Un éxodo humano sin precedentes está en marcha en EE.UU., cuando se espera que 2 millones de personas, casi el 10 por ciento de la población en El Salvador, Honduras y Guatemala, intenten huir a Estados Unidos en los próximos meses. El Gobierno estadounidense ha respondido cerrando sus puertas, aboliendo el derecho al asilo y deteniendo a 15.000 niños sin acompañamiento como delincuentes. Esta es la respuesta brutal e irracional del sistema capitalista al sufrimiento humano a una escala masiva.

La prensa corporativa y la élite política han emprendido una campaña para obligar al Gobierno de Biden a tomar medidas aún más severas contra los solicitantes de asilo. Un titular típico es el del Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, que ataca lo que describe “el fracaso del Gobierno de Biden en contener la oleada en la frontera”.

Si bien millones de votantes esperaban poder deshacer el asalto fascistizante de Trump contra los migrantes apoyando a Biden, el nuevo Gobierno tan solo está continuando las políticas del expresidente. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Biden amenazó a los migrantes en el programa “This Week” de ABC, diciéndole a Martha Raddatz: “El mensaje es muy claro, no vengan. La frontera está cerrada, la frontera está asegurada”.

Existe un acuerdo bipartidista sobre el encarcelamiento de niños, la separación de sus familias, la militarización de la frontera y las deportaciones masivas, pero los medios de comunicación complacientes nunca discuten las causas fundamentales del colapso social de los países del Triángulo Norte. La pobreza y la violencia que dominan Centroamérica se presentan como el producto de un desafortunado accidente.

El hecho es que el imperialismo estadounidense es culpable de un sociocidio, y que millones de personas están escapando de una pesadilla fabricada en los Estados Unidos. La clase dominante estadounidense ha destruido sistemáticamente Honduras, Guatemala y El Salvador durante más de un siglo, saqueando los recursos naturales, explotando a la clase obrera, acaparando la tierra, matando de hambre a la población, llevando a la quiebra las arcas públicas y enriqueciéndose en el proceso.

Los Gobiernos que actualmente dirigen cada país tienen sus raíces en las dictaduras de Estado policial impuestas por Estados Unidos para imponer los dictados de las corporaciones estadounidenses y aplastar la oposición social en todo el hemisferio.

Durante aproximadamente dos décadas después de la Gran Depresión, Guatemala, El Salvador y Honduras fueron gobernados por dictadores que llevaron a cabo masacres rutinarias de trabajadores y campesinos en nombre de la United Fruit Company. En 1932, el presidente fascistizante de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez, masacró a 40.000 campesinos dirigidos por Agustín Farabundo Martí que participaban en una insurrección contra las empresas estadounidenses y los terratenientes locales. El guatemalteco Jorge Ubico era un admirador de Hitler y un estrecho aliado de Estados Unidos y la United Fruit Company.

En 1954, Estados Unidos dio un golpe de Estado para destituir al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, frustrando las reformas agrarias. Dwight Eisenhower reconocería más tarde: “Teníamos que deshacernos de un Gobierno comunista que se había hecho con el poder”.

Eduardo Galeano caracterizó las décadas de dictadura que siguieron en su libro Las venas abiertas de América Latina:

El mundo estaba de espaldas, pero Guatemala sufría una larga noche de San Bartolomé. [En 1967,] la aldea Cajón del Río quedó sin hombres, y a los de la altea Tituque les revolvieron las tripas a cuchillo y a los de Piedra Parada los desollaron vivos y quemaron vivos a los de Agua Blanca de Ipala, previamente baleados en las piernas; en el centro de la plaza de San Jorge clavaron en una pica la cabeza de un campesino rebelde. En Cerro Gordo, llenaron de alfileres las pupilas de Jaime Velázquez... en las ciudades se señalaban con cruces negras las puertas de los sentenciados. Se los ametrallaba al salir, se arrojaban los cadáveres a los barrancos.

En los años setenta y ochenta, Estados Unidos transformó Centroamérica en una fosa común aún más grande, utilizando a Honduras como base para los esfuerzos por aplastar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en la vecina Nicaragua, con escuadrones de la muerte desplegados para llevar a cabo una guerra genocida.

