El jueves, los demócratas del Congreso y la Casa Blanca de Biden anunciaron una legislación que haría cambios significativos en el sistema de inmigración de Estados Unidos, que tanto los medios corporativos como los demócratas dijeron que tenían pocas posibilidades de convertirse en ley.

En efecto, el proyecto de ley de 353 páginas, llamado la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, —presentado por el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey y la representante Linda Sánchez de California y otros diez demócratas— es un gesto de relaciones públicas, con el objetivo de mostrar la "simpatía" de la administración Biden para los inmigrantes, en oposición a la cruel hostilidad de Donald Trump y sus compañeros intolerantes.

Sin embargo, el verdadero propósito del proyecto de ley es iniciar un proceso de negociación con los republicanos del Senado —y algunos demócratas— sobre qué compromiso diluido, si es que existe, eventualmente se adoptará. "Es su visión de lo que se necesita para arreglar el sistema", dijo un asistente de la Casa Blanca a Los Angeles Times, "y también es una oportunidad para restablecer y reiniciar las conversaciones sobre la reforma migratoria después de los últimos cuatro años".

El proyecto de ley proporciona dos versiones diferentes de un "camino hacia la ciudadanía" para los 11 millones de inmigrantes indocumentados. La mayoría, al menos siete millones, tendrían estatus temporal durante cinco años y luego serían elegibles para una tarjeta verde, lo que les daría el estatus de residente permanente por otros tres años, por un total de ocho años. La minoría, alrededor de cuatro millones, los que fueron traídos aquí cuando eran niños y elegibles para la protección de DACA, los trabajadores agrícolas empleados bajo el plan de visa H-2A y los refugiados con Estatus de Protección Temporal, serían inmediatamente elegibles para tarjetas de residencia, con una espera de tres años para obtener la ciudadanía.

Si bien el senador Menéndez dijo a los reporteros el jueves, "Tenemos un imperativo económico y moral de aprobar una reforma migratoria grande, audaz e inclusiva que no deje a nadie atrás", ya se han introducido otras dos leyes para una legalización a escala menor. La Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola crea un camino hacia la ciudadanía solo para los trabajadores agrícolas empleados bajo la visa H-2A. La Ley de Sueños y Promesas crea un camino hacia la ciudadanía solo para los beneficiarios de DACA.

Según lo informado por Politico, “los funcionarios de la Casa Blanca no dirían si Biden está considerando pasar elementos de la reforma migratoria a través de un segundo proceso de reconciliación presupuestaria a finales de este año o si ya están hablando con los legisladores sobre la aprobación de elementos más pequeños. Pero admitieron que el resultado final podría ser muy diferente".

Un funcionario no identificado de la Casa Blanca confirmó que Biden estaba totalmente preparado para renunciar a las disposiciones del proyecto de ley "expansivo" cuando dijo sobre el presidente el miércoles por la noche: "Estuvo en el Senado durante 36 años y es el primero en decir que el proceso legislativo puede verse diferente en el otro extremo de donde comienza".

Como dijo Politico, "fuentes cercanas a la Casa Blanca han dicho durante semanas que la administración está abierta a aprobar proyectos de ley específicos que tengan más probabilidades de obtener 60 votos".

Se reconoce ampliamente que los demócratas no tienen suficientes votos en el Senado para alcanzar la mayoría de 60 a 40 necesaria para aprobar la legislación. Ni siquiera está claro cuántos de los 50 demócratas apoyarían tal proyecto de ley. Cuatro demócratas, ambos senadores de Michigan y ambos de Arizona, votaron a favor de una enmienda que prohibiría a los trabajadores indocumentados recibir ayuda en virtud del proyecto de ley de recuperación del coronavirus propuesto por Biden.

Otro representante anónimo de la Casa Blanca expresó el cinismo detrás del borrador de la ley de inmigración: "Este proyecto de ley no fue diseñado para llegar a los 60. No hay camino hacia los 60".

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también expresó la voluntad de los demócratas de utilizar los derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias como moneda de cambio, cuando dijo a los periodistas: “Saludo al presidente por presentar la legislación que hizo. Hay otros que quieren hacerlo poco a poco y ese puede ser un buen enfoque hoy. Eso le corresponde al Congreso decidir".

