El jueves por la noche, inició una serie de audiencias públicas del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el golpe de Estado del 6 de enero de 2021.

En su declaración de apertura de las audiencias, el congresista Bennie Thompson (demócrata de Mississippi) declaró sin rodeos: “El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado, un intento descarado... de derrocar al Gobierno”. La “conspiración para sabotear la voluntad del pueblo”, continuó Thompson, “no ha terminado... Dos siglos y medio de democracia constitucional están en peligro”.

Una declaración así en una audiencia del Congreso es testimonio de que la democracia burguesa estadounidense está a las puertas de la muerte.

En su declaración de apertura, la vicepresidenta del comité, la republicana Liz Cheney, repasó cronológicamente los eventos que llevaron al 6 de enero. Esto incluyó las repetidas e infundadas declaraciones de Trump de que la elección había sido robada, sus esfuerzos por presionar a los funcionarios electorales para crear listas falsas de electores, y su demanda de que el vicepresidente Mike Pence devolviera la certificación de los electores a los estados, donde decidirían que Trump ganó la elección.

Sin duda, en las próximas semanas saldrá más información a medida que continúen las audiencias. Sin embargo, hay que señalar algunos puntos.

En primer lugar, si bien la audiencia contribuyó a la abrumadora evidencia de que Trump intentó llevar a cabo un golpe de Estado, instalarse como dictador y derrocar la Constitución, los principales elementos de la narrativa presentada el jueves por la noche se conocían incluso antes del 6 de enero.

Las preguntas que inevitablemente siguen son: ¿Por qué ha tardado 18 meses en celebrarse la audiencia? ¿Y por qué, si Trump participó en “un intento de golpe de Estado”, no ha sido detenido?

En segundo lugar, las audiencias están diseñadas para colocar casi toda la responsabilidad en el propio Trump, junto con los soldados rasos fascistas de las milicias Proud Boys y Oath Keepers. Esto encubre el apoyo al golpe dentro del aparato estatal y los sectores dominantes del Partido Republicano. Esto fue particularmente evidente en los comentarios de la hija del exvicepresidente Dick Cheney, Liz Cheney, a quien se le dio el papel dominante en la audiencia. Cheney presentó el golpe como producto de la ambición de Trump por mantenerse en el poder, que supuestamente se llevó a cabo en oposición a casi todos sus asesores.

Según este relato de los acontecimientos que condujeron al 6 de enero, se omitió toda referencia a la virtual paralización de la Policía del Capitolio, a la participación de facciones del aparato militar y de inteligencia, al papel de toda la cúpula del Partido Republicano en la legitimación de las mentiras de Trump y al hecho de que dos tercios de los republicanos de la Cámara de Representantes votaron en contra de certificar los resultados del Colegio Electoral, incluso después de que el Capitolio hubiera sido desalojado y se hubiera reanudado la sesión conjunta del Congreso.

En tercer lugar, la audiencia fue precedida por dos actos del Departamento de Justicia de Biden destinados a fijar el tono de las audiencias: la imputación de varios miembros de los Proud Boys por “conspiración sediciosa” y la decisión de no imputar a los principales asesores de Trump, Mark Meadows y Dan Scavino.

Gran parte del primer día de las audiencias se centró en el papel de los Proud Boys y de los Oath Keepers, a pesar de que no son más que actores secundarios en una conspiración mucho mayor. El objetivo es distraer del papel de las facciones dominantes del Partido Republicano, a las que Biden y los líderes demócratas del Congreso no se cansan de referirse como sus “colegas”.

La decisión de no presentar cargos contra Meadows y Scavino, que claramente desempeñaron un papel central en el golpe, forma parte de los esfuerzos del Gobierno de Biden por impedir cualquier examen más amplio del papel del Partido Republicano en la ayuda e incitación al golpe.

En cuarto lugar, llama la atención el hecho de que el Partido Demócrata parecía no estar preparado para el intento de golpe. El edificio del Capitolio quedó casi totalmente indefenso ante la irrupción de los Proud Boys, Oath Keepers y otras fuerzas movilizadas por Trump.

Los acontecimientos del 6 de enero, sin embargo, no solo eran previsibles, sino que estaban previstos. Más de un mes antes de las elecciones, en un artículo de perspectiva publicado el 1 de octubre de 2020, el WSWS escribió que “la Casa Blanca es el centro neurálgico político de una conspiración muy avanzada para establecer una dictadura presidencial y suprimir los derechos democráticos constitucionalmente garantizados”.

El 24 de septiembre de 2020, el WSWS escribió: “La campaña presidencial estadounidense está siendo transformada en un golpe de Estado por parte de Donald Trump, quien ha declarado que no aceptará cualquier resultado desfavorable en las elecciones”.

La declaración añade: “Trump no está disputando una campaña electoral. Está poniendo en marcha un complot para establecer una dictadura presidencial”.

El WSWS continuó con estas advertencias hasta la misma víspera de las elecciones. Doce horas antes de la insurrección del 6 de enero, el WSWS advirtió del “impulso activo y continuo del presidente Donald Trump para llevar a cabo un golpe de Estado, anular los resultados de la elección y establecer una dictadura presidencial”.

La respuesta del Partido Demócrata, antes, durante y después del golpe, ha estado marcada por el hecho de que le aterra mucho más exponer las conspiraciones para derrocar la Constitución que las propias conspiraciones. Su miedo permanente es que cualquier exposición de la podredumbre de la democracia estadounidense fomente la oposición desde abajo.

El estribillo constante de Biden, Pelosi y otros líderes demócratas tras el intento de golpe de Estado del 6 de enero fue la declaración: “Necesitamos un Partido Republicano fuerte”. Biden y los demócratas necesitaban un Partido Republicano “fuerte” para llevar a cabo las políticas de la Casa Blanca: el desmantelamiento sistemático de cualquier medida restante para detener la propagación del COVID y la preparación para el “conflicto de grandes potencias” que ahora ha estallado en una guerra de Estados Unidos con Rusia por el control de Ucrania.

A pesar de la abrumadora evidencia de que Trump buscó anular la Constitución, Biden nunca ha pedido que sea imputado. Más bien ha declarado que sería “muy afortunado” si disputara la elección de 2024 con Trump. Mientras tanto, Trump declaró esta semana que el 6 de enero representa “el mayor movimiento en la historia de nuestro país para hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, y que los republicanos son capaces de tomar el control del Congreso en las elecciones legislativas de este año.

Por último, existe un esfuerzo deliberado en todo lo escrito y dicho por el establishment político y los medios de comunicación para evitar cualquier examen del contexto social, político e histórico real del golpe y la transformación fascistizante del Partido Republicano.

El 6 de enero se presenta como una “aberración”, y Trump como una especie de horrible intruso en el Jardín del Edén de la democracia estadounidense. En realidad, el golpe del 6 de enero es la culminación de una prolongada crisis de las formas democráticas de gobierno en Estados Unidos, enraizada en las guerras interminables y el crecimiento extremo de la desigualdad social.

La defensa de los derechos democráticos en Estados Unidos no puede dejarse en manos de los demócratas ni la esclerótica élite política estadounidense. Requiere la movilización de la clase trabajadora basada en la oposición al sistema capitalista, que da origen a la desigualdad social y la dictadura.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de junio de 2022)