Las elecciones presidenciales estadounidenses se celebrarán en dos meses exactos. Más de tres años desde que el expresidente Donald Trump y sus cómplices republicanos organizaron una insurrección violenta para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, todas las condiciones que condujeron a la intentona golpista no solo persisten, sino que han hecho metástasis.

En preparación para volver a rechazar los resultados de las elecciones de 2024, Trump y los republicanos se han embarcado en una campaña que combina el negacionismo electoral y la agitación antiinmigrante basada en la “gran teoría del reemplazo” neonazi. Afirman que debido a las supuestas políticas de Biden y Harris para “abrir las fronteras”, millones de “extranjeros ilegales” y “no ciudadanos” votarán en las próximas elecciones. Además, Trump se ha negado repetidamente a declarar que aceptará los resultados.

El Comité Nacional Republicano y otros grupos alineados con Trump han comenzado a presentar una serie de demandas en estados reñidos con el objetivo de suprimir la votación.

• En Carolina del Norte, el Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de Carolina del Norte han demandado a la Junta Electoral del estado dos veces en las últimas semanas por supuestamente no eliminar a “no ciudadanos” de las listas de votantes. Los republicanos están pidiendo a la Junta Electoral que retire a 225.000 personas de las listas de votantes y los obligue a emitir votos provisionales en noviembre.
• En Arizona, America First Legal, el bufete de abogados con sede en Washington D.C. dirigido por el asesor fascista de Trump, Stephen Miller, presentó una demanda contra los 15 condados del estado por presuntamente no eliminar a los no ciudadanos de las listas de votantes. El grupo de Miller originalmente solo había demandado al condado de Maricopa, el cuarto condado más grande de los Estados Unidos con más de 4,5 millones de personas. En un comunicado emitido el miércoles, Miller dijo que “ahora estamos demandando a 14 condados adicionales en Arizona por negarse a eliminar a extranjeros ilegales y no ciudadanos de sus listas de votantes”.

Varios otros estados liderados por republicanos, incluidos Texas, Tennessee, Virginia y Alabama, se han jactado en las últimas semanas de purgar a miles o, en el caso de Texas, 1,1 millones de votantes de las listas de registro desde 2021. Si bien muchas de estas personas pueden haber sido expulsadas por razones legítimas, como haberse mudado del estado o muerto, otras están siendo expulsadas a pesar de ser votantes legales que no habían votado recientemente o tenían errores en el papeleo.

Sin embargo, los republicanos están presentando casi todos los casos como ejemplos de actividad maliciosa por parte de “extranjeros ilegales”, a pesar de que el número de casos como este en el estado se puede contar con una mano.

Los esfuerzos para suprimir el voto se extienden más allá de purgar las listas de votantes. En Texas, el mes pasado, el fiscal general Ken Paxton firmó una serie de redadas propias de la Gestapo en las casas de los trabajadores de campaña y los políticos del Partido Demócrata en tres condados. A pesar de las acusaciones de Paxton sobre el registro ilegal de votantes, hasta el momento de este escrito no se han presentado cargos. Esto no impidió que los agentes de la policía confiscaran los teléfonos y ordenadores portátiles de cuatro mujeres latinas objeto de las redadas. Tres de las mujeres tienen más de 70 años, mientras que la otra es una maestra de escuela jubilada de 87 años.

En Georgia, uno de los estados donde Trump lanzó su campaña más agresiva para anular el resultado electoral en 2020, el mes pasado la Junta Electoral estatal controlada por los republicanos adoptó en una votación de 3-2 reglas que permiten a los funcionarios electorales locales realizar “investigaciones razonables” de presunto fraude electoral y examinar “toda la documentación relacionada con las elecciones creada durante la realización de ellas”, antes de certificar los resultados.

Durante más de 100 años, la certificación de los resultados electorales por parte de los funcionarios electorales locales ha sido un “deber ministerial”, que realizan funcionarios no partidistas que no tienen un papel independiente. Su propósito ha sido simplemente registrar el total de los votos completados.

