El 6 de enero de 2021, en un evento sin precedente en la historia de EE.UU., miles de extremistas de derecha movilizados por varias organizaciones supremacistas blancas, antisemíticas, antiinmigrantes, neonazis y fascistas invadieron el Capitolio en Washington DC. Su intención era asesinar y tomar como rehenes a los que consideran enemigos de Donald Trump, incluyendo a legisladores demócratas e incluso el vicepresidente Mike Pence. Coincidiendo con la certificación legislativa de los resultados del voto del Colegio Electoral, el propósito del ataque fue detener el reconocimiento oficial de la elección de Joseph Biden como presidente de EE.UU.

Si los objetivos tácticos de la operación hubieran tenido éxito, el resultado político no habría solo sido una postergación de la certificación constitucional del voto del Colegio Electoral. Tras asesinar a congresistas y tomar rehenes, los líderes fascistas habrían exigido que se anule el resultado electoral en los estados que Trump dice falsamente que ganó, como Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. Las demandas de los secuestradores habrían recibido un apoyo abrumador en el Partido Republicano, ni hablar del propio Trump. Inspirados por el poder de los líderes fascistas en Washington DC, lo más probable es que se llevarían a cabo operaciones similares en varias capitales estatales por todo EE.UU.

Al continuar el drama de secuestro y acercarse la fecha oficial de inauguración —con incontables vidas en juego—, la presión sería tremenda para que Biden y el Partido Demócrata acepten al menos algunas de las demandas de los secuestradores para prevenir un baño de sangre y reabrir el Gobierno.

Los acontecimientos descritos no ocurrieron porque la insurrección fascista fracasó en sus objetivos tácticos. Los líderes perdieron control de la horda, que al entrar en el edificio del Capitolio desperdició tiempo clave tomándose fotos y haciendo saqueos. Los congresistas escaparon antes de que los pudieran asesinar o convertir en rehenes.

Pero, independientemente del resultado, el propio incidente fue un intento de golpe de Estado. Negar este hecho obvio es una evasión y distorsión de la realidad, que sirve para encubrir los enormes peligros políticos que persisten y se intensificarán en los próximos meses.

Inmediatamente después de la intentona golpista, varios periodistas independientes reconocidos como John Pilger, Glenn Greenwald, Chris Hedges y Joe Lauria (de Consortium News ) están avanzando una perspectiva peligrosamente equivocada de los eventos del 6 de enero, afirmando que lo acontecido en Washington no fue nada más que un ejercicio constitucionalmente protegido para ejercer la libre expresión que simplemente se salió de control. Es más, el propio Trump está siendo acusado y victimizado falsamente. La principal amenaza a los derechos democráticos del pueblo estadounidense el 6 de enero no provino de la irrupción en el Congreso, sino de bloquear el acceso de Trump a su cuenta de Twitter. Según esta narrativa desorientada, Donald Trump está sufriendo más pecados de los que comete.

En un artículo el 13 de enero de Joe Lauria en Consortium News, “Trump sometido a juicio para destituirlo en medio de esfuerzos para cancelarlo”, resume estos argumentos. Restándole importancia al golpe del 6 de enero, Lauria presenta un informe propio de un abogado de Trump y sus coconspiradores. A través de una detallada lectura de la arenga de Trump frente a miles de partidarios, intenta probar que sus palabras no llegan a merecer una condena en el juicio pendiente en el Senado para destituirlo, según el Artículo I, Sección 3 de la Constitución de EE.UU.

Lauria afirma que el discurso de Trump puede leerse como “solo las palabras combativas de un político”, sin querer provocar violencia, ni hablar de provocar un golpe:

Cuando [Trump] dijo que los demócratas son “despiadados” y que “es tiempo de que alguien haga algo al respecto”, se refería a que Pence y los republicanos debían regresar el voto del colegio electoral de vuelta a los estados clave. Ese es el contexto completo de su discurso de más de una hora. Cuando dijo “necesitan hacer que su gente luche”, se refería a los diputados republicanos que tendrían que ser desafiados en las primarias.

Sin ninguna prueba hasta ahora de que Trump tenía conocimiento previo del plan de copar el Capitolio ni evidencia de instrucciones directas suyas de hacerlo, parecer difícil que sería condenado en un tribunal, pero quizás no en un juicio político en el Senado.

