La tragedia el viernes en la frontera de EE.UU. y México en Eagle Pass, Texas, es una muestra de la brutalidad de la élite gobernante capitalista en su trato a los desesperados migrantes que buscan escapar de la pobreza y la opresión, principalmente en América Latina. El imperialismo estadounidense es el principal responsable de estas condiciones.

Una mujer migrante y sus dos niños fallecieron cruzando el río Bravo el viernes después de que los policías estatales y los soldados de la Guardia Nacional de Texas se rehusaron a permitir que los oficiales de la Patrulla Fronteriza llegaran al río y los rescataran. Los agentes federales estaban respondiendo a un reporte de seis migrantes en necesidad de auxilio en el agua. Los tres cuerpos fueron recuperados en el lado mexicano del río.

Las circunstancias exactas de los ahogamientos siguen bajo investigación. Los funcionarios del Departamento Militar de Texas (TMD, por sus siglas en inglés), la agencia que controla el despliegue de los policías y guardias nacionales a la frontera, alegó que no hubo ningún contacto entre los migrantes y las fuerzas estatales antes de que se ahogaran. Negaron que los funcionarios estatales bloquearon la entrada de los migrantes o que los hayan obligado a regresar al río, donde murieron.

Lo que es indiscutible es que cuando la Patrulla Fronteriza se puso en contacto con el TMD el viernes por la noche, les dijeron que el estado no permitiría a los agentes federales entrar en la zona de Shelby Park, que había sido ocupada por el TMD el miércoles. Los guardias nacionales colocaron barricadas de alambre de navajas para impedir el paso tanto a los residentes locales como a los agentes federales.

El Gobierno de Biden acudió a los tribunales, solicitando una orden que obligara al gobernador republicano Greg Abbott a retirar las fuerzas estatales de la frontera. Abbott declaró que se estaba limitando a hacer cumplir la ley. “Texas tiene la autoridad legal para controlar la entrada y salida en cualquier punto geográfico del estado”, declaró a la prensa el viernes. Esa potestad era necesaria “para mantener el control operativo”.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) de Texas dijo al Washington Post que no recibió ninguna comunicación sobre los ahogamientos el viernes. Los ahogamientos de migrantes no son “nada nuevo”, dijo al Post el teniente Chris Olivarez, portavoz del DPS. Esta insensibilidad resume la perspectiva de tanto el Gobierno estatal como el federal, y de ambos partidos capitalistas, los demócratas y los republicanos.

Mientras varios funcionarios del Partido Demócrata derraman lágrimas de cocodrilo por las acciones de Abbott en la frontera –el Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo, calificó las acciones de Abbott de crueles, peligrosas e inhumanas—, la hipocresía es inmensa. El Gobierno de Biden ha respaldado y permitido la matanza israelí de miles de niños palestinos, con el apoyo entusiasta tanto de demócratas como de republicanos en el Congreso.

Hay importantes cuestiones jurídicas y constitucionales en juego en el enfrentamiento entre Biden y Abbott. Abbott acaba de promulgar una ley de gran alcance, la SB 4, aprobada a instancias suyas, que crea un nuevo delito estatal de “entrada ilegal” punible con la expulsión obligatoria del país (es decir, la deportación en todo menos en nombre). Los inmigrantes que se nieguen a abandonar el país se enfrentarían a penas de hasta 20 años de cárcel.

El Gobierno de Biden presentó una demanda ante un tribunal federal alegando que la ley viola la Constitución, según la cual el control de las fronteras nacionales es un poder reservado al Gobierno federal. Los estados no tienen autoridad para arrestar a las personas que cruzan la frontera ni para inspeccionar la carga o recaudar derechos de aduana.

Abbott se ha convertido en el referente de los políticos republicanos fascistizantes de todo el país, que han aclamado su desafío al Gobierno de Biden y sus despiadados ataques a los inmigrantes. La semana pasada, una delegación de 60 congresistas republicanos, encabezada por el presidente de la Cámara de Republicanos, Mike Johnson, visitó la frontera en Eagle Pass para apuntalar sus afirmaciones de que la Administración de Biden está fomentando deliberadamente una avalancha de inmigración ilegal. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes dijo el miércoles que iniciaría un juicio político para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el hombre clave de la Administración de Biden en este asunto.

