Con el genocidio israelí en Gaza, que el gobierno alemán apoya plenamente, la represión de los opositores a la guerra en Alemania ha adquirido nuevas dimensiones. Se están cerrando centros culturales de izquierda, se prohíben las manifestaciones y se atacan brutalmente las protestas estudiantiles pacíficas.
El último informe de la Verfassungsschutz (Oficina para la Protección de la Constitución), como se llama el servicio secreto nacional de Alemania, fue publicado el miércoles 19 de junio. En él, la agencia de inteligencia continúa impulsando esta campaña y sienta las bases para la criminalización de cualquier voz crítica con la política probélica del gobierno. Al mismo tiempo, el servicio secreto está recibiendo cada vez más poderes para emprender acciones directas contra los opositores políticos.
La Verfassungsschutz ha incluido en su informe a numerosas organizaciones de izquierda. Por ejemplo, la campaña internacional BDS, que llama a un boicot económico, la retirada de capital de inversión y la imposición de sanciones contra el Estado de Israel, figura como un nuevo 'caso sospechoso de extremismo relacionado con el extranjero'. ¿La justificación? El grupo, que se pronuncia en contra del genocidio, supuestamente viola 'la idea de entendimiento internacional'.
Incluso el grupo climático 'Ende Gelände' es catalogado por primera vez como un 'caso sospechoso de extremismo de izquierda'.
Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS), la organización juvenil y estudiantil del Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad, SGP), está incluida directamente en este informe como una 'organización extremista de izquierda y anticonstitucional confirmada', sin que el servicio de inteligencia proporcione ninguna justificación para esta conclusión. Se limita a afirmar que el JEIIS está 'representado en los parlamentos estudiantiles de varias universidades alemanas' y que comparte la 'orientación ideológica y estratégica del SGP'.
De hecho, el JEIIS participa en los parlamentos estudiantiles y su influencia es cada vez mayor. El día de la publicación del informe, obtuvo el 7,7 por ciento de los votos en las elecciones al Parlamento Estudiantil de la Universidad Humboldt de Berlín, más que las organizaciones estudiantiles de la Democracia Cristiana (CDU) y los Demócratas Liberales (FDP), por ejemplo. Así, el 7,7 por ciento de los votantes estudiantiles que emitieron un voto por el JEIIS son declarados sumariamente enemigos de la Constitución y extremistas de izquierda por el Verfassungsschutz.
La verdadera razón es que el JEIIS se han opuesto desde el principio a la política del gobierno a favor de la guerra. El JEIIS llevan 10 años luchando contra la conversión de la universidad en un centro de ideología derechista y militarista. Colocó la lucha contra la guerra de la OTAN en Ucrania, el genocidio en Gaza y la violencia contra los estudiantes críticos en el centro de su campaña electoral y declararon en folletos y eventos que una perspectiva socialista es necesaria para evitar la catástrofe de una guerra mundial. Es por eso que el JEIIS recibió los votos de cientos de estudiantes.
Esto es precisamente lo que el Estado alemán quiere prohibir. Los que están en el poder son muy conscientes de que su política a favor de la guerra es ampliamente rechazada por los trabajadores y, por lo tanto, recurren cada vez más abiertamente a métodos dictatoriales. Ya en 2018, la Verfassungsschutz incluyó al Sozialistische Gleichheitspartei en su informe y lo difamó como 'extremista de izquierda' porque lucha 'contra un supuesto nacionalismo, imperialismo y militarismo. Más tarde, el Ministerio Federal del Interior declaró que el SGP era extremista porque luchaba por una 'sociedad democrática, igualitaria y socialista'.
El último informe afirma que el SGP es anticonstitucional porque se basa en 'un pensamiento marxista de clase que es incompatible con la Constitución'. Por lo tanto, según la Verfassungsschutz, no es la flagrante desigualdad social lo que socava la democracia, sino la exposición de estos antagonismos de clase.
'Después de que el Tribunal Administrativo y el Tribunal Administrativo Superior de Berlín estuvieran de acuerdo con este escandaloso argumento, el SGP presentó en junio de 2022 un recurso ante el Tribunal Constitucional Federal (Tribunal Supremo)'. En su declaración, el partido advirtió sobre el desarrollo dictatorial si la Verfassungsschutz se imponía. 'Toda huelga obrera, toda protesta contra el rearme y toda manifestación contra la derecha podría ser prohibida por anticonstitucional', advertimos.