Lauria insiste en que también su hijo Donald Trump Jr. tenía objetivos pacíficos en mente. Señala que Donald Jr. tan solo estaba apelando a los congresistas republicanos a que “votaran contra certificar los resultados electorales de los estados disputados clave” cuando le dijo a la multitud que era necesario probar “si eres un héroe o un don nadie”. En cuanto al abogado personal fascista de Trump, Rudolph Giuliani, Lauria dice que su llamado a un “juicio por combate” solo ser refería “continuar desafiando los resultados computarizados de la elección” en los tribunales.

Concluye que “no existen pruebas hasta ahora de que Trump tenía conocimiento previo del plan para copar el Capitolio”. Es impactante que Lauria pueda reconciliar una conclusión tan ingenua con décadas de experiencia como periodista investigativo.

Lauria procede a insistir en que los eventos no pueden ser tildados de “golpe de Estado” porque esto se refiere “al derrocamiento de un Gobierno existente y su reemplazo por gobernantes nuevos”. Sin embargo, esto es precisamente lo que los conspiradores buscaban hacer: cambiar el resultado de una elección y prevenir la inauguración de Biden. Pero Lauria afirma, “El pequeño número de manifestantes que pudo soñar con un golpe tan solo tenían el palacio presidencial de su lado y nada más ” [subrayado nuestro].

¡¿“Solo el palacio presidencial”?!

En un intento aún más absurdo de negar la gravedad de los eventos del 6 de enero, Lauria declara, “Fue un intento de tomar control del Capitolio, no el país”. ¡Los insurrectos apenas intentaron capturar Washington DC! Estas noticias ciertamente son un gran alivio para los ciudadanos de Los Ángeles, Houston, Chicago, Detroit, Boston y Nueva York.

Lauria procede a justificar los esfuerzos de los republicanos de anular los resultados del voto del Colegio Electoral, la misma maniobra que fue el pretexto político para el ataque al Capitolio, afirmando que “los republicanos tenían todo el derecho de desafiar los resultados y provocar un debate y un voto en ambas cámaras. La insinuación de que el derecho constitucional constituyó una incitación o un apoyo a una revuelta es un exceso extraordinario”. Parece no molestarle a Lauria que el desafío republicano se basó en mentiras abiertas de una elección robada ( i.e. la versión de Trump del cuento hitleriano de una “apuñalada en la espalda” para explicar la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial).

La defensa de Trump por parte de Lauria ignora la secuencia de eventos políticos y el contexto más amplio de las acciones de Trump. Se olvida que el 1 de junio, Trump utilizó la policía militar contra manifestantes en Washington y amenazó con aplicar la Ley de Insurrecciones para desplegar el ejército por todo el país. No menciona el plan para secuestrar y asesinar a los gobernadores de Michigan y Virginia, el cual fue expuesto en octubre, inspirados por el llamado de Trump a “¡Liberar Michigan!”. Tampoco indica que varios aliados importantes de Trump le exigieron repetidamente declarar ley marcial para tomar el poder si perdía las elecciones.

El rechazo de que el 6 de enero haya sido un intento de golpe de Estado ha sido combinado con la afirmación de que el cierre de la cuenta de Trump en Twitter constituyó la amenaza más seria para los derechos democráticos, algo más peligroso que cualquier cosa hecha por sus simpatizantes.

En una entrevista el 11 de enero con Democracy Now!, el periodista Chris Hedges empleó el mismo formalismo verbal para exonerar a Trump de intentar un golpe de Estado. “Claramente considero que, si leemos fríamente lo que Trump les dijo a sus partidarios, no llamó a que la gente invadiera el Capitolio y tomara rehenes”.

En todo caso, la acción de Twitter contra Trump debe ser opuesta: “Pero responder esencialmente facultando a estas corporaciones privadas a que funcionen como censores sobre miles de millones de personas regresará para atormentarnos. Y vemos esto porque no solo Trump está en su mira. Al final, siempre es la izquierda la que paga por esta clase de censura”.

