La industria de la salud en EE.UU. está cada vez más dominada por fondos de capital privado e instituciones financieras, reflejando una tendencia más amplia de financiarización del sector y la mercantilización de la salud pública. Empresas de capital privado, como Blackstone, Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), The Carlyle Group y Apollo Global Management, han encabezado adquisiciones en hospitales, atención de emergencias, hogares de ancianos y salud conductual.

Milmillonarios con vínculos políticos influyentes con ambos partidos de grandes empresas controlan estas firmas. Algunos ejemplos:

•  Stephen Schwarzman (USD 55.600 millones)—CEO de Blackstone, Inc., que posee importantes firmas de salud como TeamHealth

•  Henry Kravis (USD 6.500 millones) y George Roberts (USD 12.200 millones)—Fundadores de KKR, fuertemente involucrados en adquisiciones como Envision Healthcare

•  David Rubenstein (USD 4.000 millones)—Cofundador de The Carlyle Group, conocido por inversiones en salud, incluidos hogares de ancianos ManorCare

•  Bill Gates (USD 106.600 millones)—A través de su fundación e inversiones en sistemas de salud

•  Warren Buffett (USD 148.300 millones)—A través de Berkshire Hathaway, un importante inversor en acciones relacionadas con la salud

La financiarización de la salud ha acelerado drásticamente la crisis de la industria en las últimas décadas. Comenzando a principios de los años 2000, las empresas de capital privado, como Blackstone, KKR y Apollo Global Management, comenzaron a apuntar a sectores de salud, incluidas prácticas médicas, hospitales y hogares de ancianos. Los consideran inversiones estables y rentables debido a la demanda constante, los reembolsos de terceros y las amplias oportunidades para la reducción de costos.

En la primera década del siglo XXI, las empresas de capital privado comenzaron a adquirir pequeñas entidades de salud, a menudo a través de compras apalancadas. Durante la década de 2010, las inversiones de capital privado en salud se dispararon, con acuerdos que crecieron de USD 5.000 millones anuales en 2000 a más de USD 100.000 millones para 2018. Sectores como la atención urgente, la atención primaria y las prácticas especializadas se convirtieron en objetivos significativos.

La pandemia de COVID-19 amplificó la tendencia a medida que los proveedores de salud enfrentaron tensiones financieras. Las empresas de capital privado adquirieron prácticas y hospitales en dificultades, consolidando el poder del mercado mientras introducían medidas agresivas para reducir costos.

Para 2023, las empresas de capital privado habían gastado USD 505.000 millones en adquisiciones de atención médica en cinco años, aprovechando la presión financiera para extraer ganancias mediante el aumento de tarifas, reducción de personal y consolidación operativa.

Un estudio de 2021 publicado en Health Affairs analizó el impacto de la propiedad de capital privado en los hogares de ancianos. Descubrió que las instalaciones adquiridas por empresas de capital privado, como Blackstone y The Carlyle Group, experimentaron una disminución en la calidad de la atención al paciente y reportaron un aumento del 10 por ciento en las tasas de mortalidad. Estos resultados se debieron en gran medida a la reducción de personal, recortes en suministros esenciales, aumento de las proporciones paciente-personal y medidas de reducción de costos dirigidas a maximizar las ganancias, como la reducción de presupuestos para servicios esenciales.

Compañías como TeamHealth y Envision Healthcare, respaldadas por Blackstone y KKR respectivamente, han implementado prácticas de facturación agresivas. Utilizan facturas médicas sorpresa como fuente de ingresos, cobrando tarifas exorbitantes por atención fuera de la red. Estas prácticas atrajeron la atención nacional, con pacientes siendo facturados miles de dólares por servicios de emergencia. Envision se ha enfocado en aumentar las ganancias mediante la consolidación de departamentos de emergencia, lo que a menudo resulta en cierres en áreas rurales menos rentables.

Las adquisiciones en salud conductual también han llevado a un aumento en los costos para los pacientes, a menudo acompañado de recortes en servicios esenciales. Actualmente, el capital privado posee aproximadamente el 7 por ciento de las instalaciones de tratamiento de adicciones y más del 6 por ciento de las clínicas de salud mental en los EE.UU. Los servicios esenciales, pero menos rentables, como los programas de salud mental basados en la comunidad y el tratamiento de adicciones, han sido reducidos o descontinuados tras la adquisición por parte del capital privado.

