Lima volvió a ser escenario el sábado de un duelo de manifestaciones entre los partidarios de Pedro Castillo, el exlíder de la huelga de maestros que ganó las elecciones de segunda vuelta en Perú el 6 de junio, y los de su rival de derechas Keiko Fujimori, que intenta anular los resultados con acusaciones infundadas de fraude en lo que se ha descrito como un golpe de Estado a cámara lenta.

En el mitin de Fujimori, los partidarios de la derecha corearon "Los peruanos quieren nuevas elecciones". Castillo aprovechó su mitin para hacer promesas de lealtad al orden capitalista existente en Perú, incluyendo un llamamiento para que el jefe del banco central del país permanezca en el puesto que ha ocupado durante los últimos 15 años. Allí la multitud coreó "el pueblo unido jamás será vencido".

Han pasado tres semanas desde que los peruanos acudieron a las urnas y las autoridades electorales aún no han declarado oficialmente al ganador. A pesar de que se han contabilizado todas las papeletas, Castillo ha obtenido el 50,125% frente al 49,875% de Keiko Fujimori, un estrecho margen de 44.058 votos.

El prolongado retraso en el reconocimiento de la victoria de Castillo ha provocado protestas en el corredor minero de Perú, donde ganó de forma abrumadora entre la población empobrecida. Los trabajadores levantaron barricadas en las carreteras, deteniendo el tráfico de camiones y amenazando con paralizar las operaciones mineras, el sector más crucial de la economía peruana.

Fujimori es la hija del ex dictador Alberto Fujimori, ahora encarcelado por crímenes de lesa humanidad y corrupción durante su gobierno de una década que terminó en 2000. Si no consigue la presidencia, ella misma se enfrenta a la posibilidad de ser encarcelada por cargos de corrupción relacionados con el escándalo de sobornos y comisiones ilegales en torno a las actividades del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, en el que están implicados todos los expresidentes peruanos vivos y prácticamente todos los partidos políticos.

El bando fujimorista, apoyado por poderosos sectores de la clase dirigente peruana y el grueso de los medios de comunicación, ha promovido la mentira de que la victoria electoral de Castillo fue fruto del fraude. Con el objetivo de anular 200.000, movilizó un ejército de abogados para presentar una serie de impugnaciones alegando irregularidades en distritos electorales de la empobrecida región andina y del sur de Perú, donde Castillo ganó de forma abrumadora.

Aunque el Tribunal Nacional Electoral (JNE) ha desestimado las impugnaciones presentadas por los abogados de Fujimori por considerarlas infundadas, éstos siguen adelante con las apelaciones. En un nuevo intento de paralizar la deliberación del organismo, Luis Arce Córdova, partidario de Fujimori, renunció al tribunal el pasado miércoles alegando que no quería "validar falsas deliberaciones constitucionales".

Este intento de negar el quórum al JNE fue subsanado a finales de la semana pasada con la sustitución de Arce por Víctor Raúl Rodríguez Monteza, un fiscal afín que, al igual que Arce, está implicado en un escándalo de corrupción por el soborno de jueces en la ciudad portuaria del Callao.

Entre los últimos intentos de anular las elecciones, los fujimoristas han recurrido a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que intervenga realizando una auditoría de los resultados. Han citado específicamente las elecciones bolivianas de 2019, en las que la OEA intervino con reclamaciones infundadas de fraude. Esto allanó el camino para un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, que fue obligado a dimitir por los militares y fue sustituido por un régimen de derechas.

En todo esto hay un elemento de juego de tiempo por parte del bando fujimorista con el objetivo de organizar fuerzas suficientes dentro del aparato estatal para ejecutar un golpe extraconstitucional.

Esta amenaza se hizo explícita en una carta del 14 de junio al alto mando de las fuerzas armadas peruanas, firmada por altos mandos retirados, entre ellos 23 generales del Ejército, 22 almirantes de la Marina y 18 tenientes generales de la Fuerza Aérea (la lista estaba ligeramente rellenada con las "firmas" de oficiales muertos). El comunicado pedía a los militares que "actuaran con rigor" para "remediar" las "irregularidades demostradas" en el manejo de los resultados de las elecciones con el fin de impedir la llegada al poder de un comandante en jefe "ilegal e ilegítimo".

Entre los episodios más reveladores de la trama del golpe electoral está la revelación de que Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor principal y jefe de inteligencia de Alberto Fujimori y "activo" de la Central Intelligence Agency (CIA) de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ha desempeñado un papel activo en el intento de anular los resultados electorales, incluso sobornando a miembros del Tribunal Nacional Electoral (JNE).

Montesinos está encarcelado en la prisión naval de máxima seguridad del Callao, cumpliendo condenas por soborno, malversación de fondos y tráfico ilegal de armas, y se enfrenta a un juicio por otros cargos relacionados con masacres, ejecuciones extrajudiciales y torturas llevadas a cabo bajo sus órdenes. Sin embargo, se ha sabido que pudo hacer 17 llamadas, aparentemente desde la oficina del director de la prisión, a un excomando de derecha y alto operativo fujimorista, durante el último mes.