Es cierto que el principal blanco de la censura estatal y corporativa es la izquierda socialista y la clase obrera. El Partido Socialista por la Igualdad no avanza la demanda que el Estado capitalista ilegalice ni prohíba partidos derechistas. Sin embargo, la izquierda socialista y aquellos preocupados por la defensa de los derechos democráticos no consideran que sea su deber defender la “libre expresión” de un presidente fascista que está dirigiendo a una horda armada para anular una elección.

Para justificar su defensa del derecho de Trump a una libertad de expresión irrestricta, incluso si eso significa en la práctica permitirle movilizar y dirigir a sus simpatizantes en todo el país en medio de una insurrección armada —Lauria, Hedges y otros les recuerdan a sus lectores todos los terribles crímenes perpetrados por el imperialismo estadounidense con el apoyo del imperialismo estadounidense—. John Pilger, por ejemplo, señala los crímenes de EE.UU. contra los hutíes en Yemen. Esto no es más que demagogia pequeñoburguesa. Pilger no explica cómo es que la instauración de un régimen neofascista en EE.UU. mejorará la política exterior estadounidense en Yemen o cualquier otra parte.

Un análisis basado en la consciencia de clase e informado por el marxismo y la experiencia histórica del movimiento socialista internacional explicaría que la acción de Twitter se produjo en el contexto de una crisis severa dentro del Estado burgués, en la que la facción semiconstitucional y sumamente liada, amenazada por un derrocamiento violento, buscó bloquear que Trump movilizara a sus seguidores fascistas. ¿Por qué deberían oponerse los opositores izquierdistas del intento de golpe a una interrupción de las comunicaciones de Trump? De hecho, si Twitter no hubiera tomado esta acción, los socialistas habrían interpretado correctamente esta “neutralidad” como una complicidad abierta con los conspiradores.

Es más, como parte de sus esfuerzos independientes para movilizar a oposición de la clase obrera a la conspiración de Trump, los socialistas les urgirían a los trabajadores de Twitter y otros empleados en la industria tecnológica que les corten el acceso a las redes sociales y bloqueen las plataformas de comunicación de sus seguidores armados. De hecho, los trabajadores de Twitter exigieron plantearon precisamente esas demandas, lo cual fue un factor importante en la decisión de Twitter de cerrar la cuenta de Trump. Un artículo en Vanity Fair esta semana señala que “Twitter pudo haber tenido su propia insurrección si no expulsaba a Trump”. ¿Considera Hedges tales demandas de los trabajadores una violación inadmisible de la libre expresión?

El World Socialist Web Site no es indiferente a las consecuencias de un derrocamiento fascistizante del Gobierno estadounidense. El peligro presentado por “Big Tech”, las grandes corporaciones tecnológicas, y el Partido Demócrata no se resolverá aceptando pasivamente y detrás del pretexto de una defensa incondicional de la libre expresión la imposición de un régimen autoritario encabezado por Trump y respaldado por organizaciones fascistas. Nuestra consigna en medio de un asalto fascista al Congreso no es “¡Manos fuera de Hitler! ¡Libertad de expresión para Trump!”.

Al responder los argumentos falsos y políticamente desorientados de Lauria, Hedges y otros, no es nuestra intención negar o desacreditar sus contribuciones periodísticas a la exposición de los crímenes del capitalismo estadounidense. Sin embargo, su respuesta a esta crisis importante y sin precedentes es profundamente incorrecta y debe ser opuesta.

Este tipo de minimización solo sirve para ofrecerle una cubierta política a Trump, sembrando complacencia en la fuerza de la democracia estadounidense. Incluso pese a su fracaso táctico, las consecuencias de la insurrección serán prolongadas. El resultado del golpe, ayudado por los esfuerzos demócratas de encubrir la conspiración, será integrar a la extrema derecha en la estructura de la política estadounidense.

Es por esto por lo que la cuestión crítica es la activación política de la clase obrera. No puede permitir que los demócratas, los republicanos y, de hecho, el “Big Tech” lidien con la crisis.

El significado de los eventos del 6 de enero tiene que ser entendido. Las lecciones políticas deben ser extraídas. Solo sobre esta base se podrá educar a la clase trabajadora y los jóvenes, construir un movimiento socialista de masas auténtico y defender los derechos democráticos y sociales de la gran mayoría del pueblo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de enero de 2021)