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“Aquí, somos la primera línea de resistencia” . —Norma Hocker, controladora del aeropuerto LaGuardia al Bulletin el 5 de agosto de 1981

“La única huelga ilegal es la que fracasa” . —Robert Poli

La huelga de PATCO comenzó el 3 de agosto de 1981. Aproximadamente el 90 por ciento de los controladores aéreos en EE.UU. votaron a favor de hacer huelga y unos 13.000 dejaron sus puestos.

La respuesta del Gobierno de Reagan demostró que el plan de aplastar el sindicato de los controladores había sido desarrollado de antemano. Reagan invocó inmediatamente la disposición de emergencia nacional de la antiobrera Ley Taft-Hartley aprobada en 1947, despidiendo a todos los trabajadores que no regresaran a sus puestos en 48 horas.

Reagan le ordenó al secretario de Transporte, Drew Lewis, que no negociara con PATCO. En otras palabras, el Gobierno persiguió un único desenlace: la destrucción del sindicato.

El límite de la amenaza de Reagan de regresar o ser despedidos llegó el miércoles 5 de agosto a las 11 a.m. Cuando el reloj marcó las once y se volvió oficial el despido masivo, estalló un cántico entre los miles de controladores aéreos en las oficinas sindicales, los piquetes de huelga y los parques de todo el país de “¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga!”.

Cientos de controladores aéreos de las terminales de la ciudad de Nueva York, junto a sus simpatizantes, se reunieron en East Meadow, Long Island. En un círculo, levantaron sus puños en desafío al plazo límite. En medio de ellos, seis huelguistas sostenían una gran bandera de “Don’t Tread on Me [No me pises]”, un símbolo de la Revolución estadounidense. Los trabajadores luego marcharon a la instalación cercana de TRACON (Terminal de Radar de Control de Aproximaciones, siglas en inglés).

En Detroit, 132 de los 134 controladores aéreos desafiaron la orden de regreso al trabajo de Reagan. El vicepresidente del sindicato Steve Conaway le dijo a la multitud reunida cerca del aeropuerto metropolitano, “Ni el Gobierno ni la FAA nos intimidarán. Las demandas son reales y nos mantendremos fuera el tiempo necesario”.

En Lorain, Ohio, hogar del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Oberlin, el más grande del país, más de 500 miembros del Local 203 de PATCO recibieron la llegada de las 11 a.m. con puños en el aire y gritos de “¡Huelga!”.

Quinientos controladores y partidarios se reunieron en las dos torres de control del aeropuerto internacional de Minneapolis-Saint Paul en Minnesota.

La gran mayoría de los huelguistas desafió la orden de regreso al trabajo de Reagan. El Gobierno respondió intensificando lo que el presidente de PATCO, Robert Poli, tildó de “tácticas fascistas intensivas”. El Gobierno obtuvo una orden judicial que declaraba la huelga como ilegal, permitiendo el encarcelamiento de los líderes de la huelga y a los trabajadores de base, y volviendo ilegal la distribución de fondos sindicales a los huelguistas.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) presentó inmediatamente una demanda para descertificar PATCO. Se desplegaron agentes del FBI y policías federales a los piquetes de huelga para fotografiar o intimidar de otras formas a los huelguistas. Una esposa de un huelguista de PATCO reportó que un agente del FBI le dijo que bloquearían la solicitud de la pareja para adoptar un hijo a menos que su esposo regresara a trabajar.

El tercer día, el portavoz de la Casa Blanca, David Gergen, comunicó que todos los controladores que no regresaran iban a ser puestos en listas negras. “No habrá forma de volver atrás, ninguna segunda oportunidad”, dijo. Serían “bloqueados por siempre de empleos con el Gobierno federal”.

Utilizando la retórica de sus operaciones imperiales en el extranjero, el Gobierno de Reagan describió la huelga como una “situación de rehenes”. No negociaría con “terroristas”.

La clase gobernante estadounidense hizo trizas el contrato social de compromiso de clases a plena vista de los trabajadores. Como en los días de los barones ladrones del siglo diecinueve, se colocó todo el peso de la ley y las cortes sobre los trabajadores en huelga.

A pocas horas del inicio de la huelga, se emitieron órdenes de restricción temporal e interdictos contra la huelga en 40 tribunales federales de distrito y al menos doce fiscales federales obtuvieron penas por desacato contra los locales sindicales y sus líderes.

