Con Perú aún presa de una crisis política derivada de la demora ya de un mes del anuncio al ganador de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 6 de junio, las masas trabajadoras enfrentan condiciones cada vez más desesperadas impulsadas por el manejo de la pandemia COVID-19 por las clases dominantes peruanas e internacionales.

Mientras que los trabajadores peruanos han visto devastado su nivel de vida, la burguesía no se ha visto afectada por la misma crisis o, como en todos los demás países capitalistas del mundo, incluso ha aumentado su riqueza.

El país se enfrenta a lo que se ha calificado como un golpe de Estado en cámara lenta, ya que el partido fujimorista Fuerza Popular (FP) continúa su apuesta por anular las recientes elecciones presidenciales en las que la candidata de FP, Keiko Fujimori, perdió ante Pedro Castillo de Perú Libre por un estrecho margen de 44.058 de un total de 25.287.954 votos emitidos.

Cualquiera de los dos candidatos que tome juramento como presidente el 28 de julio, la crisis que enfrenta la clase trabajadora solo se profundizará. A fin de cuentas, los dos candidatos ofrecen al sistema gobernante peruano medios alternativos para reprimir una erupción de malestar social en respuesta a las intolerables condiciones económicas. Fujimori representa la política del autoritarismo y la represión de mano dura; mientras Castillo ofrece un medio para desviar las luchas de la clase trabajadora por medio de promesas populistas y reformistas que él y su círculo saben que no cumplirá mientras se apresuran a asegurarle al capital peruano y extranjero que defenderá sus intereses de lucro.

La desigualdad económica venía creciendo desde 2014, cuando llegó a su fin una racha de 12 años de crecimiento sostenido del PIB nacional impulsada por un auge de la minería. La pandemia ha empeorado dramáticamente una situación económica ya precaria para la clase trabajadora.

En medio del creciente desempleo y pobreza, la burguesía peruana y las corporaciones mineras transnacionales están decididas a reiniciar el proceso de extracción de plusvalía de la clase trabajadora, independientemente de la enfermedad y muerte continuas causadas por la pandemia de COVID-19. Perú tiene el número de muertos por COVID-19 per cápita más alto del mundo.

Aun exigiendo una reapertura económica, las empresas y los individuos particulares están cubriendo sus apuestas, transfiriendo la enorme suma de 17 mil millones de dólares al exterior, temiendo que un gobierno encabezado por Pedro Castillo resulte incapaz de disciplinar a la clase trabajadora.

Los estándares de vida están siendo erosionados por la inflación, y los precios al consumidor subieron un 3,2 por ciento en comparación con hace un año. El aumento de precios afecta principalmente a la “canasta básica de alimentos” de la que dependen las familias de la clase trabajadora. Según la agencia estatal de estadísticas INEI: el precio de la mantequilla se ha disparado en un 100 por ciento; harina, 30 por ciento; levadura, 20 por ciento; azúcar, 115 por ciento y sal, 25 por ciento. También del INEI, el precio minorista del pollo aumentó un 9,7 por ciento desde junio de 2020 a junio de 2021, pero el precio mayorista del pollo aumentó un 122 por ciento en el mismo período.

Como Perú produce sólo el 9,5 por ciento del trigo que consume (el resto se importa de Canadá, Estados Unidos, Argentina y Rusia), el aumento de los precios internacionales ha provocado que la demanda caiga en un 50 por ciento. El treinta por ciento de las panaderías que solo venden pan corren el riesgo de cerrar y se espera que otras 500 cierren antes de fin de año.

La cifra más reveladora en términos de desigualdad social creciente es la del crecimiento exponencial de la pobreza. Según el INEI, el número de familias declaradas pobres en Perú ha pasado del 20 al 30 por ciento de la población. Esta cifra significa que la reducción de la pobreza durante la última década ha desaparecido en un solo año.

El alcance real de la pobreza es mucho mayor, dadas las vergonzosas métricas empleadas por el gobierno. Según el INEI, una familia de cinco personas se considera pobre si sus ingresos no superan los 810 soles mensuales (US $210 mensuales), o US $2,520 anuales. La profundidad de la pobreza en Perú está vinculada al dominio del sector informal en términos de empleo, que hoy representa el 77 por ciento, por encima del 74 por ciento antes de la parálisis económica asociada con la pandemia.

Mientras tanto, según el diario económico Gestión, el 31 por ciento de las empresas dice que alcanzará niveles de producción pre-COVID a fines de 2022, pero el 30 por ciento dice que nunca volverá a los niveles de empleo de 2019.

El WSWS habló con dos madres solteras que explican cómo la pandemia las ha afectado económicamente.

