, respectivamente. La administración Trump, intensificando su búsqueda de inmigrantes indocumentados que huyen de la pobreza y la violencia en sus países de origen, quizás pensó que un documental ayudaría a promover la xenofobia.
Sin embargo, los funcionarios de la administración que primero firmaron el acuerdo no esperaban el resultado final. A pesar de que los realizadores tenían un contrato firmado, cuando presentaron el trabajo para revisión, de repente se vieron confrontados, según un informe del mes pasado en el New York Times, con demandas airadas de que se borraran las escenas o que la película se retrasara hasta después de la elección de noviembre.
Uno de los elementos más importantes de la película de varias partes, es la forma en que entrevista a los detenidos y sigue sus casos mientras languidecen dentro de los centros de detención de ICE durante muchos meses. Las autoridades estaban particularmente molestas con la forma en que el documental permite a los migrantes hablar por sí mismos. Al final, es posible que los funcionarios se hayan dado cuenta de que incluso si tenían éxito en sostener la película, solo sería una victoria pírrica. En cualquier caso, la disputa se resolvió y Immigration Nation fue liberada a principios de agosto.
El documental, que incluye imágenes de agentes trabajando en Nueva York y en oficinas donde procesan inmigrantes para deportación en El Paso, Texas y Charlotte, Carolina del Norte, tardó tres años en completarse. En sus primeros minutos, muestra a agentes en la ciudad de Nueva York entrando a la fuerza en los apartamentos, alegando que tienen órdenes de arresto que nunca se muestran, capturando a los proveedores de la familia que han sido señalados por multas de tráfico o delitos menores. Una vez dentro de los apartamentos, los agentes recogen los llamados “colaterales”, otros que no están en la lista de objetivos pero que también están sujetos a deportación por carecer de estatus legal. En un caso, una redada en un apartamento de estilo dormitorio lleno de gente genera dos colaterales además de su objetivo. En otros casos, las vidas de los trabajadores que han criado a sus familias dentro de los Estados Unidos durante 15 o 20 años se pone patas arriba.
Entre los entrevistados se encuentra Berta, una abuela guatemalteca de 63 años, que huyó con su nieta en lugar de ceder a las demandas de las bandas de narcotraficantes de convertir a la niña de 12 años en una niña novia. Berta, ya agotada por una vida de pobreza, permanece detenida durante 17 meses. Su deportación significaría una muerte segura. Su detención prolongada está destinada a enviar un mensaje brutal a otros que esperan escapar de las miserables condiciones de las que el imperialismo estadounidense es el responsable principal.
Bernardo Arévalo, otro guatemalteco, vino con su hijo Emilio, quien es enviado a vivir con una tía a la que no conoce, mientras su padre está detenido durante meses. “Si lo hubiera sabido, nunca hubiera venido”, explica entre lágrimas Bernardo. “Hasta el hombre más fuerte llora por estar separado, porque tenemos un corazón, amamos a nuestras familias”. Bernardo ha hecho el viaje difícil porque su suegra anciana en Guatemala necesita urgentemente una cirugía ocular que la familia no puede pagar. Habla por teléfono con su esposa Rebecca, quien no puede enviar a dos de sus hijos a la escuela por falta de dinero. La familia está separada en tres partes durante ocho meses, y Bernardo debe tomar la decisión de pedir la deportación y pedirle a Emilio, que ahora vive en Virginia, solo y desesperado por su familia, que regrese con él.
Estos son solo dos de los casos presentados en Immigration Nation. También está Deborah Jane, que huyó de Uganda para salvar su vida después de que su exmarido la desfiguro gravemente en un ataque con ácido. Deborah espera cinco años antes de que finalmente se reencuentre con sus cinco hijos, que han sufrido graves daños psicológicos en el ínterin.
