El martes, por primera vez en la historia, un expresidente comparecerá ante un juez por infringir leyes penales federales. La decisión de inculpar a Donald Trump refleja las profundas divisiones dentro de la clase gobernante y acelera una crisis que sacudirá los cimientos del establishment político estadounidense en las próximas semanas y meses.

No hacen falta razones políticas ni constitucionales para imputar a Trump. En sus cuatro años como presidente, aplastó los derechos democráticos más fundamentales de la población. Encabezó un intento de anular la Constitución y establecer una dictadura el 6 de enero de 2021. Emprendió una iniciativa hitleriana para separar a los niños inmigrantes de sus padres. Animó a sus partidarios fascistas a que “se mantuvieran atentos” antes de las elecciones presidenciales de 2020 para intimidar a votantes. Perdonó a varios criminales de guerra, declaró que “la tortura funciona” y amenazó con bombardear los sitios culturales iraníes en violación del derecho internacional y los Principios de Núremberg.

Sin embargo, la acusación dirigida por el Partido Demócrata contra Donald Trump no aborda ninguno de estos delitos. Mientras que Trump y sus principales cómplices nunca han sido castigados por sus ataques contra los derechos de la población, la acusación del Departamento de Justicia contra Trump se centra únicamente en sus transgresiones contra el aparato de seguridad nacional.

Se enfoca en la retención por parte de Trump de secretos de Estado relacionados con los planes de guerra del imperialismo estadounidense. Entre los documentos que Trump conservó después de dejar el cargo, según la acusación, se encuentran los que detallan las capacidades nucleares de EE.UU. y sus enemigos, así como los planes para atacar varios países y de contingencias para la guerra. El Estado clasifica esos documentos como “ top secret ” porque no puede permitir que la población los conozca.

Para salvaguardar sus planes de guerra secretos, la autoridad legal de la acusación de la Administración de Biden depende casi por completo en la Ley de Espionaje de 1917.

El enjuiciamiento de Trump con base en la Ley de Espionaje no tendrá ningún resultado progresista. Por más de un siglo, esta ley ha sido la herramienta legal más filosa de la reacción estatal, que la ha utilizado para aplastar la oposición a las guerras imperialistas.

La Ley de Espionaje, basada explícitamente en la Ley de Extranjería y Sedición de 1798, se originó en la sangrienta adolescencia del imperialismo estadounidense, como respuesta al estallido de la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa.

El presidente Woodrow Wilson exigió por primera vez la aprobación de dicha ley en su discurso sobre el Estado de la Unión del 7 de diciembre de 1915, cuando Estados Unidos permanecía formalmente neutral ante la vorágine imperialista a la que se estaba viendo arrastrado.

Denunciando a aquellos “que han vertido el veneno de la deslealtad en las arterias mismas de nuestra vida nacional”, Wilson exigió al Congreso “promulgar tales leyes lo antes posible” para “nada menos que salvar el honor y el respeto propio de la nación”. Refiriéndose al incremento de las huelgas y de la popularidad del socialismo, especialmente entre los trabajadores inmigrantes, dijo: “Tales criaturas de la pasión, la deslealtad y la anarquía deben ser aplastadas. ... La mano de nuestro poder debe cerrarse sobre ellos de inmediato”.

El discurso de Wilson marcó el tono de los debates en torno a las dos medidas más importantes e interrelacionadas del Congreso en 1917: la declaración de guerra contra Alemania y la Ley de Espionaje.

En su discurso formal al Congreso pidiendo la declaración de guerra, Wilson atribuyó el malestar interno a intrigas alemanas: “Desde el comienzo mismo de la guerra en marcha, ha llenado nuestras desprevenidas comunidades e incluso nuestras oficinas gubernamentales de espías, y ha puesto en marcha intrigas criminales por doquier contra nuestra unidad nacional de gobierno, nuestra paz interior y exterior, nuestras industrias y nuestro comercio”. Volvió a exigir la rápida aprobación de un proyecto de ley para salvaguardar los planes de guerra del Estado y aplastar toda disidencia. Este proyecto de ley se presentó a principios de abril, se aprobó en la Cámara de Representantes por 261-109 votos el 4 de mayo, se aprobó en el Senado por 80-8 votos el 14 de mayo, y fue promulgada por Wilson el 15 de junio.