Las implicaciones más amplias de estas tendencias son severas. Al consolidar la atención médica en menos entidades corporativas más grandes, el capital financiero ejerce un control sin precedentes sobre la salud pública. Esta mercantilización socava el acceso a la atención asequible enriqueciendo a una capa estrecha de inversores. La reestructuración de la atención médica no es solo un problema técnico, sino político, que requiere acción organizada de los trabajadores para buscar sistemas de salud pública que prioricen la necesidad humana sobre la ganancia, una tarea que contrasta claramente con el sistema capitalista.

Ambos partidos de grandes empresas en EE.UU. son plenamente cómplices y están unánimemente inversos en este proceso. En solo unas semanas, Donald Trump instalará el gabinete más reaccionario que EE.UU. haya visto jamás, un gobierno de la oligarquía, por la oligarquía y para la oligarquía compuesto por fascistas, mil millonarios y xenófobos.

Entre ellos, Donald Trump nombró a Robert F. Kennedy Jr., un defensor antivacunas, como secretario de Salud y Servicios Humanos tras el respaldo de RFK Jr. Otros puestos en el área de salud fueron para enemigos similares de la salud pública: Mehmet Oz para Medicare y Medicaid, Martin Makary para la FDA, y Dave Weldon para los CDC. Cada designación refleja posturas anti-científicas sobre la salud pública, oponiéndose a la vacunación, derechos reproductivos o medidas de seguridad pandémicas.

Hay una clara intersección entre la financiarización de la salud y la política. El desmantelamiento de la infraestructura de salud pública por parte del capital privado cuenta con el pleno apoyo de ambos partidos.

Blackstone tiene una influencia significativa tanto en finanzas como en política. Schwarzman, un prominente donante republicano, tiene estrechas relaciones con políticos como Donald Trump y ha asesorado en política financiera durante la administración Trump. Las inversiones de Blackstone en bienes raíces y atención médica han sido moldeadas por esfuerzos de desregulación respaldados por estos vínculos políticos.

Apollo Global Management mantiene profundas conexiones con políticos, incluyendo la contratación del ex senador republicano Pat Toomey y del jefe de personal de Harry Reid, David Krone. Estas conexiones fortalecen su posición en los sectores de salud, bienes raíces y finanzas, facilitando la influencia corporativa sobre el bienestar público.

Henry Kravis de KKR, un importante donante republicano, ha abogado por políticas que beneficien al capital privado, incluidas estructuras fiscales que favorecen el interés devengado. (Las exenciones fiscales que favorecen el interés devengado se refieren a un tratamiento fiscal especial que beneficia a gestores de capital privado, fondos de cobertura y capital de riesgo).

Estos lazos se filtran en el sector militar. Conocido por sus estrechos lazos con Washington D.C., The Carlyle Group ha empleado a expolíticos, incluido el expresidente George H.W. Bush y el ex secretario de Defensa Frank Carlucci, como asesores o socios. Estas conexiones han ayudado a Carlyle a asegurar lucrativos contratos de defensa e inversiones en industrias reguladas.

Figuras como RFK Jr. capitalizan en el descontento público, culpando a la ciencia o instituciones gubernamentales por el fracaso del capitalismo en satisfacer las necesidades básicas de atención médica, en lugar de intereses financieros. Pero sus ataques a la ciencia se alinean completamente con los motivos de lucro de las empresas de capital privado, promoviendo enfoques individualistas y orientados por el mercado que dejan sin abordar problemas sistémicos de atención médica.

En el contexto de un rápido crecimiento de la lucha de clases y huelgas en curso en la industria de la salud, como la huelga de los trabajadores de salud mental de Kaiser, el papel de los sindicatos debe ser examinado. Los sindicatos han facilitado el proceso de consolidación y medidas de reducción de costos bajo la premisa de asegurar empleos y mantener la estabilidad institucional. Este enfoque ha alineado frecuentemente a la dirección sindical con la administración corporativa sobre la base de las necesidades financieras que impulsan los esfuerzos de reestructuración.

