La decisión de la agencia electoral del estado de Maine de impedir que Donald Trump aparezca en la papeleta electoral presidencial es parte de una crisis política en desarrollo sin precedentes en Estados Unidos. Maine se ha convertido en el segundo estado del país en inhabilitar el regreso de Trump a la Casa Blanca por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal, a través de la cual intentó anular el resultado de las elecciones de 2020.

La acción de Maine, que fue anunciada el jueves, sigue al fallo de la Corte Suprema del estado de Colorado el 19 de diciembre de que Trump violó su juramento al cargo cuando movilizó a simpatizantes para que atacaran el Congreso. El exmandatario intentó bloquear la certificación oficial del voto del Colegio Electoral, que el demócrata Joe Biden había ganado por 306 a 232. Biden también ganó el voto popular por más de 7 millones de votos.

La tercera sección de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos declara que cualquiera que haya juramentado defender la Constitución y la violara posteriormente será inelegible para un cargo público. El tribunal de Colorado descubrió que Trump claramente lo hizo el 6 de enero. La decisión de 34 páginas emitida por la secretaria de estado o titular electoral de Maine, Shenna Bellows, una demócrata, sigue estrechamente y cita numerosas veces el fallo de Colorado.

Bellows escribe:

Estoy consciente de que ninguna secretaria de estado había inhabilitado a un candidato presidencial de la papeleta basándose en la tercera sección de la Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, también estoy consciente de que ningún candidato presidencial había participado en una insurrección.

Están en marcha demandas legales y otros procedimientos legales y administrativos para prevenir que Trump aparezca en la papeleta en más de una docena de estados, según los informes de la prensa. Esta semana, la Comisión Electoral de Wisconsin se abstuvo de atender una demanda exigiendo sacar a Trump de la papeleta, mientras que la agencia electoral de California tomó la decisión de no inhabilitarlo. En ambos estados, los tribunales tomarán el caso.

Trump aún no ha derrotado ningún desafío sobre el fondo de las cuestiones. Estos tribunales y las autoridades electorales estatales que han rechazado los desafíos a su presencia en la papeleta—por ahora son la mayoría—lo han hecho exclusivamente por temas procesales. Principalmente han argumentado que la decisión debe ser tomada por los tribunales federales, no los estados.

Tales fallos y las decisiones contradictorias en varios estados significan que la decisión inevitablemente llegará a la Corte Suprema de EE.UU., que se encuentra dominada por jueces nominados por los republicanos, incluyendo a tres de los nueve que le deben sus cargos al propio Trump. El hecho de que el máximo tribunal deba intervenir sobre quién puede aparecer o no en la boleta presidencial delata que la crisis política ha llegado a un punto extremo.

Están colapsando los procesos políticos cotidianos del capitalismo estadounidense: la celebración de elecciones legislativas cada dos años, comicios presidenciales cada cuatro años, campañas políticas de ambos partidos capitalistas que sus aliados en los medios de comunicación declaran legítimas. Ya no pueden contener las tensiones políticas en Estados Unidos, cuyo origen no es la personalidad de Trump, sino procesos sociales e históricos mucho más profundos.

Las elecciones de 2020 vieron el colapso del “traspaso pacífico de poderes” y no solo el 6 de enero. Dos semanas después, Biden fue investido presidente mientras Washington era un campamento armado y su predecesor se escabullía por la puerta trasera de la Casa Blanca. Trump se rehusó a asistir a la ceremonia de investidura, mientras seguía promoviendo sus infundadas afirmaciones de unas “elecciones robadas”.

Las elecciones de 2024 empezarán donde terminaron las de 2020, con el cuestionamiento de la legitimidad del voto desde el principio. En muchos estados, sobre todo los ganados por Biden en 2020, se están planteando serios desafíos legales a la presencia de Trump en la papeleta electoral. Por su parte, los funcionarios republicanos de los estados ganados por Trump en 2020 ya están sugiriendo que se mantenga a Biden fuera de la papeleta electoral en sus estados si se confirman las impugnaciones contra Trump.

En el transcurso de 2020, hubo ataques armados de partidarios ultraderechistas de Trump en los capitolios de Míchigan y otros estados, ostensiblemente en oposición a las restricciones contra la pandemia de COVID-19. Estos ataques fueron alentados e incitados por el entonces presidente Trump. ¿De qué serán capaces estos fascistas en un estado que les prohíbe votar por su führer en las elecciones presidenciales? ¿Será posible siquiera celebrar elecciones presidenciales en noviembre de 2024?

