Al acercarse el Día de Acción de Gracias de esta semana, se está produciendo una catástrofe social en todo EE.UU. a una escala no vista desde la Gran Depresión de los años 30.

Para el domingo, se reportaban más de 12,2 millones de casos confirmados de COVID-19 en los EE.UU. y casi 257.000 muertes. La semana pasada ha visto un promedio de más de 170.000 casos por día, un aumento del 59% con respecto al promedio de dos semanas antes.

Los hospitales están siendo invadidos por la oleada de casos. Miles de enfermeras de hospitales de todo el país están contrayendo el virus, lo que deja a los hospitales sin personal y pone en extremo peligro la atención al paciente. En El Paso, Texas, una unidad de 36 tropas de la Guardia Nacional ha sido movilizada para trabajar en la morgue del condado para lidiar con 240 cuerpos acumulados, víctimas de COVID-19. Los cuerpos serán cargados en camiones refrigerados.

El Proyecto Marshall, un sitio web de periodismo sin fines de lucro, informa que hasta el 17 de noviembre al menos 197.659 reclusos de las prisiones estatales y locales habían contraído el virus y 1.454 habían muerto, probablemente un recuento incompleto debido al poco reportaje.

A medida que sigue aumentando el número de hospitalizaciones, las familias de clase trabajadora de todo el país se enfrentan a una crisis de hambre y pobreza que se suma a la enfermedad y la muerte por la pandemia. Decenas de millones de trabajadores han perdido sus empleos o se han visto afectados por recortes a sus salarios u horas de trabajo.

Las colas para alimentos que ya se extienden por kilómetros, los desalojos y las ejecuciones hipotecarias y la pérdida de cobertura de seguros médicos aumentarán exponencialmente cuando se agote lo que queda de la asistencia gubernamental inmediatamente después de la Navidad.

La organización de lucha contra el hambre Feeding America advierte que unos 54 millones de residentes de los EE.UU., o uno de cada seis, se enfrentan actualmente a la inseguridad alimentaria. Muchas familias con niños ya se enfrentaban al hambre antes de que se produjera la pandemia.

En Arlington, Texas, 6.000 familias llegaron a una distribución de pavos congelados fuera de un estadio deportivo el viernes. El 14 de noviembre, la gente de Dallas esperó hasta 12 horas para recibir un pavo, 20 libras de productos no perecederos, 15 libras de productos frescos y bolsas de pan. Las fotos de la fila en el banco de alimentos mostraban miles de autos en cuatro carriles, abarcando varios kilómetros.

El sábado en Los Ángeles, unas 1.000 personas hicieron fila a pie para una distribución de alimentos en una iglesia.

La moratoria de desalojos impuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) expira el 31 de diciembre. Como la orden no cancela ni congela los alquileres, todos los alquileres atrasados vencen el 1 de enero. Se estima que entre 11 y 13 millones de hogares inquilinos corren el riesgo de ser desalojados, según el banco de inversiones y firma de asesoría global Stout.

Dado que el Gobierno no ha proporcionado dinero para ayudarles a las familias con su alquiler, los propietarios han utilizado tácticas inescrupulosas para desalojar ilegalmente a los inquilinos. Han permitido que las condiciones de las unidades de alquiler se deterioren, dejando a los inquilinos la posibilidad de elegir entre irse o vivir con moho o infestaciones de chinches, cucarachas y gusanos. Las familias que se ven obligadas a abandonar sus apartamentos se enfrentan a vivir en la calle, a compartir con familiares o amigos o a dormir en albergues, lo que aumenta el peligro de contraer COVID-19.

Muchas familias con dificultades para pagar la comida y renta se enfrentan a un recorte de los fondos de ayuda por COVID-19 en lo que resta del año. Ya no está el beneficio federal de 600 dólares que suplementaba los beneficios semanales por desempleo. Según la Century Foundation, 12 millones de estadounidenses perderán sus beneficios de desempleo el 26 de diciembre cuando expiren dos programas importantes de la pandemia. Otros 4,4 millones ya habrán agotado estos beneficios antes de que expiren.

Los dos programas que están a punto de caducar son el programa de Asistencia de Desempleo para Pandemias (PUA), que proporciona beneficios a los trabajadores independientes que no son elegibles para los programas estatales tradicionales, y el programa de Compensación de Desempleo de Emergencia para Pandemias (PEUC), que extiende en13 semanas los beneficios a las personas que agoten los beneficios estatales. Ambos fueron creados por el Congreso como parte de la Ley CARES, que repartió billones de dólares a las corporaciones y bancos.