Sindicatos como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) han colaborado históricamente con corporaciones de salud para imponer “asociaciones laboral–gerenciales”. Estos acuerdos han respaldado a veces medidas de ahorro, como la reducción de beneficios o el estancamiento de salarios, a cambio de promesas de seguridad laboral.

Durante la pandemia de COVID-19, HCA Healthcare propuso recortes a salarios y beneficios, incluyendo la eliminación de diferenciales de pago por fines de semana y noches, la suspensión de contribuciones al 401(k) y congelar salarios. El SEIU facilitó las concesiones, amenazando a los trabajadores con despidos más drásticos y la falla de operaciones si no las aceptaban.

En algunos casos, el SEIU ha apoyado la privatización o consolidación de hospitales públicos, argumentando que estas medidas protegerían empleos. Un caso en concreto fue la iniciativa “Vital Brooklyn”, que tenía como objetivo consolidar varios hospitales de seguridad en problemas en Brooklyn (Interfaith, Kingsbrook Jewish Medical Center y Brookdale) en la red One Brooklyn Health. Este plan de reestructuración fue respaldado por 1199 SEIU, con garantías de que se conservarían los empleos y que la reorganización resultaría en una “inversión extraordinaria en comunidades históricamente desatendidas”.

En sus contratos con Kaiser Permanente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (NUHW) ha acordado términos que incluyen aumentos salariales mínimos y no abordan problemas críticos de escasez de personal. Los trabajadores han criticado estos acuerdos por priorizar las estrategias de reducción de costos de la administración sobre la calidad de la atención y las condiciones laborales. La huelga en curso del NUHW en Kaiser destaca que estos problemas urgentes solo han empeorado.

La Federación Americana de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME) ha negociado contratos para trabajadores de salud pública que incluyeron congelaciones salariales y reducciones de beneficios. Esta concesión fue a menudo justificada como necesaria para mantener el financiamiento y prevenir cierres.

La Asociación de Enfermeras de California/Enfermeras Nacionales Unidas (CNA/NNU) también es conocida por colaborar con la administración, especialmente en Kaiser Permanente, que canaliza millones en fondos corporativos a los sindicatos a través del llamado “Convenio de Socios Laborales-Administrativos”.

Los acuerdos sindicales enmarcaron estos ataques como compromisos necesarios. Desde las etapas iniciales de la pandemia de COVID-19, los hospitales han adoptado cada vez más modelos de telemedicina y “centros de mando” en el personal. Estos enfoques a menudo sustituyeron a enfermeras registradas (RNs) por personal menos entrenado y con menor salario para ejecutar directrices, creando efectivamente una “fuerza laboral genérica”. Esta reestructuración condujo a cargas de trabajo más pesadas para las RNs, quienes tuvieron que supervisar a personal menos experimentado mientras gestionaban la atención al paciente de manera remota o en múltiples instalaciones​.

Lo que estos acuerdos tienen en común es la priorización de la viabilidad financiera de los empleadores sobre las necesidades de los trabajadores. Los sindicatos han negociado contratos que respaldan congelamientos salariales, recortes de beneficios e incrementos en la carga de trabajo bajo la justificación de mantener abiertos los hospitales en problemas o hacerlos más “competitivos”. Han apoyado fusiones, alimentando falsas ilusiones al argumentar que sistemas más grandes proporcionan seguridad laboral al crear economías de escala, aunque esto a menudo conduce a despidos y la erosión de las condiciones laborales.

La defensa de la salud pública requiere una lucha contra el aparato sindical. Deben construirse comités de base para transferir el poder de la burocracia a los trabajadores de la salud mismos, y para vincular las luchas de los trabajadores de la salud de todo el mundo en una lucha común contra la financiarización de la industria. La salud debe ser defendida como un derecho social básico, que debe estar disponible libremente para todos sobre la base de la necesidad.

Para la clase trabajadora, la capacidad de tomar control de la salud pública es literalmente una cuestión de vida o muerte, como ha demostrado la COVID-19. De ahí la necesidad de eliminar las restricciones impuestas por el sistema de lucro y reorganizar la salud social sobre una base científica, racional y humana.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 01 de diciembre de 2024)