Las escenas que se están produciendo a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos impiden al Gobierno estadounidense volver a sermonear al mundo sobre los “derechos humanos”, su pretexto favorito para invadir países y asolar sociedades enteras.

El número de niños inmigrantes detenidos por el Gobierno estadounidense ha aumentado de 3.200 a 4.200 esta semana. Los niños les denuncian a los abogados que no se les permite ducharse y que no han visto el cielo en días. Ayer, el Gobierno de Biden anunció que, en lugar de entregar a los niños a sus familiares, el Gobierno transportará a 3.000 adolescentes a una sala de convenciones de Dallas, a la que han bautizado escalofriantemente como “centro de descompresión de inmigrantes”.

Los hechos dejan claro que, lejos de representar una ruptura con Donald Trump, el Partido Demócrata continúa y profundiza sus políticas antiinmigrantes. La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la situación en la frontera de “crisis humanitaria”, como si la Administración de Biden y su propio partido no fueran los principales responsables de la misma.

La escasa atención de los medios de comunicación a los ataques a los inmigrantes se ha centrado en la detención masiva de niños no acompañados, presentando el asunto como una “crisis”. Los congresistas republicanos viajaron el lunes a la frontera, disfrazados de la Liga de Protección Infantil, y declararon que las condiciones “bárbaras” de los niños migrantes que viajan a la frontera de Estados Unidos les “rompen el corazón”. En otras palabras, quieren que no entren.

Algo que quizás sea aún peor que las condiciones impuestas por el Gobierno de Biden a los niños y jóvenes que ha permitido entrar en el país es su decisión de expulsar sumariamente a todos los inmigrantes adultos que lleguen y a los niños que crucen con sus familiares con el argumento de que suponen un riesgo para la salud debido al coronavirus.

En una carta enviada a finales de enero al Gobierno de Biden, docenas de expertos médicos explicaron que esas expulsiones del “Título 42” no tienen ninguna finalidad médica: “Imponer restricciones a los solicitantes de asilo y a otros inmigrantes en función de su estatus migratorio es discriminatorio y no tiene ninguna base científica como medida de salud pública”. El Título 42 suprime las garantías procesales, pone fin al derecho a solicitar asilo u otro tipo de ayuda, y niega a los inmigrantes el derecho a comparecer en una audiencia antes de la expulsión. El 70 por ciento de las más de 100.000 personas que intentaron cruzar la frontera en febrero, entre ellas miles de niños, fueron expulsadas de esta manera.

Los inmigrantes deportados en virtud del Título 42 son devueltos al otro lado de la frontera después de que las autoridades estadounidenses los despojan de sus pertenencias, incluidos los cordones de sus zapatos, obligándolos a arrastrar sus pies por los puentes hacia México. Muchos son trasladados en avión a cientos de kilómetros del lugar por donde cruzaron, para ser expulsados en otro punto de la frontera. En la actualidad, miles de personas se encuentran sin hogar o detenidas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, donde la pandemia se está propagando sin cesar.

En México, los inmigrantes son retenidos en instalaciones gubernamentales que un funcionario de Médicos Sin Fronteras describió como “peor que un campamento improvisado, ni siquiera tienen acceso a agua adecuada”. El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que ha detenido a 1.000 niños en esas instalaciones, cumpliendo con las exigencias de la Administración de Biden de una mayor represión. Las autoridades mexicanas también han llevado a cabo una serie de redadas masivas de alto nivel en las últimas semanas en nombre de Estados Unidos.

La represión ha provocado muertes a gran escala. El sábado, la localidad guatemalteca de Comitancillo celebró el funeral de 11 habitantes del pueblo que fueron asesinados por miembros de una banda y sus cuerpos quemados en un coche incendiado mientras intentaban entrar en Estados Unidos en el estado mexicano de Tamaulipas en enero, un crimen que las autoridades mexicanas encubrieron. A principios de este mes, un coche repleto de inmigrantes se estrelló intentando entrar en Estados Unidos, matando a 13 inmigrantes de México y Centroamérica.