Una joven que vive en el barrio obrero y de clase media baja de Los Olivos, y que dio a luz el pasado mes de mayo, dijo:

“Hace unos meses perdí mi trabajo porque estaba embarazada. Es un derecho del trabajador tener descanso por maternidad, pero a mi jefe no le interesan mis derechos. Así funciona la informalidad laboral en Perú”.

“Al final, decidí no demandarlo. La justicia en Perú es bien precaria, especialmente cuando se trata de cuestiones de salud y sociales. Se ha puesto peor dado el ambiente político que vivimos”.

“Los alimentos están muy caros por la subida del dólar. Así que no tengo más remedio que comer arroz con huevo. No tengo apoyo de nadie y el dinero que había ahorrado para pagar la universidad se me ha ido en comprar pañales”.

“Con mi bebé recién nacido y sin trabajo, no tengo más remedio que dejar mi departamento en Los Olivos. Me iré a vivir con mi hermana en los cerros de Ancón, que está muy lejos. No hay agua ni desagüé, el cerro está cubierto de arena, pero tendré paz”.

“El Perú es muy rico. No debería de haber gente tan pobre”.

Otra mujer, que vive en San Juan de Miraflores en un cono sur —áreas subdesarrolladas en la periferia de la capital— y que recientemente quedó viuda luego de que su esposo murió de COVID-19, dijo:

“Soy madre de dos hijos y no tengo una fuente de ingreso fijo desde que mi marido murió de Covid-19 hace más de un año, en la primera ola”.

“El alza del dólar nos está afectando a todos. Menos mal que mi alquiler es en soles. Pero mi arrendador es un vivo. Dice que entiende mi situación, pero no me baja el alquiler. Tengo que pedirle prestado a mis hermanas para que no me echen a la calle”.

Si bien estas condiciones son compartidas por millones de trabajadores y pobres, los informes cuentan una historia muy diferente en términos de cómo la burguesía y los sectores acomodados de la clase media se han enfrentado a la pandemia.

Por ejemplo:

• Las transacciones en línea y con tarjeta de crédito, reservadas principalmente para los estratos más ricos de la población, han crecido considerablemente.
• Los supermercados, a los que las personas de bajos ingresos no van porque compran sus productos en mercados populares, han visto crecer sus ventas en un 13 por ciento.
• La demanda de mejoras en los apartamentos, artículos decorativos y reparaciones del hogar aumentó un 39 por ciento anual, en parte debido a que las personas con los trabajos mejor pagados trabajaban desde casa y convirtieron las habitaciones en oficinas.

La desesperación de los trabajadores que quedaron sin ingresos se ha expresado en las invasiones de tierras que se han producido en los barrios más pobres del sur de Lima. Están involucradas tanto familias que perdieron sus hogares como personas que se han mudado a la periferia de Lima en una búsqueda desesperada de empleo. Más de 10.000 familias han sido desalojadas de los asentamientos informales creados en estas invasiones de tierras por policías en operativos que, en muchos casos, han recurrido a la violencia, utilizando gases lacrimógenos contra familias indefensas, entre ellas mujeres y niños.

Según Wood McKenzie, se espera que la inversión extranjera en el sector minero de Perú, la principal actividad económica del país, alcance los US $34.000 millones durante la próxima década. Sin embargo, a pesar de que el precio internacional del cobre aumentó en un 94 por ciento desde mayo de 2020 hasta mayo de 2021, la minería cada día emplea menos personal debido a la creciente automatización en el sector minero. Actualmente, la minería no es uno de los principales motores del crecimiento del empleo.

El alto precio internacional del cobre está generando súper lucros. No es de extrañar, entonces, que milmillonarios de la minería, como el presidente de la minera Buena Ventura, Roque Benavides, quien también es presidente de la asociación de los empresarios más poderosos, CONFIEP, haya manifestado su aceptación de la propuesta del presidente electo Castillo de un aumento pequeño de los impuestos a la minería. El pensamiento dentro de al menos un estrato de los grandes círculos empresariales de Perú es que una pequeña parte de las ganancias excedentes se puede utilizar en un intento de mitigar el creciente malestar en la clase trabajadora, así como en el campesinado, que ha visto devastadas sus tierras agrícolas y ganaderas por la minería a gran escala.

Cualesquiera que sean las medidas que adopte un gobierno de Castillo que estará comprometido con la defensa de los intereses capitalistas, resultarán demasiado escasas y demasiado tarde. La abrupta caída de los niveles de vida, combinada con la inestabilidad política y la corrupción del estado burgués, han creado las condiciones para un estallido explosivo de la lucha de clases en el Perú

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de julio de 2021)