Este proceso ya está muy avanzado. En los últimos meses, el derecho a manifestarse ha sido abolido de forma efectiva a través de innumerables prohibiciones y restricciones, varias instituciones culturales han visto sus locales y financiamiento retirados, y manifestantes pacíficos han sido brutalmente atacados por la policía. Todo esto ha tenido lugar bajo la cobertura de una campaña de propaganda contra el supuesto 'antisemitismo' que declara antisemita cualquier crítica a las políticas genocidas del gobierno alemán. Esta campaña se ve favorecida además por el informe de la Verfassungsschutz.
Por ejemplo, el informe describe la fuga de combatientes palestinos de la prisión al aire libre de Gaza el 7 de octubre como una 'masacre sin precedentes de hombres, mujeres y niños israelíes', mientras que glorifica el genocidio probado contra los palestinos por parte del ejército israelí como una 'posterior ofensiva militar israelí contra estructuras terroristas'. Cualquiera que no esté de acuerdo con esta justificación mentirosa del genocidio es acusado sumariamente de 'agitación antiisraelí y antisemita'. Según el informe, este es el elemento de conexión entre el extremismo de derechas y el de izquierdas.
Cualquiera que declare que 'los palestinos [deben] oponerse al 'imperialismo' de los Estados occidentales, ya que han sido oprimidos y privados de sus derechos históricos, políticos y materiales' es declarado extremista de izquierda sin más preámbulos.
A pesar de que incluso la Verfassungsschutz tiene que admitir que el antisemitismo abierto está 'en gran medida excluido' de los grupos de izquierda, simplemente afirma que 'el rechazo del sionismo como movimiento nacional judío y [...] el Estado de Israel que surgió de el' puede ser categorizado como 'antisemita'. Así, 79 años después de la disolución de la Gestapo de Hitler, el servicio secreto alemán declara antisemitas a miles de judíos que se pronunciaron contra el proyecto sionista.
Cualquiera que cuestione este enfoque del aparato del estado es inmediatamente añadido a la lista. Basta con criticar las medidas dictatoriales contra los opositores a la guerra para ser tildado de 'extremista de izquierda' por los servicios secretos. Por ejemplo, cualquiera que 'difame la acción legal del Estado como 'represiva' o como 'violencia policial'' está supuestamente 'preocupado por deslegitimar el Estado democrático y sus instituciones'. De acuerdo con esta lógica, los combatientes de la resistencia en el Tercer Reich fueron condenados 'legalmente' por los tribunales nazis.
La Verfassungsschutz está particularmente alarmada por la creciente oposición entre los jóvenes a la guerra de la OTAN en Ucrania y al genocidio en Gaza. Estos temas han sido 'regularmente mal utilizados en un intento de desviar el compromiso humanitario existente de los jóvenes hacia una interpretación comunista de la resistencia al supuesto 'militarismo', 'imperialismo', 'colonialismo' y 'capitalismo'', declara.
Esto es inequívoco. En medio de un genocidio brutal del que el gobierno alemán es en parte responsable, el servicio secreto teme que el 'compromiso humanitario' de los jóvenes, es decir, su rechazo a la guerra, se convierta en una oposición consciente a la política probélica de Alemania y a la clase dominante.
En el proceso, la Verfassungsschutz está recibiendo poderes cada vez mayores. Estar presente en el informe ya no es simplemente una cuestión de figurar en la lista a título informativo, sino que es la base de la represión directa de los afectados.
En noviembre, el Bundestag (parlamento federal) aprobó una ley según la cual la Verfassungsschutz puede transmitir sus 'hallazgos' a las fuerzas del orden y otras autoridades si existe un 'peligro concreto para intereses jurídicamente protegidos particularmente importantes'. Estos intereses incluyen el 'concepto de entendimiento internacional y la coexistencia pacífica de los pueblos'.
Si se pone en peligro este concepto (!) —del que la Verfassungsschutz acusa a todos los críticos de la guerra de la OTAN o del genocidio en Gaza—, los datos se transmiten a otras agencias estatales. La ley incluso estipula que la Verfassungsschutz puede, en determinadas circunstancias, transmitir estos datos a organizaciones no gubernamentales, como arrendatarios o escuelas. El requisito de separar a la policía del servicio secreto, que fue escrito en la constitución de posguerra de Alemania Occidental a la luz de las experiencias con la Gestapo, ha sido completamente anulado.
El Senado de Berlín (asamblea legislativa estatal), formado por la CDU y el SPD, tiene previsto vincular toda la financiación estatal, por ejemplo, en el sector cultural, a la adhesión de la institución a la Constitución. Cualquiera que aparezca en el informe de la Verfassungsschutz ya no recibiría ningún tipo de financiación. Los miembros de organizaciones clasificadas como extremistas ya pueden ser despedidos de la función pública.
