El sábado, se llevaron a cabo manifestaciones masivas en los 28 estados brasileños contra el gobierno del presidente fascistoide Jair Bolsonaro y su respuesta criminal a la pandemia de COVID-19. El número total de manifestantes en todo el país puede haber superado los 100.000, según estimaciones de los organizadores.

En São Paulo, la metrópoli más grande del país, el número estimado en las calles era de más de 80.000 personas. En Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, había alrededor de 30.000. Miles más también protestaron en Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasilia y en menor número en más de 100 ciudades más.

En Recife, la manifestación fue reprimida violentamente por la Policía Militar bajo el mando del gobernador del Partido Socialista Brasileño (PSB), Paulo Câmara, en el estado de Pernambuco. La policía disparó botes de gas lacrimógeno y balas de goma contra la manifestación. Tres personas resultaron heridas por los disparos y dos de ellas, alcanzadas en el ojo, quedaron parcialmente ciegas.

Estas fueron las manifestaciones más grandes en Brasil desde 2019, cuando estudiantes y maestros marcharon a nivel nacional contra los recortes en el presupuesto de educación implementados por Bolsonaro en su primer año en el cargo. Coinciden con el levantamiento de masas en el vecino país Colombia, donde ha habido protestas ininterrumpidas y radicalizadas, oponiéndose también al manejo de la pandemia y la crisis social por parte de un gobierno de derecha.

Si bien estas son las primeras manifestaciones masivas contra la respuesta de los gobiernos capitalistas a la pandemia global, expresan la creciente ira social dentro de la clase trabajadora en todo el mundo por condiciones similares.

En Brasil, las protestas fueron convocadas por movimientos sociales vinculados al Partido de los Trabajadores (PT) y su satélite pseudoizquierdista Socialismo y Libertad (PSOL). Entre estos movimientos se encuentra el Frente Povo sem Medo, liderado por el líder del PSOL Guilherme Boulos.

La dimensión de las protestas, sin embargo, expresa el crecimiento de la oposición social más allá de los estrechos límites políticos impuestos por estas organizaciones.

Después de una cifra oficial de muertos por COVID-19 de más de 460.000 brasileños y con casi 2.000 personas que siguen muriendo diariamente por la enfermedad, existe una inmensa ira acumulada en amplios sectores de la población.

El horror causado por la pandemia se suma al crecimiento explosivo de la crisis social durante el último año. Decenas de millones de trabajadores han quedado desempleados o han perdido sus fuentes de ingresos, ampliando las filas de brasileños en la miseria y el hambre.

Muchos de los manifestantes en diferentes ciudades brasileñas marcharon con pancartas y carteles hechos a mano, algunos de los cuales tenían nombres y fotografías de padres, abuelos y hermanos perdidos por COVID-19, acusando al gobierno de asesinato. Otros exigieron vacunas y ayudas gubernamentales contra el hambre, denunciaron la violencia policial y exigieron la destitución de Bolsonaro, acusándolo de "genocida".

Las protestas también fueron impulsadas, de manera más inmediata, por la investigación del manejo de la pandemia por parte del gobierno por parte de una Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI). El CPI COVID-19 instalado en el Senado a principios de mayo ha expuesto el sabotaje del gobierno de Bolsonaro a la campaña de vacunación, habiendo rechazado ofertas de Pfizer y el Instituto Butantan.

La semana pasada, el director del Instituto Butantan, Dimas Covas, dijo en testimonio al CPI que el gobierno de Bolsonaro rechazó en octubre de 2020 una oferta de 100 millones de dosis de la vacuna Coronavac que debían entregarse en mayo de este año. Un estudio del epidemiólogo Pedro Hallal, profesor de la UFPel (Universidad Federal de Pelotas) y coordinador del mayor estudio epidemiológico sobre el coronavirus en Brasil, calculó que con estas vacunas el país podría haber evitado al menos 80.300 muertes.

Estas revelaciones refuerzan la percepción generalizada entre la población de que la catástrofe del COVID-19 en Brasil es el resultado de una política deliberada de asesinato social que sigue siendo perseguida por el presidente fascistizante del país, cada vez más a través de métodos dictatoriales.

Las direcciones del PT y del PSOL que convocaron las manifestaciones del sábado buscan canalizar este creciente descontento detrás de una política corrupta ligada al Estado burgués.