El primer día, los oficiales federales congelaron el fondo de huelga de los controladores. Las multas federales pronto eclipsaron los activos de $4 millones de PATCO. Un juez, Harold Greene, le impuso multas de $1 millón por día. Para cuando se acabó la huelga, PATCO había incurrido $28,8 millones en reclamos emitidos por los tribunales, mucho más que sus activos.

Los huelguistas de PATCO fueron arrastrados con cadenas frente a los jueces. En total, cientos de huelguistas de PATCO y sus simpatizantes fueron arrestados o detenidos por la policía durante la huelga, y 78 de ellos quedaron sujetos a cargos judiciales. Las penas de cárcel eran días o hasta un año. Otros consiguieron acuerdos judiciales y algunos lograron que les eliminaran los cargos. Los tribunales solo absolvieron a unos pocos.

Las imputaciones contra los trabajadores usualmente se basaban en cargos de participar en una “huelga ilegal”, a pesar de que los controladores aéreos habían sido despedidos y consecuentemente, en términos legales, no podían estar en huelga. Esta situación kafkiana fue incluso reconocida por los tribunales.

El 11 de agosto, el juez Greene, un enemigo enconado de PATCO, falló en contra de la demanda del Gobierno de Reagan que pedía que se cobraran inmediatamente todas las multas y que el tribunal presentara una orden para poner fin a los piquetes de huelga. La corte concluyó que la alegación del Gobierno de “daños irreparables” a la seguridad aérea contradecía sus afirmaciones públicas repetidas de que la huelga no estaba teniendo ningún efecto. Señaló que los miembros de PATCO “no pueden desasociarse del desacato de una orden en contra de la huelga, cuando el acato de la orden fue imposibilitado”, a saber, por los despidos.

Carl Kern fue uno de los siete controladores aéreos de la región de Chicago que fueron procesados a mediados de agosto. Como muchos de los arrestados y procesados, Kern fue un líder clamoroso de la lucha. “Supongo que yo y otros hemos sido elegidos por nuestro papel activo y nuestra franqueza en la lucha”, dijo Kern. “Se nos está aplicando la ley de manera muy selectiva en contra de los miembros más activos de PATCO”.

Los trabajadores de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en ingles) que expresaron apoyo o incluso estuvieran vinculados de alguna manera con los huelguistas de PATCO fueron despedidos. Harry Brown, un supervisor de la instalación de TRACON en Long Island, fue despedido después de defender públicamente a los controladores. Janice Wakefield, una empleada de teletipo en el centro de control de Aurora, Illinois, fue despedida por visitar a los trabajadores en un piquete de huelga. Brian Power-Waters, piloto de US Air, fue suspendido por decirles a sus pasajeros que su vuelo se había atrasado debido a que había trabajadores poco calificados en las torres de control.

El lunes 17 de agosto, el secretario de Transporte, Lewis, declaró que “la huelga se acabó”. El sistema de control aéreo sería reconstruido, afirmó, con rompehuelgas, supervisores y personal militar. Ahora, el Gobierno de Reagan dejaba en claro que, si bien no se rehusaría a negociar, no aceptaría el regreso de los huelguistas de PATCO sin condiciones.

Los trabajadores de PATCO no se rindieron. De hecho, la oposición a las tácticas represivas del Gobierno de Reagan siguió creciendo a lo largo de agosto y septiembre. El 23 de agosto, hubo una manifestación de 2.000 personas en Houston. El 26 de agosto, más de mil personas se reunieron en un mitin en las “ciudades gemelas” de Minneapolis-Saint Paul.

Estas manifestaciones se vieron eclipsadas con crees por la gran protesta del Día del Trabajo, el 7 de septiembre de 1981, en la ciudad de Nueva York, en la que participaron más de 250.000 trabajadores. Los 2.000 miembros de PATCO que marcharon al frente y en el centro de la multitud fueron aclamados encarecidamente. Hubo otras manifestaciones del Día del Trabajo protagonizadas por PATCO en todo el país, incluyendo en Detroit, donde más de 3.000 personas marcharon en la avenida Woodward.

La federación AFL-CIO originalmente no convocó la manifestación del Día de la Solidaridad el 19 de septiembre en Washington D.C. para oponerse a las políticas del Gobierno de Reagan, sino para apoyar el movimiento “Solidaridad” de los trabajadores polacos en oposición al régimen estalinista en Varsovia. Los operadores de la AFL-CIO en el extranjero, financiados por la CIA, estaban ocupados intentando dar una dirección procapitalista al movimiento polaco.

No obstante, la manifestación y su propio nombre fueron aprovechados por los trabajadores para hacerse escuchar.

