Una denuncia presentada en nombre de una enfermera que trabajó en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) en el sur de Georgia hasta julio alega que varias mujeres inmigrantes que estaban detenidas allí fueron sometidas a esterilizaciones mediante histerectomías sin su consentimiento.
En la denuncia, presentada por el grupo de defensa legal Project South, la exenfermera describe las condiciones en el centro como parecidas a las de un “campo de concentración experimental”.
La denuncia también detalla la negativa de los administradores del centro a realizar pruebas de COVID-19 o implementar medidas de protección, lo que pone a los detenidos y empleados en toda la red de centros de detención del país en riesgo de infección. Alega que los detenidos que se han pronunciado sobre las condiciones del centro han sido recluidos en aislamiento.
El escalofriante informe proporciona más evidencia del abuso sádico infligido por la Administración Trump en su guerra fascistizante contra los inmigrantes. Al menos 17 personas han muerto en lo que va del año bajo la custodia de ICE por diversas causas, incluido el COVID-19. Dos guardias de una instalación en Luisiana murieron a causa del coronavirus en abril.
El sujeto de la denuncia, el Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC), que es operado por la empresa privada de prisiones LaSalle Corrections, fue previamente objeto de denuncias presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en 2012. La ACLU instó a que la instalación fuera cerrada debido al abuso generalizado, así como a su ubicación remota. Una investigación del Project South de 2017 encontró que la ICDC era culpable de abusos de derechos humanos, violaciones de los derechos al debido proceso y condiciones de vida insalubres.
La enfermera que presentó la última denuncia, Dawn Wooten, explicó que las mujeres detenidas fueron enviadas a un médico conocido como “recolector de úteros” y que muchas no tenían un conocimiento completo de lo que les estaba pasando o por qué se estaban sometiendo al procedimiento. “Cuando conocí a todas estas mujeres que habían tenido cirugías, pensé que esto era como un campo de concentración experimental”, dijo Wooten. “Era como si estuvieran experimentando con nuestros cuerpos”.
Si bien se desconoce el alcance de las esterilizaciones, una inmigrante detenida le dijo a Project South que sabía de cinco mujeres que se habían sometido a histerectomías mientras estaban detenidas en el ICDC entre octubre y diciembre de 2019.
“A todas a las que ve tienen una histerectomía, casi todas”, dijo Wooten sobre el médico que realizó los procedimientos en el ICDC.
“Incluso le ha quitado el ovario equivocado a una joven”, dijo Wooten. “Se suponía que debía extirparse el ovario izquierdo porque tenía un quiste en el ovario izquierdo; sacó el derecho. Ella estaba molesta. Tuvo que volver para que le sacaran el izquierdo y terminó con una histerectomía total. Ella todavía quería tener hijos, así que tiene que volver a casa ahora y decirle a su esposo que no puede tener hijos ... ella dijo que no estaba del todo bajo anestesia y escuchó al médico decirle a la enfermera que tomó el ovario equivocado”.
Wooten también señaló que a menudo existe un problema con la obtención del consentimiento, ya que el personal médico confía en buscar en Google frases en español o en conseguir que otros detenidos interpreten la información sobre el procedimiento médico. “Estas mujeres inmigrantes, no creo que realmente, totalmente, entiendan que esto es lo que va a suceder, dependiendo de quién se los explique”, dijo Wooten.
Una detenida que habló con Project South describió su angustiosa experiencia en la que un procedimiento de esterilización solo fue detenido en el hospital cuando una prueba de anticuerpos para COVID-19 dio positivo y fue enviada de regreso al centro de detención.
Un médico inicialmente le dijo que tenía que ir al hospital para que le extrajeran un quiste ovárico mediante un procedimiento no invasivo. Sin embargo, el día del procedimiento, el oficial que la transportaba le dijo que, de hecho, estaba a punto de que le quitaran el útero en una histerectomía. El procedimiento fue prevenido por su prueba positiva de coronavirus.
Después de que la enviaron de regreso al ICDC, una enfermera le dijo que tendría que realizarse el procedimiento debido a un sangrado profuso. Luego, la enfermera le dijo que era para corregir un útero grueso.
La mujer explicó que nunca le habían diagnosticado ninguno de los dos y los médicos habían hablado de un procedimiento totalmente diferente. Según los informes, la enfermera se enojó y comenzó a gritar después de que la mujer le explicara que no quería una histerectomía. Reflexionando sobre su experiencia, la detenida dijo que “se sentía como si estuvieran tratando de meterse con mi cuerpo”.
El informe del Project South y el testimonio de Wooten describen varias formas de mala praxis en la instalación, incluida la retención de medicamentos para el cáncer y el VIH. Incluso si los reclusos estuvieran gravemente enfermos, la unidad médica solo les suministraría ibuprofeno y los enviaba de regreso a sus celdas.
Wooten informa que el ICDC ignoró repetidamente las pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre el manejo de pacientes positivos de COVID-19 para prevenir la propagación del virus.
Un video de presos del ICDC pidiendo protección que se publicó en línea en abril obligó a la administración a proporcionarles una sola mascarilla de tela o papel, pero nada desde entonces. El New York Times informó que los detenidos recurrieron a la confección de máscaras improvisadas con trozos de tela o recipientes de comida rotos en un esfuerzo por protegerse.
El ICE informó en agosto que 41 detenidos en la instalación habían dado positivo al coronavirus, pero Wooten dijo que el número real era ciertamente mayor, ya que el ICDC no estaba evaluando activamente a los reclusos, les negó pruebas a quienes las solicitaron y no informaba todos sus resultados positivos a ICE ni al Departamento de Estado. También señaló que los detenidos que eran COVID-19 positivos todavía estaban siendo trasladados a otras instalaciones o deportados, y los recién llegados no estaban siendo puestos en cuarentena adecuadamente, lo que garantizaba que el virus continuaría propagándose. Los empleados que informaron tener síntomas de coronavirus aún podían trabajar, y al menos 13 oficiales en las instalaciones dieron positivo.
Los horrores expuestos por Wooten se producen en medio de un asalto cada vez mayor a los derechos de los inmigrantes en el período previo a las elecciones del 3 de noviembre, mientras Trump busca expandir su base de apoyo de extrema derecha. El lunes, un panel de la corte federal de apelaciones aprobó la terminación del estatus de protección de la Administración Trump para los inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, eliminando el estatus legal de casi 400.000 personas, muchas de las cuales han vivido en los Estados Unidos durante décadas y tienen hijos que son ciudadanos. El fallo 2-1 de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos abre la posibilidad de la deportación de los inmigrantes si no abandonan el país voluntariamente.
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(Artículo publicado originalmente el 16 de septiembre de 2020)