En una entrevista con El País publicada el sábado, Guilherme Boulos del PSOL aclaró cómo busca encauzar las manifestaciones detrás de la trayectoria política del PCI. “El CPI crea un entorno político que puede conducir a la corrosión de la base social y parlamentaria [de Bolsonaro]. Entonces, las manifestaciones pueden jugar un papel clave al abrir el camino para un juicio político”, dijo.

Esta declaración debe verse en el contexto de los esfuerzos de Boulos por alinear su política con la de los sectores más reaccionarios del establishment político en una oposición sin principios a Bolsonaro.

A fines de 2020, Boulos dijo a Jacobin que se debe ver favorablemente que "sectores de la vieja derecha brasileña se están distanciando y desvinculando del bolsonarismo". Abogó por una "alianza anti-Bolsonaro ... en la que todos los que comparten esta bandera deben participar". Siguiendo esta línea, Boulos se reunió en abril con el líder de los republicanos fascistizantes (a los que están afiliados los hijos de Bolsonaro) pidiendo ayuda para vender su imagen de político moderado a los sectores más derechistas de la burguesía.

Independientemente de si proponen un juicio político o esperan las elecciones de 2022, en las que están presionando por el regreso al poder del expresidente del PT Luiz Inácio Lula da Silva, la salida política presentada por el PSOL y el PT pasa por un trato sucio en el marco del Estado capitalista. Su "oposición" a Bolsonaro no presenta alternativa a la catastrófica situación de la pandemia en Brasil.

Una investigación seria de la implementación por parte del gobierno de Bolsonaro de la política asesina de inmunidad colectiva (de rebaño) —a diferencia de la que están llevando a cabo las fuerzas políticas que lideran el CPI— revelaría que los gobiernos locales del PT, el Partido Comunista Maoísta de Brasil (PcdoB) y el PSB, así como de partidos tradicionales de derecha como el PSDB fueron cómplices directos.

La institución de salud pública Fiocruz advirtió en un boletín la semana pasada que una tercera ola de la pandemia está aumentando como resultado de la adopción de medidas de “vuelta a la normalidad” en todo el país. Esto expone el hecho de que el PT y sus aliados son incapaces de promover una respuesta científica a la pandemia, lo que implica confrontar los intereses capitalistas con un confinamiento amplio y una compensación económica para todas las familias trabajadoras.

Estas mismas fuerzas políticas, a través de los sindicatos que controlan, están saboteando sistemáticamente las luchas de la clase trabajadora contra la pandemia y el declive de las condiciones de vida. La CUT, liderada por el PT, y las demás centrales sindicales colaboraron con la reapertura de los lugares de trabajo y aislaron las huelgas que estallaron en oposición a su liderazgo.

Esto sucedió en las huelgas en las refinerías de Petrobras contra la privatización y los brotes de contaminación entre los trabajadores petroleros; en los sistemas escolares de São Paulo y otros estados, donde los maestros se declararon en huelga durante meses contra la mortal reapertura de las escuelas; en las huelgas de choferes de ómnibus y otros trabajadores del transporte en todo el país, que se han intensificado desde principios de año; en las fábricas de Ford y LG, donde se ordenó a miles de trabajadores firmar acuerdos de liquidación aceptando el cierre de sus plantas; y en los numerosos hospitales donde, sin el apoyo de los sindicatos, los profesionales de la salud interrumpieron su labor esencial ante condiciones mortales.

A pesar de la participación individual de los trabajadores en diferentes ciudades, la clase trabajadora como fuerza social no se movilizó en las protestas del sábado contra Bolsonaro.

Existe una inmensa contradicción entre los intereses de las decenas de miles que han salido a las calles en Brasil, así como los trabajadores que luchan en sus lugares de trabajo, y los liderazgos corruptos que dicen representarlos.

Una verdadera respuesta a la pandemia —a la crisis social y los ataques contra la democracia— promovidos por Bolsonaro y la clase dominante brasileña, requiere la movilización de la clase trabajadora como fuerza social independiente unida a través de las fronteras nacionales.

Para llevar adelante esta lucha, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) está pidiendo la formación de la Alianza Obrera Internacional de Comités de Base (AOI-CB). Más importante aún, hace un llamado a todos los trabajadores, jóvenes e intelectuales que lleguen a conclusiones revolucionarias de las actuales condiciones catastróficas para que se pongan en contacto con nosotros y se unan a la lucha para construir un partido socialista e internacionalista en Brasil.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de mayo de 2021)