Como se explicó en el World Socialist Web Site el 20 de enero, el camino de ocho años hacia la ciudadanía de la legislación es terriblemente inadecuado para los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y puede revertirse antes de que se complete el proceso de ocho años.

Un aspecto del proyecto de ley que ha sido promocionado como significativo por los demócratas es la eliminación de la palabra "extranjero" de las leyes de inmigración de los Estados Unidos como "deshumanizante" y su reemplazo por la palabra "no ciudadano". Sin embargo, en todas las discusiones y reportajes de noticias sobre esta modificación terminológica, apenas se mencionan el odio nacionalista, xenófobo y racista de derecha y los intentos de criminalizar los trabajadores inmigrantes por parte de miembros prominentes de la clase política estadounidense que está detrás de la frase "extranjero ilegal".

Otro componente del proyecto de ley al que se le está prestando poca atención es el Título II, que presenta un plan para "administrar responsablemente la frontera sur". Si bien los demócratas han afirmado que la propuesta legislativa es una desviación radical de las políticas de inmigración de la Administración Trump, el lenguaje en esta sección prueba todo lo contrario.

Mientras que el fascistizante Donald Trump promovió la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos, el plan Biden pide una "estrategia para administrar y asegurar la frontera sur de Estados Unidos mediante el despliegue de tecnología inteligente ..." Esta estrategia incluye una evaluación de la " barreras físicas, gravámenes, tecnologías, herramientas y otros dispositivos que se utilizan actualmente a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos".

El proyecto de ley luego describe un plan de acción para seleccionar e implementar tecnologías para "lograr y mantener el conocimiento de la situación de la frontera sur" y para el objetivo "de evaluar el desempeño e identificar la tasa de efectividad de los agentes y operaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos".

En otras palabras, mientras Trump estaba construyendo un muro costoso e ineficaz, los demócratas proponen el uso de tecnologías sofisticadas para militarizar la frontera sur y establecer “cálculos de rentabilidad para cada tecnología, herramienta u otro dispositivo que se desplegará, incluyendo un análisis del costo por milla de vigilancia fronteriza".

La correspondencia de la política migratoria de Biden con la de Trump también es evidente en las deportaciones de inmigrantes realizadas por la nueva administración. Según un informe del American Prospect del jueves, "La máquina de deportación pulida y perfeccionada bajo el presidente Trump parece funcionar sin problemas bajo el presidente Biden". La publicación liberal señala que la semana pasada la administración Biden realizó 21 vuelos de remoción a seis países diferentes, lo que está a la par del promedio semanal de la administración Trump.

Los vuelos a México y países centroamericanos, así como a Haití, Jamaica, Camerún, Angola y la República Democrática del Congo se han realizado "todos los días, desde el 1 de febrero", según Guerline Jozef, presidenta de Haitian Bridge Alliance.

El miércoles, se envió una carta firmada por más de 40 demócratas en el Congreso a Biden y al nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pidiendo una pausa de 18 meses en las deportaciones a Camerún, que se conocen como "aviones de la muerte" porque esos devueltos tienen la garantía de ir a prisión o ser asesinados por el gobierno del país centroafricano.

El sitio web UnitedWeDream.com publica un recuento en vivo del número de deportaciones confirmadas bajo Biden. El contador —que ha llegado a 26,248 al momento de escribir este artículo — está acompañado por el siguiente texto: "Bajo la supervisión de la Administración Biden-Harris, las deportaciones se llevan a cabo todos los días, a pesar de la promesa de detenerlas".

El sitio también tiene una base de datos de atrocidades de derechos humanos cometidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y e la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y dice que hay una "montaña de evidencia" que demuestra que el abuso está ocurriendo y que "los políticos están tratando de ocultarlo”.

El jueves por la noche, la administración de Biden publicó un memorando sobre su nueva guía para ICE que la ACLU ha caracterizado como “un regreso a la aplicación de la ley de inmigración bajo la administración de Obama. Es probable que algunas de las nuevas disposiciones sean de extrema preocupación para los inmigrantes, las comunidades de inmigrantes y los activistas/defensores de los derechos de los inmigrantes”. Durante los ocho años en que Biden fue vicepresidente (2009-2017), el presidente Barack Obama se hizo conocido como el "jefe deportador" por sus agresivas políticas de deportación de inmigrantes. Estos luego fueron recogidos y desarrollados durante la administración Trump.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de febrero de 2021)