La clase trabajadora europea debe oponerse a la campaña antiinmigrante siendo librada en todos los países del continente.

Una retórica históricamente vinculada con la derecha fascista ahora prevalece en los Parlamentos y medios de comunicación europeos, describiendo a las personas desesperadas en busca de trabajo y seguridad como una invasión que debe ser repelida a toda costa.

Los individuos y las organizaciones fascistizantes como la admiradora de Mussolini en Italia, Giorgia Meloni, Marine Le Pen en Francia, el partido franquista Vox en España y la AfD en Alemania, están siendo abrazados por la corriente principal de la política burguesa. Están marcando el tono y propiciando niveles de xenofobia no vistos en Europa en décadas.

Esta semana, el Gobierno polaco anunció una referéndum repugnante y provocador en respuesta a la nueva asignación de migrantes de la Unión Europea. Preguntará al electorado, “¿Apoya la admisión de miles de inmigrantes ilegales de Oriente Próximo y África?”.

El Gobierno británico no solo demoniza a los migrantes, que están siendo hacinados en barcos-prisión infestados con la enfermedad del legionario, sino que también a los abogados que los representen.

En todas partes, los Gobiernos socialdemócratas y pseudoizquierdistas están sumando su apoyo e implementando las políticas antiinmigrantes de los partidos tradicionales de derechas.

Los Gobiernos europeos son los artífices de una infraestructura contra inmigrantes sin precedentes en ningún lugar del planeta: un sistema de muros, vallas y alambradas fuertemente vigilados, campos de detención y acuerdos con milicias y regímenes brutales en la periferia del continente. En su conjunto, crean una “Fortaleza Europa”.

La burguesía europea está en guerra el sector de la humanidad privada por la violencia imperialista y la desigualdad capitalista de las necesidades más básicas para vivir.

Como parte del aumento de personas que empezaron a solicitar asilo en Europa en 2015 y 2016, los mayores grupos nacionales procedían de Siria, Irak y Afganistán, huyendo de las guerras imperialistas y las guerras por delegación que han destruido sus sociedades. Otros huían de la pobreza extrema, los Gobiernos represivos, los violentos conflictos internos y la destrucción causada por el cambio climático.

A este escenario de pesadilla se ha añadido desde entonces el aumento de los precios de los alimentos impulsado por la guerra de la OTAN con Rusia en Ucrania, que a su vez ha generado cuatro millones de refugiados ucranianos, así como las crisis de deuda de las economías emergentes y los recortes sociales masivos exacerbados por la pandemia y las subidas de los tipos de interés mundiales.

A medida que vuelve a crecer el número de personas que intentan el viaje a Europa, se enfrentan a un aparato de miles de millones de euros a través de un vasto frente geográfico, que va desde la costa occidental de Marruecos hasta Turquía, pasando por las fronteras de Europa y el sur del Sahara.

El reciente golpe de Estado en Níger y la amenaza de una guerra regional han puesto de relieve la primera línea de esta guerra en la región africana del Sahel, lo que el alto representante de la UE para el Sahel, Ángel Losada, denominó la “frontera avanzada” de Europa. Aquí y en Sudán —dos puertas de entrada al Sahara—, el dinero europeo etiquetado cínicamente como “ayuda humanitaria” financia controles fronterizos que han obligado a los migrantes a tomar rutas más peligrosas, vigiladas por fuerzas con un historial probado de abusos contra los derechos humanos.

Las Naciones Unidas han sugerido anteriormente que es probable que el número de muertes de refugiados en el Sáhara sea al menos el doble que en el Mediterráneo, que actualmente asciende a 27.845 desde 2014, según la estimación, ciertamente conservadora, de la Organización Internacional para las Migraciones.

Turquía y los países del norte de África reciben aún más dinero para detener los cruces hacia Europa. En 2016, la UE y el Gobierno turco firmaron un acuerdo por valor de 6.000 millones de euros para aumentar la seguridad fronteriza y deportar a Turquía a los solicitantes de asilo que salgan de Europa.

Los acuerdos de financiación con Libia y Túnez emplean a milicias anárquicas como guardias fronterizos. Los guardacostas disparan a las ONG que intentan rescatar embarcaciones en peligro. Los migrantes capturados son golpeados y electrocutados, robados si les queda algo que robar, devueltos a tierra y retenidos en una tenebrosa red de campos de internamiento donde reinan la tortura, la extorsión, los trabajos forzados y la esclavitud. Muchos son deportados al sur y abandonados en el desierto.