El destino de los detenidos lo deciden los jueces de inmigración. Sin embargo, estos jueces son parte del poder ejecutivo, no del poder judicial. Como empleados del Departamento de Justicia, carecen incluso de independencia nominal. Un exjuez explica que existen cuotas de deportación de facto que los jueces deben cumplir, y que muchos jueces temen las repercusiones si no cumplen con estos objetivos.
Otro elemento positivo del documental es la forma en que permite que los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza hablen por sí mismos. Identificados por sus primeros nombres, incluyen algunos agentes que están un poco a la defensiva o incómodos con su papel. Algunos confiesan su malestar cuando, en palabras de uno, "Yo haría lo mismo si estuviera en sus circunstancias [las de los inmigrantes]".
También hay muchos que están casi contentos al acumular los números y las cuotas de arrestos. Bob, subdirector de la oficina de ICE en Charlotte, viste con camiseta de “Nosotros Construimos el Muro” y obtiene un placer casi sádico de sus actividades diarias. Es el típico de los elementos de ultraderecha que Donald Trump ha movilizado detrás de la xenofobia antiinmigrante.
El gigante de las deportaciones de Estados Unidos no tiene paralelo en ningún lugar del mundo. En los últimos 25 años, desde la adopción del Plan Estratégico, "Prevención a través de la disuasión", bajo la administración Clinton, el aparato ha crecido en una medida asombrosa. En 1990 había 3,800 agentes de la patrulla fronteriza. Su número había aumentado a 20,000 en 2015. Durante el mismo período, el presupuesto de la agencia aumentó aún más, de $260 millones a $4.5 mil millones.
ICE ahora opera 220 instalaciones en 47 estados. Los 3 millones de inmigrantes indocumentados en los registros de ICE representan un grupo inagotable de objetivos que viven con el temor de que les toquen la puerta o de redadas en su lugar de trabajo. Al menos otros 8 millones de indocumentados también tienen motivos para preocuparse. Las instalaciones de detención están privatizadas, como gran parte del sistema penitenciario estadounidense. El costo de las llamadas telefónicas es prohibitivo para muchos detenidos. A los que trabajan se les paga $1 por día. Como comenta un observador, el cliente de las empresas que dirigen los centros de detención es ICE, y los detenidos son el producto.
Uno de los episodios de Immigration Nation se centra en una campaña política en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, cuya ciudad más grande es Charlotte. Un detective de la policía se postula para el alguacil del condado con la promesa de dejar de cooperar con ICE a través del llamado programa 287g, en el que los inmigrantes que enfrentan cargos penales, incluso delitos menores, son entregados a ICE. Entre 2008 y 2018, 1.3 millones de inmigrantes indocumentados en todo Estados Unidos fueron transferidos de esta manera, lo que representa aproximadamente tres cuartas partes de los arrestos de ICE durante este período. El candidato, Garry McFadden, tiene éxito, pero ICE simplemente responde intensificando sus propias redadas en toda el área, lo que propaga el miedo entre la comunidad de inmigrantes, que ahora constituye aproximadamente una sexta parte de la población total de Charlotte.
Otro ejemplo más de la explotación y victimización de los inmigrantes es el robo de salarios. La serie centra su atención en la ciudad de Panamá, en el Panhandle de Florida, donde más de 100 trabajadores que han llegado al área para trabajos de construcción a raíz de la destrucción reciente del huracán se encuentran esperando el pago meses después de que se haya realizado el trabajo. Estos se encuentran entre los muchos miles de inmigrantes que viajan de un lugar a otro para satisfacer las demandas de trabajos difíciles y temporales después de desastres naturales. En este caso, fueron empleados de la Compañía de Construcción Winterfell, propiedad de Tommy Hamm, quien también es comisionado del condado. Hamm afirma que los subcontratistas son responsables. Cuando los trabajadores y sus partidarios vienen a una reunión de la Comisión del Condado para defender su caso, se les descarta airadamente fuera de lugar y la reunión se termina, mientras el Comisionado Hamm parece totalmente indiferente.
