El voto en la Cámara de Representantes de EE.UU. el miércoles por la mañana a favor de prohibir una huelga nacional ferroviaria e imponer un acuerdo respaldado por la Casa Blanca a 120.000 trabajadores ferroviarios es un evento político histórico. El Partido Demócrata, que controla la cámara e impulsó el voto, ha demostrado abiertamente su papel de clase como un instrumento de la patronal estadounidense en contra de la clase trabajadora.

El Gobierno de Biden se horrorizó al ver a los trabajadores votando en contra de un acuerdo elaborado en colaboración con Wall Street, las empresas ferroviarias y sus servidores sindicales. Ahora este Gobierno, el cual sermonea incansablemente sobre la “libertad” y la “democracia” en todo el mundo, está procediendo a suprimir despiadadamente los derechos democráticos de los trabajadores ferroviarios. Según la Casa Blanca y el Congreso, los trabajadores no tienen derecho a votar sobre los términos de su trabajo ni a hacer huelga si los patrones se rehúsan a hacer una oferta aceptable.

El mantra de los políticos demócratas y republicanos y la prensa capitalista es que se debe prevenir una huelga ferroviaria porque afectará “la economía”. Nunca se hizo tal argumento para detener la manipulación de precios de las empresas petroleras, los cierres de fábricas ni los recortes de salarios y prestaciones por parte de los patrones, a pesar de que estas acciones ciertamente golpearon los intereses económicos del pueblo trabajador.

Pero cuando hablan de “economía”, los representantes de la patronal se refieren a las “ganancias”. Wall Street indicó su aprobación dando un brinco después del voto de la Cámara de Representantes.

Los patrones de las empresas ferroviarias dicen que no pueden costear lo que piden los trabajadores, incluso las necesidades básicas como una licencia remunerada por enfermedad que el 78 por ciento de todos los trabajadores estadounidenses tiene, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Es absurdo que aleguen pobreza siendo la industria más lucrativa de Estados Unidos y estando controlada por los bancos y milmillonarios como Warren Buffett. Los patrones pueden pagar pero no quieren hacerlo.

Y es que no solo se trata de los intereses inmediatos de las empresas ferroviarias, sino de la estrategia de toda la burguesía estadounidense. Esta estrategia se ha basado en seguir aumentando los precios de activos como las acciones, los bonos y otras tenencias en papel mientras sofocan cualquier movimiento de la clase trabajadora que luche por aumentos salariales.

La política monetaria de la Reserva Federal, el banco central estadounidense, demuestra claramente esta estrategia de clase. La “Fed” ha aumentado sistemáticamente los tipos de interés este año, indicando que su principal preocupación es la estrechez del mercado laboral, que ordinariamente conlleva aumentos salariales. La “Fed” está utilizando los mayores tipos de interés para instigar una recesión, aumentar el desempleo y así contrarrestar cualquier movimiento de luchas salariales de la clase trabajadora.

Un avance de un sector importante de la clase trabajadora, como los ferroviarios, amenazaría con provocar una ofensiva mucho más amplia de la clase trabajadora, cuya mayor militancia ha quedado plasmada en los rechazos de varios contratos y en las huelgas de grupos de trabajadores académicos, sanitarios, transportistas e industriales.

Esta necesidad de clase explica la impresionante prisa con la que fue aprobada esta legislación antiobrera. Fue propuesta públicamente por Biden el lunes por la noche, aprobada por la Cámara de Representantes el miércoles por la noche y discutida por los senadores demócratas durante un almuerzo el jueves. La prohibición de la huelga ferroviaria probablemente sea promulgada antes del fin de semana.

Solo dos otros proyectos de ley han sido aprobados tan rápido en los últimos años: el rescate de los bancos y las corporaciones en marzo de 2020, a inicios de la pandemia de coronavirus, que vio la colaboración de los demócratas y los republicanos y fue promulgado por Donald Trump; y la ayuda militar y financiera para Ucrania, aprobada apresuradamente este año para apuntalar la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia.

El Congreso es una barrera impenetrable cuando se trata de legislación que apoye de alguna manera los derechos democráticos y satisfaga las necesidades sociales del pueblo trabajador estadounidense. Pero cuando se trata de los intereses fundamentales de la élite gobernante estadounidense en casa o en el exterior, este Congreso supuestamente estancado demuestra ser un instrumento ágil y despiadado de dominio de clase.

Durante y después de la campaña electoral de 2020, Biden se proclamó el presidente más “prosindical” en la historia. Lo que quería decir es que se apoyará en el aparato de la confederación sindical AFL-CIO para controlar y disciplinar a la clase trabajadora y obligarla a aceptar los dictados de la patronal. Pero Biden, así como como la élite empresarial a la que sirve, ha concluido que la burocracia sindical ferroviaria no podrá sofocar sola el movimiento de las bases. Por ende, necesita recurrir a un uso irrestricto del poder estatal contra los trabajadores ferroviarios.

Todos los líderes de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata —el trío de octogenarios en plan de retiro que incluye a Nancy Pelosi, Steny Hoyer y James Clyburn, así como sus tres sucesores elegidos, Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar— respaldaron el proyecto de ley.