Los barcos con destino a Europa intentan travesías cada vez más peligrosas para evitar este destino, convirtiendo el Mediterráneo y tramos de la costa norteafricana en cementerios. La fuerza fronteriza europea Frontex hace lo suyo, expulsando ilegalmente a los barcos de migrantes de las aguas de la UE, mientras los Estados del sur de Europa aprueban leyes para impedir el paso a las organizaciones humanitarias y amenazan a su personal con cargos judiciales.

En el continente europeo, cada país refuerza sus fronteras contra sus vecinos, creando armaduras de alambre de navaja, vallas metálicas y patrullas violentas. Cuando los inmigrantes consiguen cruzar una frontera, a menudo son conducidos a la siguiente, pasando por una serie de campamentos improvisados.

Para reforzar estas políticas, la UE acordó en junio en Luxemburgo un nuevo plan de migración que prevé deportaciones por la vía rápida, incluso a países con los que los solicitantes de asilo rechazados tienen las conexiones más tenues, como aquellos por los que han pasado en su viaje a Europa. Los esfuerzos del Reino Unido por deportar a solicitantes de asilo a Ruanda siguen la misma política.

Ningún crimen es demasiado grande. Este mes de junio, más de 600 migrantes que viajaban en un pesquero murieron ahogados por las acciones de los guardacostas griegos. Aunque intentaron encubrirlo, las investigaciones han demostrado que las autoridades griegas habían intentado remolcar el barco y sacarlo de sus aguas nacionales de forma insegura, provocando su vuelco.

Esta historia y otras similares apenas salen a la superficie en la prensa capitalista. Y cuando se producen ahogamientos masivos, no hace más que alimentar las demandas xenófobas de los medios de comunicación y la élite política de “¡Detened los barcos!”

Estas muertes son solo la punta visible de un iceberg de sufrimiento humano.

Una fracción de los más de 108 millones de desplazados forzosos del mundo llega a acercarse a Europa o a cualquier país rico. El 70 por ciento no logra ir más allá de un país vecino. La mayoría vive en condiciones infernales en asentamientos precarios y campos de refugiados de África y Asia.

En medio de esta catástrofe social, los políticos europeos están rompiendo sus compromisos con las leyes y convenciones de derechos humanos aprobadas tras la Segunda Guerra Mundial y a la sombra del Holocausto, como si fueran trozos de papel.

La despiadada guerra de Europa contra los inmigrantes es la punta de lanza de un ataque derechista de la burguesía dirigido contra toda la clase obrera. Se está normalizando la privación violenta de los derechos democráticos y sociales más básicos de las masas populares, que se generalizará a medida que se agraven la guerra de Ucrania y las crisis económicas. El argumento de que una sociedad plagada de millonarios y milmillonarios “no puede permitirse” el recibimiento de más trabajadores inmigrantes se utiliza para recortar los servicios y la asistencia social a los trabajadores locales.

La demonización de los inmigrantes se utiliza para desviar la ira social por estas condiciones lejos de los superricos que verdaderamente son responsables a chivos expiatorios empobrecidos de otros países, azuzando las divisiones para romper la solidaridad dentro de la clase obrera internacional y contrarrestar el aumento de las huelgas y protestas en todo el continente.

Esto proporciona el combustible ideológico para que las organizaciones de derechas consigan avances significativos en los Parlamentos de toda Europa, porque la indignación generalizada por el trato que reciben los solicitantes de asilo no encuentra expresión política en las burocracias socialdemócratas y sindicales.

Defender a los inmigrantes es una responsabilidad fundamental de la clase obrera de los países capitalistas avanzados. Su propio futuro depende de ello. Los trabajadores de Europa deben defender el derecho de todos a vivir donde elijan, libres de la represión y disfrutando del acceso a todas las necesidades como un trabajo, un hogar, educación y salud. Esta es la única manera de oponerse a la voluntad de la élite gobernante de Europa de imponer medidas de austeridad salvajes y formas autoritarias de gobierno en todo el mundo.

Esta lucha es inseparable de la lucha contra la guerra imperialista, que seguirá destrozando sociedades y desarraigando a millones de personas hasta que la organización socialista de los recursos del mundo le ponga fin.

Esto significa una lucha contra el capitalismo, cuya división de la economía mundial en Estados nacionales antagónicos y cuya propiedad privada de los principales medios de producción es la causa fundamental de las guerras y de la explotación y opresión económicas. Un sistema social en el que un puñado de individuos acumula fortunas de cientos de miles de millones de dólares en un extremo y más de 100 millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares sin nada en el otro, hace tiempo que perdió su derecho a existir.

La “Fortaleza Europa” debe ser derribada en el marco de un ajuste de cuentas mundial con el capitalismo y sustituida por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de agosto de 2023)