Casi una semana después de la insurrección fascistizante en Washington DC el 6 de enero, aumentan las amenazas de violencia de la extrema derecha por todo EE.UU., concentradas en el día de la inauguración presidencial, el 20 de enero.

En una indicación de cuán seria está siendo tomada la amenaza dentro del Estado, el director del Buró de la Guardia Nacional anunció el lunes que entre 10 mil y 15 mil tropas serán desplegadas en Washington DC para el próximo fin de semana, previo a la inauguración.

Un memorándum interno del FBI filtrado por ABC News ayer advierte que los grupos de extrema derecha han organizado protestas armadas en todos los 50 capitolios estatales, además de Washington DC. “El FBI recibió información sobre un grupo armado identificado que pretende viajar a Washington DC el 16 de enero”, declara el memorándum. “Han advertido que, si el Congreso intenta deponer al presidente de EE.UU. [Trump] por medio de la Vigesimoquinta Enmienda, se producirá un gran levantamiento”.

Otro memorándum del FBI obtenido por Yahoo News identificó planes específicos en Michigan, Minnesota y otros estados para el 17 de enero. En Michigan, se reporta que miembros del movimiento ultraderechista “Boogaloo” han estado discutiendo “utilizar un aparato alimentado por gasolina con un cable trampa” para “causar una distracción mientras otros individuos ‘toman’ el capitolio”. Michigan fue el centro de una conspiración fascistizante —descubierta en octubre— para secuestrar y asesinar a la gobernadora del estado.

La clase obrera, los jóvenes y todas las fuerzas progresistas deben tomar estas amenazas con la mayor seriedad.

La clase obrera necesita responder con una huelga general a los intentos de hordas ultraderechistas, instigadas por el criminal político Donald Trump y sus cómplices del Partido Republicano en el Senado y Congreso, de amenazar las vidas de representantes electos y capturar edificios gubernamentales y otros lugares estratégicos, tanto en Washington DC como en las capitales estatales de todo el país.

La amenaza de violencia el día de la inauguración presidencial se produce en medio de cada vez más evidencia del apoyo de alto nivel en el Partido Republicano y secciones clave del aparato militar y policial para la insurrección del 6 de enero. El asedio del Capitolio federal fue facilitado por efectivamente una retirada de la policía del Capitolio y retrasos, conducidos por oficiales leales a Trump en el Pentágono, en el despliegue de la Guardia Nacional.

El congresista demócrata Jason Crow, miembro del comité de servicios armados de la Cámara de Representantes, reportó que llamó al secretario del Ejército de EE.UU., Ryan McCarthy, el domingo. McCarthy le informó a Crow que “recuperaron armas largas, bombas molotov, explosivos y bridas de plástico [tras la irrupción en el Capitolio], lo que sugiere que por poco se evitó un desastre mayor”.

Crow añadió, “presenté serias preocupaciones sobre los reportes de que hubo militares en servicio activo y reservistas involucrados en la insurrección” y urgió a que “las tropas desplegadas para la insurrección… no simpaticen con los terroristas nacionales”.

Las afirmaciones de varias tendencias pseudoizquierdistas de que no hay que exagerar la seriedad de los eventos en Washington y que es equivocado llamarlo un golpe de Estado son peligrosamente complacientes. La revista Jacobin, afiliada con los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), se opone a “las publicaciones en redes sociales y revistas liberales de referencia [que] caracterizaron inmediatamente el asalto como un golpe de Estado”.

El peligro de la violencia fascistizante, argumenta Jacobin, es mínimo porque la clase gobernante apoya la democracia. “La toma del Capitolio ha revelado la falta de apoyo, tanto en las élites corporativas como en las instituciones estatales, al autoritarismo de extrema derecha. El capital, pareciera, aún está comprometido con la democracia liberal, la cual ha servido para proteger sus intereses a lo largo de la historia estadounidense”.

Tales comentarios combinan la estupidez política con la complacencia total que caracteriza a las capas de la clase media-alta que representa Jacobin. Las acciones autoritarias de Trump, según Jacobin, están desconectadas de los intereses de clase de la oligarquía gobernante y la desigualdad social masiva que ha erosionado las bases objetivas de la democracia. La pandemia, en la que han fallecido más de 385.000 personas en EE.UU., ha llevado las presiones que genera la polarización social al punto de ebullición.

Otro aspecto de la subestimación complaciente de la crisis política y los peligros presentados por el intento de golpe de Trump ha sido la respuesta al cierre de la cuenta de Twitter de Trump durante el fin de semana. Concebir esta acción en las circunstancias actuales como la principal amenaza a los derechos democráticos refleja una subestimación plena de lo que está ocurriendo.

Trump no es meramente un individuo, ni mucho menos un representante de un movimiento disidente progresista e izquierdista. Es el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos y, mientras siga siendo presidente, cuenta con un poder extraordinario en sus manos, incluida la capacidad de iniciar una guerra nuclear. Insistir en su acceso irrestricto a Twitter y las redes sociales para que pueda movilizar e incitar a sus seguidores fascistizantes por todo el país —como si fuera una cuestión crucial de libre expresión— es políticamente irresponsable, o bien descabellado. ¡Y si fuera inadmisible cerrar su cuenta de Twitter, sería el doble de inadmisible exigir su expulsión inmediata de la Casa Blanca y arresto! Los cínicos políticamente en quiebra de la pseudoizquierda necesitan estar menos preocupados sobre los derechos de Trump y más preocupados con la defensa de los derechos democráticos de la clase obrera.

