Más de 15.000 migrantes, principalmente de origen haitiano, que componían el último grupo en el campamento en la ciudad fronteriza de Del Río, Texas, fueron presuntamente despejados el viernes. El cierre del campamento improvisado bajo un puente entre EE.UU. y México se produjo tan solo una semana después de que el presidente Joe Biden y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunciaran la expulsión sumaria de los refugiados desesperados.

Los oficiales del DHS afirmaron el viernes a los reporteros que los haitianos han sido expulsados rápidamente en 17 vuelos desde el domingo y que se espera que potencialmente miles más sean deportados en los próximos días.

Un oficial estadounidense que no fue nombrado le reveló a CTV News que hubo siete vuelos hacia Haití programados el viernes, seis el sábado y siete el domingo. Hasta ahora, casi 2.000 refugiados han sido enviados a la nación caribeña mientras que 4.000 siguen atrapados en condiciones carcelarias en las instalaciones migratorias. Miles de otros han sido obligados a volver a México o ser liberados en EE.UU. con citas para aparecer en corte o reportarse a las autoridades migratorias a una fecha futura. Muchos más eventualmente serán cazados por los oficiales migratorios y se espera que sus solicitudes de asilo serán rechazadas en los tribunales.

El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas dijo que aproximadamente 8.000 de estos migrantes “decidieron regresar a México voluntariamente” y 5.000 están actualmente bajo custodia del DHS, que está procesando su estatus para decidir si serán expulsados inmediatamente o les permitirán presentar sus solicitudes de residencia legal.

Al justificar las deportaciones, Biden invocó las restricciones pandémicas del Título 42 instituidas por el expresidente Donald Trump, que utilizó la pandemia como un pretexto para negarles a los inmigrantes el derecho al asilo.

A pesar de que un juez federal fallara la semana pasada de que la orden de Trump para implementar el Título 42 había sido indebida y le dio al Gobierno federal dos semanas para finalizar el procedimiento, el Gobierno de Biden ha apelado la decisión, revelando que los demócratas no adoptarán un enfoque significativamente distinto a los migrantes y solicitantes de asilo que las políticas xenofóbicas de Trump. El Gobierno de Biden también ha declarado que no tiene planes para detener la expulsión de migrantes bajo pretextos sanitarios.

Las deportaciones rápidas han generado una ola de condenas tanto por la violenta brutalidad que han enfrentado los migrantes a manos de los agentes fascistizantes de la Patrulla Fronteriza como por el trato inhumano del Gobierno de Biden.

En una muestra de la indolente indiferencia a los derechos de los refugiados en toda la élite política, el alcalde demócrata de Del Río, Bruno Lozano, tildó de “noticias sensacionalistas” la expulsión d ellos migrantes. Esto se produce después de imágenes desgarradoras que circularon en línea de agentes fronterizos montados azotando y acorralando a los migrantes, cuando estos intentaban cruzar el río Bravo (río Grande) a lo largo de la frontera de EE.UU. y México —imágenes que rememoran algunos de los periodos más racistas de la historia estadounidense—.

El presidente Joe Biden reaccionó a la indignación generalizada producida por la brutal represión de los migrantes con un enojo fingido hacia los agentes fronterizos, llamando su comportamiento “horrible” y pronunciando una serie de perogrulladas para ocultar la aprobación del Gobierno de una represión ilegal y feroz en la frontera. A pesar de las advertencias de Biden de que habrá “consecuencias” y que “los responsables pagarán”, los agentes responsables por el ataque no han sido despedidos ni se han enfrentado a ninguna repercusión. Todos fueron reasignados a deberes administrativos.

El impulso de la Casa Blanca de Biden para deportar a miles a un país sumido en extrema pobreza, violencia generalizada de pandillas, junto a instituciones políticas y sociales en ruinas después del asesinato del presidente y un catastrófico terremoto, constituye un crimen masivo.

También desmiente las ilusiones promovidas por la pseudoizquierda y los promotores de la política de identidades de que elegir a Biden resultaría en un giro “progresista” respecto a los ataques fascistizantes y xenofóbicos librados por Trump contra los inmigrantes durante su Presidencia.

Los migrantes haitianos habían cruzado el río Bravo desde México proviniendo de varios países latinoamericanos donde muchos habían buscado refugiado después del devastador terremoto haitiano del 2010, que destruyó la mayor parte de la infraestructura del país y exacerbó profundamente las condiciones de pobreza masiva, hambre y represión política.

La mayoría se vio obligado a huir de sus hogares en Sudamérica y dirigirse a EE.UU. este año después de que el desempleo se disparara debido a la pandemia de COVID-19, con muchos que esperaban que la Casa Blanca de Biden les ofreciera a los solicitantes de asilo una entrada segura en EE.UU.

Numerosos testimonios de migrantes en los últimos días dan cuenta de las desgarradoras circunstancias a las que se enfrentaron a lo largo de sus viajes por Sudamérica y Centroamérica. En una entrevista con BBC News, Fiterson Janvier describió cómo dejó Haití en 2014 y pasó varios años en Brasil, donde él y su familia soportaron condiciones de pobreza y desesperación social antes de decidir viajar a Estados Unidos. Janvier relató un viaje inmensamente difícil, pasando finalmente por 11 países diferentes mientras se desplazaba tanto a pie como en autobús. Pasó siete días atravesando las densas selvas de Colombia y Panamá, donde vio los cadáveres de otros migrantes haitianos y cubanos que fueron víctimas de la peligrosa travesía.