La gran mayoría del ala “izquierda” del Partido Demócrata también votó a favor de la legislación antihuelga, incluyendo a Pramila Jayapal, presidenta de la Bancada Progresista de la Cámara de Representantes; Ro Khanna, expresidente de la campaña presidencial de Bernie Sanders; y Alexandria Ocasio-Cortez, la celebridad mediática y miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés). Ninguno de ellos habló en el debate, presumiblemente con la esperanza de pasar por desapercibidos y preservar sus credenciales progresistas para seguir estafando a la clase trabajadora.

Aunque el proyecto de ley fue aprobado en la cámara baja por 290 a 137, prácticamente todos los miembros, demócratas y republicanos, apoyaron la imposición de los términos establecidos por la Junta Presidencial de Emergencia (JPE) de Biden y la prohibición de la huelga. Los republicanos, sin embargo, se alzaron contra un segundo proyecto de ley, ofrecido por los líderes demócratas para proporcionar una hoja de parra al proyecto de ley de prohibición de la huelga, añadiendo siete días de baja por enfermedad remunerados a los términos fijados por la JPE. El debate sobre la prohibición de la huelga giró enteramente en torno al plan de baja por enfermedad, que los republicanos calificaron de “píldora venenosa”. La mayoría de ellos se opuso al proyecto de ley de prohibición de la huelga como muestra de oposición al plan de bajas por enfermedad.

Los oradores de ambos partidos alabaron las condiciones establecidas por la JPE, utilizando un lenguaje que iba más allá incluso de las mentiras de los funcionarios sindicales en su campaña de ratificación. Un congresista republicano dijo que el plan de la JPE ofrecía disposiciones “muy generosas” en materia del seguro médico y salarios y que “iba a establecer un nivel de compensación en salario y prestaciones promedio de más de 160.000 dólares al año”. Otro dijo que al final del acuerdo de cuatro años, “los salarios promedios de los ferrocarrileros alcanzarán los 110.000 dólares al año, con una compensación total de 160.000 dólares en promedio”. Concluyó: “Es impensable que los cuatro sindicatos ferroviarios tengan a la nación como rehén desde el punto de vista económico”.

En décadas pasadas, la represión de los trabajadores ferroviarios ha seguido los términos establecidos en la antidemocrática Ley del Trabajo Ferroviario de 1926, que efectivamente despojó a los trabajadores de esa industria del derecho a la huelga, una prohibición que más tarde se extendió a las aerolíneas. Los trabajadores están atados a sus puestos de trabajo a través de un elaborado proceso de negociación, mediación e intervención federal, que desemboca o bien en un acuerdo con los términos de la industria, aplicado por los sindicatos propatronales, o bien en un acuerdo dictado desde Washington por una JPE o el Congreso, y aceptado por los sindicatos como un hecho inalterable.

Este ritual reaccionario ha sido interrumpido por el crecimiento de la militancia de las bases y, especialmente, por la aparición de una nueva forma de organización de la clase obrera, el Comité de Base de los Trabajadores Ferroviarios, establecido con la ayuda del World Socialist Web Site y el Partido Socialista por la Igualdad. Este comité ha desempeñado el papel principal de la movilización y organización de la oposición a los contratos y en la unión de los trabajadores ferroviarios de todos los oficios y empresas. Cientos de trabajadores han asistido a sus reuniones en línea y muchos se han unido a las protestas públicas contra el acuerdo de la JPE, incluyendo piquetes en las instalaciones ferroviarias.

El voto de la Cámara de Representantes demuestra que los trabajadores ferroviarios se hallan ante una lucha, no solo contra las enormes corporaciones ferroviarias y la osificada burocracia de 12 sindicatos ferroviarios, sino contra el Gobierno capitalista de Estados Unidos. Esto significa que están inmersos en una lucha política, en la que la tarea central es romper con la camisa de fuerza política del sistema bipartidista controlado por las corporaciones.

Estos enemigos son inflexibles en su feroz hostilidad hacia los trabajadores ferroviarios, pero operan desde una posición de debilidad mientras que los trabajadores ferroviarios ocupan una posición de enorme fuerza. Esto no solo es gracias a su posición crítica en la economía estadounidense y mundial, sino al tremendo apoyo y simpatía que despertarán de otros trabajadores desde el primer momento en que tomen el camino de una lucha independiente por sus propios intereses de clase. Una huelga ferroviaria en Estados Unidos se convertiría en un faro para los trabajadores de todo el mundo.

La cuestión central es que los trabajadores ferroviarios comprendan las realidades del enfrentamiento en marcha. La patronal ferroviaria y la Administración de Biden son débiles, pero conscientes de su debilidad. Esa es su ventaja.

Los trabajadores ferroviarios no comprenden suficientemente la fuerza de su propia posición, y esa es su desventaja, reforzada por el sabotaje deliberado de las viejas y anticuadas organizaciones sindicales. Esta lucha debe avanzarse mediante el desarrollo de nuevas formas de organización, comités de base en cada taller y terminal ferroviaria, y mediante el desarrollo de una nueva dirección política entre los trabajadores ferroviarios, basada en un programa socialista.

(Publicado originalmente en inglés el 30 de noviembre de 2022)