No cabe duda de que el Gobierno de Biden será un Gobierno derechista de Wall Street, las agencias de inteligencia y el ejército. Pero la tarea de combatir un Gobierno burgués reaccionario es la responsabilidad de la clase obrera y no de un dictador derechista que está movilizando fuerzas fascistas.

La clase obrera necesita intervenir en la crisis independientemente, librando una lucha contra el fascismo por medio de sus propios métodos y su propio programa.

Es imposible confiar en cualquier sector de la clase gobernante para que defiendan los derechos democráticos. Los opositores de Trump dentro de la clase gobernante están plenamente conscientes de que las incitaciones de violencia fascistizante de Trump arriesgan con iniciar una guerra civil. No obstante, están mucho más preocupados con suprimir la oposición a Trump que amenaza con convertirse en lo que más temen: un movimiento de la clase obrera contra el capitalismo.

Es por esta razón que los demócratas están intentando aislar la cuestión del papel de Trump en incitar el golpe fascistizante lejos de su contexto político más amplio. En particular, Biden, como líder del Partido Demócrata, está haciendo todo lo posible para defender la institución del Partido Republicano, cuyos líderes le dieron al complot la cubierta política necesaria en legitimar las acusaciones de Trump de que le robaron la elección.

En sus únicas declaraciones públicas desde el golpe, Biden dijo en una rueda de prensa el viernes que estaba comprometido con preservar un Partido Republicano “fuerte”. Aplaudió específicamente al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, afirmando que estuvo “tan orgulloso” de las declaraciones de McConnell la tarde del golpe cuando llamó a que el Congreso reconociera la victoria de Biden.

La decisión de los demócratas a presentar cargos para un juicio político en la Cámara de Representantes, lo que podría ocurrir tan tarde como el miércoles, es en sí parte del mismo esfuerzo. Los cargos están siendo introducidos con todo tipo de reservas para asegurarse de que el juicio político no tenga ningún efecto práctico. Varios líderes demócratas encabezados por el aliado cercano de Biden, el representante James Clyburn, están llamando a la Cámara de Representantes a esperar varios meses antes de presentar los cargos del juicio político ante el Senado, lo que significaría que no tendría ningún impacto en los días restantes de Trump en el cargo.

Si la Cámara de Representantes presentara los cargos inmediatamente ante el Senado, McConnell, el esbirro de Trump aclamado por Biden, ha dicho que no convocaría un juicio al menos hasta el 19 de enero, el día antes de la inauguración.

Más allá, independientemente de lo relevante que haya sido el papel personal de Trump, su papel forma parte de una conspiración política mucho más amplia, involucrando a oficiales nacionales y locales en todo el Partido Republicano y elementos del ejército y la policía. Biden ha rechazado expresamente los llamados a que los senadores Ted Cruz y Josh Hawley renuncien, ni hablar de su arresto inmediato por ser cómplices políticos del golpe de Trump. Tampoco ha habido llamados para el arresto inmediato de Rudolph Giuliani, los hijos y abogados de Trump o cualquiera involucrado directamente en la incitación.

El golpe fascistizante del 6 de enero marca una nueva etapa en la crisis de la democracia estadounidense. Hay que extraer las lecciones. Es una manifestación del colapso integral de la sociedad capitalista estadounidense. No es posible combatir la amenaza del fascismo sin reconocer que este es un movimiento social que aparece a raíz de una profunda crisis del orden económico existente. Por medio del fascismo, las élites gobernantes buscan encarrilar el descontento social de masas hacia un movimiento reaccionario dirigido contra la clase obrera.

El antídoto político al fascismo es el desarrollo de un movimiento político de las masas obreras por el socialismo. Más allá, en la medida en que la clase obrera intervenga en esta lucha, se fortalecerá inmensurablemente su lucha contra el Partido Demócrata y el Gobierno de Biden.

El Partido Socialista por la Igualdad llama a los trabajadores a que respondan a la violencia fascista el 20 de enero y los días cercanos con preparativos para una huelga general. Hay que desarrollar una red de comités de base en las fábricas y lugares de trabajo, y en cada barrio y ciudad, para movilizar y unir todos los sectores de la clase obrera.

Los trabajadores deben rechazar cualquier intento de inyectar conflictos y divisiones raciales en la situación política, incluyendo las afirmaciones de los demócratas de que el golpe fascistizante refleja la “blancura” en vez de los intereses de la oligarquía financiera. Esta narrativa tan solo les obsequia municiones políticas a los mismos fascistas. Por todo el país, los trabajadores de todas las razas y orígenes étnicos trabajan de hombro a hombro. Enfrentan una crisis social y económica común y enemigos comunes en la élite gobernante capitalista.

La oposición popular masiva a los esfuerzos de la clase gobernante para destruir los derechos democráticos debe ser conectada con la demanda de una investigación exhaustiva, abierta y pública sobre el golpe de Estado del 6 de enero. Todos los involucrados en organizar la operación y darle una cubierta política necesitan ser depuestos de sus cargos, arrestados e imputados.

Incluso si Biden, resguardado por miles de soldados y policías armados, es juramentado el 20 de enero y llega a la Casa Blanca, la crisis no habrá pasado. La democracia estadounidense está en una agonía mortal.

No puede haber ninguna salida progresista a la crisis excepto construyendo un poderoso movimiento de masas de la clase obrera, aliado con la clase obrera de todo el mundo, en lucha por el socialismo.

Todos aquellos que reconocen la urgencia de construir este movimiento deben unirse al Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de enero de 2021)