La decisión de Maine subraya lo acertada que fue la advertencia del WSWS tras el fallo de Colorado:

La posible división a lo largo de las líneas estatales, sobre una cuestión tan básica como qué candidato se permitirá en la papeleta, plantea la posibilidad de que el resultado de las elecciones de 2024 sea rechazado en grandes partes del país, no solo como algo políticamente inoportuno, sino como ilegal e inconstitucional. Se plantea directamente la ruptura de Estados Unidos.

Los portavoces y apologistas de Trump han respondido a las acciones en Colorado y Maine arremetiendo contra la “interferencia electoral” y afirmando que su exclusión de la papeleta es un ataque a los derechos democráticos de los votantes estadounidenses. Esto es extremadamente cínico viniendo de un candidato y un partido que pretendían anular los votos de 81 millones de estadounidenses en 2020 y mantener a Trump en la Casa Blanca como presidente-dictador.

El Partido Demócrata tampoco tiene ninguna pretensión de defender la democracia frente a los ataques de Trump. Los demócratas demoraron el enjuiciamiento de Trump por los sucesos del 6 de enero, y Biden declaró que su objetivo político era mantener un Partido Republicano fuerte incluso cuando el éste abrazaba abiertamente a Trump y sus llamamientos cada vez más fascistas. Biden buscaba un apoyo bipartidista para su principal prioridad: la preparación e instigación de la guerra por delegación de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania.

El conflicto dentro del Estado es una lucha feroz en el seno de la burguesía, en la que no hay ninguna facción democrática. Trump y los republicanos representan una tendencia fascista, ya que Trump canaliza los desvaríos de Adolf Hitler, solo que reemplaza a los judíos con inmigrantes y musulmanes como chivos expiatorios y objetivos para sus ataques.

Los demócratas apoyan abiertamente el genocidio israelí en Gaza, que están armando, financiando y dirigiendo, y que han combinado con una caza de brujas cada vez mayor contra la masiva oposición popular que la matanza de Gaza está provocando entre estudiantes, jóvenes y trabajadores. Les gustaría mantener el conflicto dentro del Estado, confinado en algún tipo de sistema constitucional, en gran parte porque temen las consecuencias revolucionarias del colapso del sistema bipartidista.

Ambos partidos son mortalmente peligrosos para la clase obrera.

La cuestión fundamental para los trabajadores y la juventud es comprender la conexión entre la crisis interna que sacude al capitalismo estadounidense y su política exterior cada vez más imprudente y criminal. Existe una relación recíproca entre ambas.

Por un lado, la clase dominante no cesa en su empeño de utilizar la explosión del militarismo en el extranjero para desviar la atención y contener la crisis interna, que tiene sus raíces en la profunda polarización social entre una pequeña élite de parásitos superricos y la inmensa mayoría de trabajadores que luchan por sobrevivir.

Por otra parte, el crecimiento del militarismo repercute en las estructuras políticas de Estados Unidos, que son incapaces de manejar el impacto combinado de la guerra en el exterior y las crecientes tensiones sociales dentro del país. La guerra no hace sino exacerbar las tensiones sociales internas, ya que la clase dominante trata de imponer a la clase trabajadora el coste total de presupuestos militares sin precedentes, mediante el recorte de lo que queda de las prestaciones sociales. La lógica de la guerra imperialista es la represión de la oposición interna y la abolición de los derechos democráticos.

La crisis del capitalismo estadounidense se ha convertido en el factor más desestabilizador de la política mundial. Al igual que despareció hace tiempo la supremacía económica estadounidense, que en su día fue la piedra angular del auge posterior a la Segunda Guerra Mundial, la estabilidad política estadounidense, que en su día se daba por sentada como modelo para el llamado “mundo libre”, es cosa del pasado.

La cuestión crítica y urgente es la intervención independiente de la clase obrera, que debe oponerse a ambas facciones reaccionarias de la aristocracia financiera y sus partidos políticos. La clase obrera debe defender los derechos democráticos y oponerse a la guerra imperialista mediante su propia movilización industrial y política masiva e independiente, sobre la base de un programa socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de diciembre de 2023)