El último episodio de Immigration Nation se centra en otro lado más espantoso de la campaña antiinmigrante. Los migrantes son canalizados hacia el desierto de Arizona, donde miles han muerto por el calor o por perderse. La serie sigue a medida que se encuentran algunos restos humanos, un hecho cotidiano en la actualidad. Más tarde, las pruebas de ADN se utilizan para tratar de informar a las familias en luto sobre el destino de su ser querido.
Jason De Leon, profesor de antropología en UCLA, explica que una de las métricas utilizadas por las autoridades para medir la disuasión es un aumento en las muertes de migrantes. La afirmación originalmente era que se correría la voz y que los inmigrantes dejarían de venir, pero mientras se profundizaba la miseria económica, este no fue el caso. En la década de 1990, el número de muertes anuales descubiertas en el desierto de Arizona rara vez superaba un solo dígito. El número llegó a 75 en 2000 y 150 al año siguiente. Ha ido subiendo de manera constante, hasta un total de 3,069 en 2018. Como explica De León, la afirmación brutal de las autoridades es que "la gente se puso en peligro, se lo hicieron a sí mismos". El último total sin duda no está completo, ya que algunos restos nunca se encuentran.
En varios puntos del documental, se puede ver a los políticos del Partido Demócrata haciéndose pasar por amigos de inmigrantes indocumentados. Se muestra brevemente al excongresista y candidato presidencial Beto O’Rourke. Se destaca la explosión de crueldad bajo la administración Trump, con la insinuación de que existe una diferencia fundamental entre las dos partes en este tema.
Bajo esta luz, la entrevista del profesor De Leon en los últimos 10 o 15 minutos del programa es aún más vital. “Las cosas van mal bajo la administración Trump, pero las cosas han ido mal durante mucho tiempo”, observa. La pantalla se llena con un video del presidente Bill Clinton pronunciando su discurso sobre el Estado de la Unión de 1995. Sus palabras merecen ser citadas en su totalidad:
“Los estadounidenses están, con razón, preocupados por la gran cantidad de extranjeros ilegales que ingresan a nuestro país”, declara, mientras el vicepresidente Al Gore y el presidente de la Cámara de Representantes republicano Newt Gingrich miran con aprobación detrás de él. “De lo contrario, los trabajos que ocupan podrían estar en manos de ciudadanos o inmigrantes legales. Los servicios públicos que utilizan imponen una carga a nuestros contribuyentes. Es por eso que nuestra administración se ha movido agresivamente para asegurar más nuestras fronteras contratando un número récord de nuevos guardias fronterizos, deportando el doble de extranjeros criminales que antes".
La guerra de la administración Clinton contra los migrantes fue parte de su programa general de ley y orden de derecha, que vio la promulgación de leyes draconianas contra el crimen y el crecimiento continuo del encarcelamiento masivo. La administración se jactó del fin del programa Ayuda a Familias con Niños Dependientes (AFDC, por sus siglas en ingles), todo mientras Wall Street se elevaba a nuevas alturas y la desigualdad crecía. La austeridad, la construcción de prisiones y la brutalidad policial continuaron durante el siguiente cuarto de siglo, tanto bajo George W. Bush como bajo Barack Obama, el "deportador en jefe". Joe Biden jugó un papel destacado en el Senado.
Trump ha llevado los ataques a inmigrantes a nuevos niveles y también envió fuerzas federales a las calles de la ciudad para atrapar a manifestantes pacíficos, como parte de sus intentos de construir un movimiento fascista de masas. No podría haber una prueba más clara de que el ataque a los inmigrantes es un ataque a la clase trabajadora en su conjunto. Sin embargo, las armas que maneja Trump han sido puestas en sus manos por la criminalización bipartidista de inmigrantes y refugiados. Tanto los presidentes republicanos como demócratas tienen en sus manos la sangre de miles de personas que han muerto en el desierto de Arizona.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de septiembre de 2020)