El contenido de estas conversaciones se hizo público con la publicación de cintas de audio por parte de Fernando Olivera, un político de centroderecha que saltó a la fama en el año 2000 con la publicación de los llamados "vladi-videos", cintas de vídeo que mostraban a Montesinos entregando millonarios sobornos a figuras políticas y mediáticas. El jefe de los servicios de inteligencia había grabado las cintas para chantajear a quienes no apoyaran suficientemente al régimen de Fujimori. La publicación de esas cintas tuvo un papel importante en el colapso de la dictadura de Fujimori, que duró una década, y el exdictador huyó a Japón y Montesinos a Venezuela.

En los audios difundidos la semana pasada se escucha a Montesinos decir al coronel retirado del comando Pedro Rejas Tataje que contacte a Guillermo Sendón, un operador político afín a Fujimori, indicándole que podría facilitar el soborno de tres miembros del tribunal electoral. En otro audio, Sendón le dice a Rejas Tataje que los tres miembros del JNE votarían a favor de Fujimori a cambio de "tres palos" (tres palos) que significan un millón de dólares cada uno. Sendón dijo que ya había estado en contacto con Luis Arce Córdova, el fiscal que renunció abruptamente al tribunal.

La capacidad de Montesinos para desempeñar un papel activo en el intento de anular las elecciones es una prueba incontrovertible del apoyo de elementos del ejército en la trama golpista.

También fue revelador el consejo de Montesino al operativo fujimorista de que podía buscar ayuda en la Embajada de Estados Unidos. El Departamento de Estado de EE.UU. emitió la semana pasada una declaración en la que elogiaba las elecciones de Perú como un "modelo de democracia en la región", pero sin nombrar a Castillo como su vencedor, dejando claramente abiertas las opciones de Washington. Por su parte, Montesinos, una de las figuras más siniestras de la historia reciente de América Latina, disfrutó de una íntima relación con la embajada y la CIA que se remonta a los años 70, cuando suministró a Washington información confidencial sobre el régimen militar nacionalista burgués del general Juan Velasco Alvarado.

Ante las amenazas de golpe de Estado y una campaña cada vez más histérica que lo denuncia como comunista, Pedro Castillo se ha desplazado cada vez más a la derecha en un intento de ganarse la confianza de la clase dirigente peruana.

Este giro fue el núcleo del discurso que pronunció el sábado en la manifestación masiva en su apoyo. La noticia más importante fue su intención de mantener a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Velarde, uno de los favoritos del Fondo Monetario Internacional, está afiliado al derechista Partido Popular Cristiano, cuya expresidenta Lourdes Flores se encuentra entre los más destacados partidarios de la candidatura de Fujimori para anular las elecciones.

"No somos comunistas, somos demócratas, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana", dijo Castillo a la multitud. "Somos respetuosos de esta Constitución y, en este contexto, le pido al doctor Julio Velarde que su trabajo en el Banco Central de Reserva siga siendo permanente. Esto es necesario no sólo para la tranquilidad económica, sino para abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que hacerse democráticamente, con reglas." Luego se declaró "respetuoso" de la "dignidad" y "lealtad a la patria" de los militares peruanos.

El autorizado portavoz de las grandes empresas, Bloomberg, declaró que el anuncio de Castillo sobre el banco central es "la medida más favorable para los mercados" que ha tomado desde su elección.

El capital financiero internacional le está tomando la medida a Castillo y ha determinado que, al igual que otro exlíder sindical convertido en presidente, Lula de Brasil, es un hombre con el que pueden hacer negocios.

La histérica y cada vez más peligrosa campaña anticomunista dentro de la clase dirigente peruana para anular las elecciones y revivir la dictadura de Fujimori está impulsada por el miedo no a Castillo, sino a las capas empobrecidas de la clase obrera, el campesinado y los pobres urbanos que votaron por él. La pandemia del COVID-19 ha agravado en gran medida los graves niveles de desigualdad social de Perú, y el país ha registrado el mayor número de muertes per cápita del mundo y millones de personas se han visto abocadas al desempleo y la pobreza. Combinado con interminables escándalos de corrupción que han desacreditado a todos los partidos políticos e instituciones estatales, estas condiciones amenazan con encender una explosión revolucionaria.

La clase obrera peruana no puede confiar en que Castillo y la camarilla de asesores de derecha, políticos y funcionarios sindicales corporativistas que lo rodean derroten la amenaza de un golpe de Estado. Los trabajadores deben movilizar su fuerza política de forma independiente y sobre la base de una perspectiva socialista e internacionalista de lucha revolucionaria. Esto requiere la construcción de una nueva dirección revolucionaria, una sección peruana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de junio de 2021)