Muchos migrantes como Janvier han sido despojados del escaso dinero que tenían a mano por violentas organizaciones de narcotraficantes y bandas de contrabandistas de personas. Según él, las mujeres migrantes también se enfrentan constantemente a la amenaza de ser violadas, y su mujer y su hijo de tres años han conseguido esconderse de las bandas por los pelos. Los grupos de defensa de los derechos de los migrantes estiman que el 80% de los migrantes en México fueron victimizados, extorsionados o maltratados en su viaje por el continente americano.

Janvier dijo que su madre fue una de las 2.200 personas que murieron en el segundo terremoto que sacudió el país a principios de este verano. El terremoto se produjo tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio, que fue sustituido por un régimen aún más corrupto que se aferra a duras penas al poder y en el que hay destacados funcionarios que están implicados en el asesinato del presidente. Esto se combina con las bandas armadas que controlan gran parte del territorio del país, la hambruna masiva, los escasos o nulos recursos básicos y una pandemia de COVID-19 para la que los deteriorados hospitales y barrios de chabolas del país no están en absoluto preparados para afrontar.

Para muchos migrantes, su principal temor no ha sido morir a manos de las bandas o bajo el calor sofocante de la región fronteriza entre Estados Unidos y México, sino volver a los empobrecidos y amenazantes barrios marginales de Haití. “Haití es como un infierno para mí ahora”, señaló Janvier. “Allí no hay nada para mí. Si me van a enviar de vuelta, mejor que me maten”.

Kelly Overton, directora ejecutiva de la organización benéfica Border Kindness, señaló que las deportaciones son casi como una sentencia de muerte. “Parece haber un nivel de desesperación” por parte de las familias haitianas, dijo Overton a la BBC. “Dicen que no hay opción de volver, no hay ningún lugar seguro al cual regresar, ninguna posibilidad de una vida que valga la pena”.

De hecho, en los últimos días se ha visto una oposición y resistencia masiva de los haitianos en Haití y otros dentro de Estados Unidos contra las deportaciones, provocada por el conocimiento de las condiciones que les esperan y la indignación por el carácter antidemocrático de las expulsiones.

Los migrantes que llegaron al aeropuerto de Puerto Príncipe, la capital de Haití, estallaron de ira cuando descubrieron que estaban de vuelta en el mismo país asolado por la pobreza del que habían huido. Los repatriados reaccionaron con furia al bajar de su vuelo, y algunos se precipitaron hacia el avión e intentaron volver a subir a bordo. Los vídeos difundidos en las redes sociales mostraban a los deportados en el aeropuerto revisando el suelo en busca de sus pertenencias sin etiquetar que habían sido desparramadas por los agentes de ICE.

Los grupos de derechos civiles también han puesto de manifiesto el cruel maltrato a los niños deportados. Decenas de niños con pasaportes no haitianos han sido enviados a Haití como parte de la operación de deportación, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Aunque sus padres sean de nacionalidad haitiana, al menos 30 niños tienen pasaportes chilenos, nueve tienen pasaportes brasileños y dos tienen pasaportes venezolanos, según Giuseppe Loprete, jefe de la misión de la OIM en Haití.

El martes, unos 200 estadounidenses de origen haitiano cerraron una de las principales vías de Miami y se manifestaron frente a una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Los manifestantes portaban pancartas en las que se leía “Fin al racismo en la frontera” y “Traten a todas las personas por igual”, mientras coreaban “Déjenlos respirar”, relacionando las horribles condiciones a las que se enfrentan los inmigrantes con las famosas palabras finales de George Floyd antes de morir a manos de un agente de policía de Minneapolis el año pasado.

Marleine Bastien, directora ejecutiva del Family Action Network Movement (Movimiento de la Red de Acción Familiar), con sede en Miami, declaró al Washington Post: “Esto es cruel. Estoy recibiendo muchas llamadas de gente preguntando por qué. ¿Qué les han hecho los haitianos a Estados Unidos? Todo lo que hemos hecho es intentar ayudar a Estados Unidos, ¿y nos tratan así?”.

La lucha por la defensa de los derechos democráticos de los migrantes haitianos y de todos los inmigrantes que han sido víctimas del imperialismo no puede confiarse a ningún sector de la clase política, que defiende los intereses de lucro del sistema capitalista por encima de todo. Esto aplica en particular al Partido Demócrata, cuya interminable promoción de la política racial sirve para dividir a la clase trabajadora entre sí mientras la violencia y la brutalidad contra los inmigrantes no cesan.

La lucha contra la xenofobia y la represión debe ser asumida por la clase obrera a una escala global, comprometida con una lucha internacional contra el capitalismo y su reemplazo con una sociedad socialista que tumbe todas las fronteras nacionales y defienda el derecho de los trabajadores a vivir y trabajar donde les plaza con plenos derechos de ciudadanía.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de septiembre de 2021)