A medida que las dimensiones de la manifestación que se avecinaba se hicieron evidentes, la cúpula de la AFL-CIO se alarmó, y la posibilidad de una participación masiva “rápidamente creó más ansiedad que entusiasmo en la oficina de [el presidente de la AFL-CIO, Lane] Kirkland”, según un historiador. [1] Los objetivos estrechos y ruinosos de los sindicatos fueron resumidos por William Wynn, presidente del sindicato United Food and Commercial Workers. “No vamos a conseguir mucho de la Casa Blanca, pero con suerte, vamos a poner algo de almidón en algunos de nuestros amigos en el Congreso que han vacilado un poco”, dijo.

“Nuestros amigos en el Congreso” se refería, por supuesto, al Partido Demócrata.

Los trabajadores aprovecharon la oportunidad de la manifestación para organizar una poderosa protesta contra Reagan y su ataque a PATCO y a la clase obrera. Algunos trabajadores sostenían carteles que comparaban la represión estatal del régimen estalinista en Polonia con la persecución estatal de los trabajadores de PATCO.

Los locales de la AFL-CIO organizaron al menos 3.000 autobuses llenos de trabajadores. Casi todos los sindicatos del país estaban representados, al igual que los grupos de derechos civiles y otras organizaciones afectadas por los recortes presupuestarios de Reagan.

Los contingentes más numerosos fueron los del UAW, incluyendo a 30.000 trabajadores del sector automotriz; la International Association of Machinists (IAM), que llevó a 20.000 miembros; y la International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) de electricistas, que movilizó a 20.000. El contingente de la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) fue tan grande, también estimado en 30.000, que “tardó más de 40 minutos en desfilar, y toda la Avenida de la Constitución era un mar de pancartas, carteles, banderas y camisetas verdes y blancas del sindicato”, informó el Bulletin. PATCO trajo a 6.000 trabajadores, es decir, aproximadamente la mitad de los que estaban en huelga.

La enorme manifestación demostró el amplio apoyo de la clase obrera para ampliar la lucha contra Reagan. Sin embargo, la burocracia de la AFL-CIO se negó categóricamente a asumir esa lucha, y poco a poco se fue apagando el espíritu de lucha en la clase obrera en general.

El papel de la AFL-CIO en el aislamiento y la derrota de la huelga de PATCO, así como la perspectiva avanzada por los trotskistas de la Workers League (precursora del Partido Socialista por la Igualdad) para la expansión de la lucha hacia una huelga general y una lucha política de toda la clase obrera, serán examinados en la próxima entrega de esta serie.

Los trabajadores de PATCO continuaron su lucha y siguieron yendo por meses a los piquetes de huelga, mientras eran cruzados a diario por otros trabajadores sindicalizados de la industria aérea. La represión estatal continuó centrándose en los líderes más militantes y enérgicos, incluyendo a tres líderes del Local de PATCO de Dallas-Ft. Worth que, en noviembre de 1981, fueron juzgados por delitos federales.

En marzo de 1983, el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de EE.UU. ordenó que Lee Grant, Ron May y Gary Greene fueran encarcelados de tres meses a un año por el “delito” de hacer una huelga contra el Gobierno federal, que, de hecho, los había despedido. Cada uno de ellos fue condenado a 90 días de cárcel y se les privó de por vida, como a los delincuentes, de sus libertades civiles.

La Workers League, y no la AFL-CIO, dirigió la campaña de defensa pública. Ron May, en particular, utilizó regularmente el Bulletin para pedir el apoyo de la clase obrera a PATCO y a sus miembros perseguidos por su huelga. No fue el único. El Bulletin conversó con muchas docenas de miembros de PATCO, y publicó regularmente entrevistas que ocupaban páginas enteras y presentaciones de los líderes de la huelga.

El 22 de octubre de 1981, la Autoridad Federal de Relaciones Laborales despojó a PATCO de su certificación para representar a los controladores de tráfico aéreo. Ahora, no solo habían declarado que su huelga era ilegal y sometido a sus participantes a listas negras, sino que el propio sindicato ya no era legal. La decisión fue confirmada por un tribunal federal de apelaciones el 11 de junio de 1982. El 2 de julio de 1982, un tribunal federal de quiebras disolvió PATCO. En el verano de 1983, Greene, May y Grant comenzaron a cumplir sus condenas de prisión.

Continuará.

Notas al pie de página

[1] Buhle, Paul: Taking Care of Business: Samuel Gompers, George Meany, Lane Kirkland, and the Tragedy of American Labor: Nueva York: Monthly Review Press, 1999: 224.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de agosto de 2021)