Los debates y la aprobación de la Ley de Espionaje coincidieron con rápidos cambios revolucionarios en Rusia.

En febrero, la agitación revolucionaria de los obreros y campesinos rusos forzó el colapso de la dinastía Romanov, y en su lugar se estableció un Gobierno Provisional burgués. En abril, simultáneamente a la introducción de la Ley de Espionaje en la Cámara de Representantes, Lenin regresó a Rusia. A mediados de abril, la oposición a la guerra entre los trabajadores rusos estalló cuando se filtró al público una carta secreta escrita a los aliados por parte del canciller del Gobierno Provisional, Pavel Miliukov, en la que se comprometía a seguir apoyando la guerra.

Washington siguió estos acontecimientos con la más intensa preocupación y atención y promulgó la Ley de Espionaje para proteger el Estado de la amenaza de una revolución y eliminar los obstáculos para librar la guerra imperialista.

Desde que se promulgó, la Ley de Espionaje ha servido de base estatutaria para el enorme aparato de seguridad nacional que ambos partidos han construido a lo largo del último siglo. En su libro Secrecy, el exsenador Daniel Patrick Moynihan escribió que con la aprobación de la ley “comenzó la era moderna”. Continuó:

Tres nuevas instituciones fueron introducidas en la vida americana: Conspiración, Lealtad, Secretismo. Cada una tenía antecedentes, pero había una diferencia. Cada una se había institucionalizado; se establecieron burocracias para atender cada una. Con el tiempo habría una Oficina Federal de Investigación [FBI] para vigilar las conspiraciones en el país, una Agencia Central de Inteligencia [CIA] para vigilar el extranjero, un estatuto de espionaje y juntas de lealtad para erradicar la deslealtad o la subversión. Y todo ello se mantendría, y se velaría por la seguridad nacional, mediante elaborados regímenes de secretismo.

A lo largo del siglo veinte, la Ley de Espionaje ha sido utilizada por Administraciones republicanas y demócratas para llevar a cabo algunos de sus crímenes más atroces.

Uno de los primeros blancos de la Administración de Wilson fue Eugene V. Debs, el líder revolucionario del Partido Socialista. Debs fue arrestado y condenado por violar la Ley de Espionaje tras pronunciar un discurso antiimperialista en Canton, Ohio, en el que atacaba la guerra y a la clase capitalista. “Cada uno de estos aristócratas conspiradores y asesinos en potencia afirma ser un archipatriota”, declaró Debs. “Cada uno de ellos insiste en que la guerra se libre para que el mundo sea seguro para la democracia. ¡Qué patraña! ¡Qué podredumbre! ¡Qué falsa pretensión!”. Debs hizo campaña a las elecciones presidenciales de 1920 desde la cárcel y obtuvo casi un millón de votos.

Otros fueron encarcelados por pronunciarse en contra de la Primera Guerra Mundial, entre ellos Emma Goldman, Kate Richards O'Hare, Charles Schenk y Jacob Abrams. Miles de inmigrantes fueron detenidos y deportados por sus opiniones políticas en una serie de redadas que el fiscal general de Wilson, A. Mitchell Palmer, justificó en parte amparándose en la Ley de Espionaje.

Durante la Segunda Guerra Mundial, después de que el fiscal general de Franklin Delano Roosevelt, Francis Biddle, condenara a 18 miembros del Socialist Workers Party (SWP) en virtud de la Ley Smith por oponerse a la guerra, Biddle utilizó la Ley de Espionaje para impedir que el SWP distribuyera su publicación, The Militant, por correo.