Mientras que la Verfassungsschutz, siguiendo la Gesinnungsjustiz [justicia basada en las opiniones] de los nazis, actúa de manera tan brutal contra los opositores izquierdistas a la guerra —a quienes no se acusa de cometer ningún delito, sino sólo de tener convicciones socialistas—, extiende una mano protectora a las estructuras criminales y terroristas de los extremistas de derecha.
Incluso las cifras embellecidas de la Verfassungsschutz indican un gran aumento en los daños corporales causados por extremistas de derecha: de 879 en 2022 a 1,016 en 2023, sin tener en cuenta los 149 delitos violentos cometidos por los, miembros de la extrema derecha, Reichsbürger (Ciudadanos del Reich), ya que son excluidos de los delitos cometidos por la extrema derecha por la Verfassungsschutz.
Mientras que todo opositor a la guerra debe enfrentarse a la represión mencionada anteriormente, el partido fascista Alternativa para Alemania (AfD) todavía figura solo como un 'caso sospechoso', por lo tanto, no está siendo vigilado por los servicios secretos. Las extensas redes terroristas de extrema derecha dentro de la policía, los servicios de inteligencia y las Bundeswehr (Fuerzas Armadas), que han sido descubiertas por los periodistas en los últimos años, no se mencionan en absoluto en todo el informe de la Verfassungsschutz. En contraste, el informe dedica varias páginas a los jóvenes 'extremistas de izquierda' que han atacado o denunciado a terroristas de extrema derecha.
La estrecha colaboración entre la Verfassungsschutz y la neonazi National Socialist Underground y otras organizaciones terroristas de extrema derecha está bien documentada. Hans-Georg Maaßen, que dirigió el servicio secreto hasta 2018 y se aseguró de que el SGP se convirtiera en objeto de vigilancia, defiende abiertamente posiciones de extrema derecha y antisemitas. El actual presidente, Thomas Haldenwang, trabajó durante años como adjunto de Maaßen y continúa siguiendo su curso sin pausa.
La alianza del aparato estatal con la extrema derecha contra los opositores a la guerra y contra la izquierda es un fenómeno internacional que está directamente relacionado con la política agresiva a favor de la guerra de las potencias de la OTAN. Los gobiernos de Alemania, Estados Unidos y otros países de la OTAN, junto con el régimen de extrema derecha de Netanyahu, están cometiendo un genocidio para hacer valer sus intereses geoestratégicos en la región. En Ucrania, las mismas potencias están trabajando junto con antisemitas y fieles nazis como la Brigada Azov para derrotar militarmente a Rusia.
El régimen títere de Volodymyr Zelensky está utilizando bandas de matones de extrema derecha para combatir el creciente rechazo a la guerra entre la población. El activista contra la guerra y socialista Bogdan Syrotjuk, que trabaja con el Comité Internacional de la Cuarta Internacional, fue encarcelado en una prisión de alta seguridad en abril de este año bajo cargos absurdos de apoyar a Putin, y se le ha negado asistencia legal.
Ahora el gobierno alemán quiere crear las mismas condiciones en su propio país. Esta política está respaldada no solo por la coalición de gobierno del SPD, los Verdes y el FDP, sino por todos los partidos del Bundestag. La CDU ha pedido al gobierno federal que actúe de acuerdo con el informe, y el Partido de la Izquierda también exige que 'se tomen medidas', por ejemplo, exigiendo que se prohíba el 'antisemitismo'. A nivel estatal, ambas partes son responsables de declaraciones similares.
Los tribunales también se han sumado a la caza de los opositores a la guerra. Desde que el Tribunal Superior Administrativo de Berlín estuvo de acuerdo con la criminalización del SGP, el Tribunal Constitucional Federal se ha negado a tratar la denuncia del partido durante más de dos años. De este modo, se ha dado carta blanca a la Verfassungsschutz para seguir actuando contra los opositores a la guerra.
¡El SGP no lo permitirá y se opondrá a esta conspiración de la derecha aún más resueltamente! La Verfassungsschutz, que está plagada de redes fascistas, debe ser disuelta y la vigilancia y supresión de todos los grupos izquierdistas y antimilitaristas debe ser eliminada inmediatamente.
Hacemos un llamamiento a todos aquellos que quieran defender los derechos democráticos y contrarrestar la amenaza de la derecha para que apoyen la demanda constitucional del SGP. ¡Vuélvase activo ahora! Solo una amplia movilización puede detener los ataques fundamentales contra los derechos democráticos y el resurgimiento de las leyes antisocialistas y la Gesinnungsjustiz de los nazis. Firme nuestra petición en change . org, regístrese como simpatizante activo y difunda este artículo entre sus amigos y conocidos.
(Publicado originalmente en inglés el 26 de junio de 2024)