Los inmigrantes adultos y los niños acompañados que tienen la “suerte” de entrar en Estados Unidos sin una expulsión sumaria son recluidos en centros de detención abarrotados, donde el COVID-19 también se está extendiendo como pólvora. Actualmente hay 420 casos activos en los centros de detención, frente a los 370 de finales de la semana pasada. Un total de 10.000 detenidos se han infectado con el virus desde el comienzo de la pandemia.

En cuanto a los que consiguen salir de los centros de detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han estado abandonando a los inmigrantes enfermos con COVID a su suerte en las ciudades del lado tejano de la frontera, sin atención médica y sin informar a los funcionarios médicos o a las organizaciones locales sin ánimo de lucro.

Esta realidad expone la mentira de que el Partido Demócrata representa un “mal menor” en comparación con la arremetida fascistizante de la Administración de Trump contra los inmigrantes. Incluso bajo la política de Trump de “Permanecer en México”, a los inmigrantes se les permitía ostensiblemente solicitar asilo, a diferencia de hoy.

El Gobierno de Biden presentará pronto su principal proyecto de ley de inmigración, la Ley de Ciudadanía Estadounidense. Al anunciar el proyecto de ley, Biden y los demócratas escupirán perogrulladas sin sentido sobre cómo Estados Unidos es “una nación de inmigrantes” (se podría añadir, a pesar de sus mejores esfuerzos). Pero el proyecto de ley no hace nada para deshacer la criminalización de los inmigrantes y allanará el camino para millones de deportaciones, especialmente de los que ahora intentan entrar en Estados Unidos, así como de los que tienen antecedentes penales.

Según el proyecto de ley, los inmigrantes seguirán sin tener derecho a un abogado, la red de cárceles para inmigrantes seguirá abierta, el sistema de tribunales de inmigración seguirá bajo el control del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la detención de niños seguirá siendo “legal”, la frontera se militarizará aún más, cientos de millones de dólares se destinarán a armar a las policías centroamericanas y a los escuadrones de la muerte y se llevará a cabo una “campaña de información pública” para ahuyentar a los centroamericanos de su intento de llegar a la frontera de Estados Unidos.

Los trabajadores de Estados Unidos y Europa deben defender a sus aliados de clase en México, América Central y del Sur, rechazando la propaganda xenófoba procedente de los partidos capitalistas y los medios de comunicación corporativos.

Los que arriesgan sus vidas para entrar en EE.UU. y la UE son trabajadores, pequeños agricultores y pequeños comerciantes arruinados de países cuyos recursos naturales han sido saqueados y cuya población ha sido explotada y reprimida por poderosas corporaciones y dictadores respaldados por el imperialismo durante más de un siglo.

La pandemia de coronavirus ha matado a casi 800.000 personas en toda América Latina. El Foro Económico Mundial estimó que 500 millones de personas caerán en la pobreza, mientras que la Organización Internacional del Trabajo predijo que 1.600 millones de puestos de trabajo informales en todo el mundo —incluida una gran parte de la clase trabajadora de América Latina— se perderán o sufrirán enormes recortes salariales. El total de ingresos perdidos por la clase trabajadora internacional en 2020 fue de 3,4 billones de dólares, aproximadamente igual a la cantidad ganada por las personas más ricas del mundo. El Banco Mundial informó de que 800 millones de familiares de inmigrantes han perdido 110 mil millones de dólares en remesas desde Estados Unidos y Europa que necesitan para alimentos y otras necesidades.

Los trabajadores de los países avanzados y subdesarrollados por igual se enfrentan a dificultades como resultado directo de las políticas de las clases dominantes. La clase obrera mundial debe movilizar su enorme poder social en la lucha contra estas condiciones, uniéndose más allá de las fronteras nacionales. Por esta razón, la defensa de los derechos democráticos de los trabajadores inmigrantes es un imperativo estratégico en la lucha por la revolución socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de marzo de 2021)