En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la Ley de Espionaje sirvió como la espina dorsal pseudolegal para la caza de brujas anticomunista de la década de 1950, incluido el caso más notorio, el asesinato de Ethel y Julius Rosenberg el 19 de junio de 1953, acusados falsamente de conspirar para realizar espionaje atómico al servicio de la Unión Soviética. El Gobierno decidió acusar a los Rosenberg en virtud de la Ley de Espionaje y no de la Ley de Secretos Atómicos porque la primera conllevaba la pena de muerte y la segunda no.

En 1971, la Administración de Nixon acusó a Daniel Ellsberg de violar la Ley de Espionaje después de que el antiguo empleado de RAND facilitara al New York Times y al Washington Post los “Papeles del Pentágono”, que detallaban los planes de guerra y los crímenes del imperialismo estadounidense en el sudeste asiático.

Aunque las Administraciones del siglo veinte se mostraron reacias a utilizar la Ley de Espionaje con demasiada frecuencia, Barack Obama abandonó toda moderación, y su Departamento de Justicia procesó a más personas en virtud de la Ley de Espionaje que todos los presidentes anteriores juntos.

Los procesamientos de la Administración de Obama se centraron únicamente en detener las filtraciones de documentos militares a la prensa. Entre los procesados por Obama se encuentran Jeffrey Alexander Sterling, exagente de la CIA que reveló al periodista James Risen del New York Times los detalles del espionaje encubierto de la CIA a Irán; Thomas Drake, exfuncionario de la Agencia de Seguridad Nacional que intentó dar la voz de alarma sobre el espionaje de la NSA al Baltimore Sun; Chelsea Manning, quien proporcionó información sobre crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán a WikiLeaks; John Kiriakou, quien filtró información sobre la tortura ilegal de detenidos; Edward Snowden, quien facilitó a los periodistas una gran cantidad de documentos que demostraban que la NSA estaba llevando a cabo una vigilancia ilegal masiva contra la población mundial; y Daniel Hale, quien filtró documentos militares internos sobre el programa de asesinatos con drones del Pentágono.

La decisión de procesar a Trump en virtud de la Ley de Espionaje se produce mientras el Gobierno de Biden sigue intentando extraditar al editor de WikiLeaks, Julian Assange, de la prisión londinense de Belmarsh, donde lleva cuatro años encerrado en una celda. Antes de su confinamiento en Belmarsh, Assange se vio obligado a refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo detenido de facto durante siete años. El “delito” de Assange es haber publicado pruebas de crímenes de guerra masivos cometidos por el imperialismo estadounidense y sus aliados. Se enfrenta a una posible condena de 170 años de prisión por cargos de la Ley de Espionaje.

Trump no es una víctima del Estado. Es el excomandante en jefe del ejército estadounidense y un conspirador fascistizante. Pero el enjuiciamiento de Donald Trump en virtud de la Ley de Espionaje no puede producir ninguna salida progresista. Esta es la razón por la que el Partido Demócrata seleccionó la Ley de Espionaje como su vehículo legal para intentar expulsar a Trump del escenario político. Además, es consistente con su estrategia general para oponerse a Trump desde que llegó al poder en 2017, basándose en consideraciones derechistas sobre política exterior.

Trump es el principal candidato republicano para presidente y la posibilidad de que regrese al cargo es muy real y peligrosa. Pero la clase gobernante sabe que la guerra contra Rusia que EE.UU. y la OTAN están intensificando provocará una oposición profunda y están preparando los mecanismos para reprimir e ilegalizar la oposición a la guerra y para aplastar cualquier huelga que amenace la producción. No cabe duda de que la Ley de Espionaje se utilizará para este propósito.

A fin de generar apoyo para la guerra, la clase gobernante está intentando movilizar una capa extremadamente reaccionaria de la clase media-alta. El método de la clase obrera para oponerse a Trump es completamente diferente al método de los escándalos sexuales y la histeria antirrusa. Hay luchas sociales inmensas en el horizonte, en la medida en que los trabajadores se enfrentan a los costes sociales y económicos de intensificar la guerra. Armados con una perspectiva política independiente de los demócratas y republicanos, la clase trabajadora tiene el poder para prevenir tanto una dictadura fascista como la guerra imperialista.

(Publicado originalmente en inglés el 12 de junio de 2023)