El senador Roger Marshall, de Kansas, afirmó que la ley de Texas representa un intento de hacer cumplir el Artículo I, Sección 10, Párrafo 3 de la Constitución de EE.UU., que dice:

Ningún estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, imponer derechos de tonelaje, mantener tropas o buques de guerra en tiempo de paz, celebrar acuerdos o pactos con otro estado o con una potencia extranjera, ni entrar en guerra, a menos que sea realmente invadido o se encuentre en un peligro tan inminente que no admita demora”.

Este pasaje parece prohibir las acciones de Abbott. Pero el gobernador y sus partidarios afirman que los inmigrantes que cruzan el río Bravo conforman una invasión y que ponen al estado de Texas en “peligro inminente”. Esto es absurdo desde el punto de vista jurídico y siniestro desde el punto de vista político. Si Texas está siendo invadido, entonces el Gobierno estatal puede reclamar el derecho a utilizar la fuerza que sea necesaria para repeler el ataque.

Ante una pregunta sobre la cuestión fronteriza en un pódcast de extrema derecha la semana pasada, Abbott dijo que el estado ha desplegado “todas las herramientas y estrategias” contra los migrantes, incluida la colocación de barreras flotantes en una sección del río Bravo que bloquean el cruce del río (y podrían provocar muertes si los migrantes intentan nadar bajo ellas), y la adopción de la nueva ley estatal SB 4.

El gobernador de Texas concluyó: “Lo único que no estamos haciendo es fusilar a la gente que cruza la frontera porque, por supuesto, la Administración de Biden nos acusaría de asesinato”. Esto fue menos una broma que una amenaza.

El legislador de Texas, Chip Roy, miembro de la bancada ultraderechista Freedom Caucus de la Cámara de Representantes, fue más allá y sugirió que una secesión podría ser una opción en el conflicto con el Gobierno de Biden sobre la política de inmigración. Un comunicado de prensa de su oficina declaraba: “Mis compatriotas tejanos se preguntan con razón si Texas y los estadounidenses con ideas similares deberían seguir formando parte de un Gobierno federal que abandona su bienestar, seguridad y protección, violando el pacto por el que entramos en la unión”.

A pesar de toda su retórica vacía, el Partido Demócrata y el Gobierno de Biden han intentado repetidamente llegar a un acuerdo con los republicanos que aboliría de hecho el derecho de asilo y cerraría la frontera entre Estados Unidos y México, a cambio de aumentar la financiación militar para Ucrania. La prioridad principal del Partido Demócrata es escalar las guerras en el extranjero, que no solo están alimentando la crisis mundial de refugiados, sino que también conllevan un mayor asalto a los derechos democráticos en casa.

En el año fiscal 2023, el Gobierno de Biden llevó a cabo más de 142.000 deportaciones, más del doble que el año anterior. El Partido Demócrata ha presidido una intensificación de la embestida contra los inmigrantes. Como en todo lo demás, la Administración de Biden ha repudiado sus promesas vacías de una política migratoria más humana.

Las tensiones entre el Gobierno estatal y el federal, y entre Texas y grandes ciudades como Nueva York y Chicago, donde Abbott ha “exportado” a más de 100.000 migrantes que de otro modo serían liberados en Houston o Dallas, son otra muestra de las tendencias centrífugas que están desgarrando Estados Unidos, cuando la contienda presidencial de 2024 inicia la fase de votaciones primarias.

La declaración de Año Nuevo emitida por el Consejo Editorial Internacional del WSWS advirtió que estas tendencias son producto de la profundización de la crisis del capitalismo mundial y estadounidense, y de la irrupción de la clase obrera en explosivas batallas de clases.

Las crecientes divisiones amenazan con romper todo el acuerdo posterior a la guerra civil que volvió a unificar la autoridad federal sobre los estados secesionistas…

Por supuesto, las estructuras políticas existentes no están siendo desgarradas por un conflicto entre una facción progresista y otra reaccionaria de la clase dominante. Los demócratas y los republicanos son dos facciones reaccionarias de la oligarquía corporativa y financiera. Por intensas que sean sus diferencias tácticas, están totalmente subordinadas a su agenda reaccionaria común.

La alternativa a estos partidos gemelos reaccionarios de la patronal—con los demócratas comprometidos a librar la guerra imperialista y reprimir interior y los republicanos a emprender un ataque cada vez más abiertamente fascista contra los derechos democráticos—es la movilización revolucionaria de la clase trabajadora. Un elemento clave es reconocer la unidad internacional de la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de enero de 2024)