Estados Unidos apoyó, entrenó y armó las dictaduras de El Salvador y Guatemala. En el transcurso de la guerra civil de El Salvador, 80.000 personas fueron asesinadas y un millón desplazadas en la campaña de tierra quemada contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En solo un año, entre 1982 y 1983, el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, apoyado por Estados Unidos, mató a 75.000 personas en una campaña genocida contra los indígenas. En 1982, Ronald Reagan se reunió con Montt, defendió sus acciones y lo llamó “un hombre de gran integridad personal y compromiso”.

Esta letanía de crímenes contra la humanidad no es solo cosa del pasado. En 2009, el Gobierno de Obama orquestó un golpe de Estado contra el Gobierno hondureño electo encabezado por Manuel Zelaya, quien lo presentó como un reformista social y un aliado del venezolano Hugo Chávez.

Los documentos publicados en 2017 a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información revelan la participación de alto nivel de los militares estadounidenses y del Departamento de Estado, que en ese momento estaba dirigido por Hillary Clinton. Aproximadamente una semana después de que los militares hondureños sacaran a Zelaya del país en piyama, Clinton escribió a la Embajada de EE.UU. en Honduras dando su aprobación para “relacionarse con los elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras y del régimen de facto”. El régimen hondureño implementó un programa brutal de medidas de austeridad, asesinó a activistas como Berta Cáceres y hoy sigue operando en una alianza poco disimulada con los poderosos cárteles de drogas.

Estados Unidos está preparando nuevos crímenes, y el almirante del Comando Sur (SOUTHCOM) Craig Faller declaró a la prensa en diciembre que la “ventaja competitiva del imperialismo estadounidense [en América Latina]... se está erosionando, particularmente cuando se trata de la influencia china”. Fuller declaró que EE.UU. mantendría una presencia activa en América Latina para obligar a China a “jugar según las reglas globales”.

Como resultado de un siglo de explotación imperialista, Centroamérica es la región más desigual del mundo. El 60 por ciento de los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos viven por debajo del mísero umbral de pobreza de sus países. El 70 por ciento de la población tiene un empleo informal. Entre el 10 y el 20 por ciento de la región no tiene acceso a la electricidad. Una cuarta parte de la población es analfabeta. Las remesas de los familiares en Estados Unidos representan aproximadamente una sexta parte del PIB total. Cientos de miles de trabajadores son explotados en maquilas textiles para empresas estadounidenses que suministran a minoristas como Walmart, Macy's y Kohl's.

La pandemia de coronavirus ha hecho estragos en Centroamérica, sumiendo a millones de personas en la pobreza y llevando a las Naciones Unidas a advertir de una hambruna generalizada en la región. El virus se extendió inicialmente porque EE.UU. deportó a muchos infectados de los centros de detención de inmigrantes. Mientras EE.UU. acapara las vacunas, los hospitales están desbordados y las pruebas son tan inadecuadas que las cifras de casos y muertes son sumamente deficientes.

Masas de trabajadores, campesinos y pequeños empresarios centroamericanos están evacuando este infierno social asumiendo un gran riesgo personal. Merecen la simpatía y el apoyo de todos los trabajadores con conciencia de clase. El éxodo es un indicio de que las masas reconocen que la vida no puede continuar como antes y que las necesidades sociales de miles de millones de personas no pueden ser satisfechas dentro del marco del sistema capitalista y los límites de las fronteras nacionales.

El Partido Socialista por la Igualdad exige:

• La entrada segura y estatus legal para todos los inmigrantes que entren en Estados Unidos.
• La liberación inmediata de los niños detenidos y su entrega a sus familias en Estados Unidos y la liberación inmediata de todos los detenidos sin importar la edad.
• Un programa de múltiples billones de dólares para reconstruir Centroamérica, pagado mediante la expropiación de la riqueza de los multimillonarios de Estados Unidos.
• La abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
• El derecho de todos los trabajadores a viajar por el mundo con seguridad y sin miedo a ser hostigados.
• La abolición del sistema de Estado nación y la formación de los Estados Unidos Socialistas de América.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de marzo de 2021)