El presidente Donald Trump no oculta su desprecio por la población de EE.UU. y del mundo que se enfrenta a la muerte y al empobrecimiento. Concentrado por completo en su plan para anular las elecciones y establecer una dictadura presidencial, no dice nada sobre el aumento en casos y muertes ni sobre los millones de familias que no pueden pagar el alquiler ni poner comida en la mesa. El sábado, se saltó un debate sobre la pandemia durante la cumbre del G20 para jugar una ronda de golf en su centro turístico de Virginia.

Hace una semana, Trump hizo su primera declaración pública tras varios días para reiterar su oposición a cualquier cierre de la economía para contener la pandemia y salvar vidas. Días después, el presidente electo Joe Biden dio una conferencia de prensa y declaró que una Administración de Biden nunca impondría un cierre nacional. Esto siguió al llamado de Michael Osterholm, miembro de su propia junta asesora sobre el coronavirus, para un cierre nacional de seis semanas con paga completa para los trabajadores afectados.

Ambas partes han conspirado para bloquear cualquier acción del Congreso destinada a proporcionar una nueva ronda de prestaciones por desempleo y otras medidas de alivio para los trabajadores y las pequeñas empresas tras la expiración, el 31 de julio, de las prestaciones mínimas previstas en la Ley CARES.

El desastre de la salud pública y la crisis social son dos caras de una catástrofe humana producto de políticas deliberadas llevadas a cabo por la Administración de Trump y, en lo esencial, respaldadas por los demócratas. La respuesta bipartidista a la pandemia no está siendo impulsada por el objetivo de salvar vidas, sino por los intereses económicos de la oligarquía corporativo-financiera gobernante. La única preocupación es proteger la riqueza de los multimillonarios a través de obsequios del Gobierno y dinero gratis de la Reserva Federal, asegurando un aumento récord en el mercado de valores.

Los intereses antisociales de la élite financiera son el principal obstáculo para cualquier medida efectiva para contener la pandemia y salvar vidas. No se permite nada que infrinja el enriquecimiento personal de magnates como Jeff Bezos de Amazon, quien ha duplicado su fortuna personal a 200.000 millones de dólares en el curso de la pandemia.

Y, a fin de pagar los rescates y la explosión de la deuda corporativa y gubernamental, los trabajadores están siendo forzados a entrar en fábricas y lugares de trabajo donde abunda el virus para continuar con el flujo de ganancias corporativas. Este es el sucio secreto detrás de la campaña de regreso al trabajo y a las aulas, la piedra angular de la mortal política de “inmunidad colectiva” siendo implementada abiertamente por Trump y tácitamente apoyada por Biden y los demócratas.

Los trabajadores están siendo deliberadamente llevados al borde de la indigencia y la falta de hogar para obligarlos a volver a las fábricas, lugares de trabajo y escuelas.

Los sindicatos corporativos apoyan plenamente la campaña de regreso al trabajo y a las aulas, mientras que encubren los brotes en las fábricas y recintos escolares y vigilan los lugares de trabajo para bloquear la oposición de los trabajadores.

Hay una creciente ira en las fábricas y entre los maestros. Muchos están siguiendo el liderazgo del Partido Socialista por la Igualdad y el World Socialist Web Site en cuanto a formar comités de seguridad de base, independientes de los sindicatos y del Partido Demócrata, para coordinar las acciones en defensa de la salud y las vidas de los trabajadores.

Solo la intervención independiente de la clase obrera en oposición a los dos partidos capitalistas y al sistema de lucro que defienden puede producir una solución progresista y humana tanto a la pandemia como a la crisis social.

La lucha por salvar vidas y los medios de vida es una lucha contra el sistema capitalista. Requiere la expropiación de la oligarquía corporativa y la utilización de su vasta riqueza para detener toda la producción no esencial hasta que la pandemia sea contenida, proporcionando salarios completos y protección de ingresos para los trabajadores despedidos, garantizando condiciones de trabajo seguras para los trabajadores esenciales y reuniendo todos los recursos necesarios para reconstruir el sistema de salud para que pueda proporcionar atención médica gratuita para todos.

Los trabajadores y los educadores deben establecer comités de seguridad de base en cada lugar de trabajo y escuela para hacer cumplir las condiciones de trabajo seguras, organizar acciones de huelga donde sea necesario y preparar el terreno para una huelga general política para detener la pérdida de vidas y medios de vida de los trabajadores.

La vida económica debe reorganizarse según criterios socialistas mediante la nacionalización de la industria de la salud, los bancos y las grandes empresas bajo el control democrático de la clase obrera, a fin de arraigar la economía en las necesidades sociales y no en el lucro privado.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de noviembre de 2020)