Las nuevas reglas en Georgia no se están implementando para garantizar la “integridad” del sistema electoral de los Estados Unidos, sino para sofocar y retrasar el registro de los resultados electorales como parte de los esfuerzos de Trump para regresar al poder. La normativa en Georgia fue propuesta por Julie Adams, directora regional de la Red de Integridad Electoral (EIN, siglas en inglés) y miembro de la junta electoral del condado de Fulton, quien ya se ha negado, con el apoyo del America First Policy Institute, el brazo de combate legal de la campaña de Trump, a certificar los resultados electorales dos veces en Georgia solo este año.

El EIN está dirigido por nada menos que Cleta Mitchell, una agente republicana de larga data y “muy querida amiga” de Virginia “Ginni” Thomas, la esposa del archirreaccionario juez de la Corte Suprema Clarence Thomas. Antes y después de las elecciones de noviembre de 2020, Mitchell trabajó junto a Ginni Thomas y el abogado golpista de Trump, John Eastman, para promover una teoría legal autoritaria que afirmaba que las asambleas legislativas estatales, no los votantes, eligen a los electores presidenciales.

Tras la derrota de Trump en 2020, Virginia Thomas envió correos electrónicos a los republicanos en estados reñidos como Wisconsin y Arizona, implorándoles que expulsaran a los electores elegidos por voto popular y, en cambio, instalaran su propia lista de electores pro-Trump.

El impulso de Trump y los republicanos para suprimir el voto se están llevando a cabo con un amplio apoyo monetario de sectores de la oligarquía financiera que, frente a los crecientes antagonismos de clase dentro de los Estados Unidos, están promoviendo los esfuerzos de Trump para construir un movimiento fascista.

El simple hecho de que Trump tenga la libertad de intentar por segunda vez establecer una dictadura es totalmente responsabilidad del presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el Partido Demócrata. La prioridad del Partido Demócrata es intensificar las guerras, incluida la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, el genocidio en Gaza y el conflicto en desarrollo con China.

Para avanzar en su agenda conjunta de guerra, los demócratas han colaborado con sus “colegas republicanos” para aprobar presupuestos militares masivos y recortar el gasto social, empobreciendo a los trabajadores y alimentando el malestar social, que Trump y la extrema derecha explotan culpando a los inmigrantes como chivos expiatorios por la profundización de la crisis social. En este intento de “dividir y conquistar” a la clase trabajadora utilizando el nacionalismo, los republicanos unen fuerzas con los demócratas y los sindicatos corporativistas.

Mientras los republicanos bajo Trump planean un segundo golpe de Estado, los demócratas aclaman el respaldo de Harris por parte de la republicana Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, el principal arquitecto de la guerra de 2003 contra Irak.

Harris y los demócratas están haciendo todo lo posible para restarle importancia al peligro de un regreso de Trump al poder. Los demócratas y los medios de comunicación han ignorado por completo las declaraciones del propio Biden en la Convención Nacional Demócrata el mes pasado de que Trump está preparando un “baño de sangre” si pierde y actuar como “un dictador el primer día” si regresa a la Casa Blanca.

Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, caracterizan a los republicanos simplemente como “extraños”, mientras que al mismo tiempo se comprometen a trabajar con ellos para promulgar las políticas antiinmigrantes de Trump, fortaleciendo de este modo a Trump y la extrema derecha.

Comentando sobre la falta de respuesta a las declaraciones de Biden, el presidente del Consejo Editorial Internacional del WSWS, David North, declaró en comentarios en la segunda conmemoración internacional del trabajo de León Trotsky en Büyükada, Turquía, el 25 de agosto:

El silencio demostró la indiferencia de la clase dominante estadounidense hacia la preservación de la democracia. De hecho, hay un consenso creciente en la oligarquía, en Estados Unidos pero no solo allí, de hecho en países de todo el mundo, de que sus intereses, a nivel nacional e internacional, son incompatibles con la democracia. Las élites gobernantes son plenamente conscientes de que el asombroso nivel de desigualdad social está provocando una mayor ira popular, y que los ataques a las condiciones de vida requeridos por el militarismo imperialista conducirán a una tremenda escalada del conflicto de clases. El giro de la clase dominante hacia el fascismo es un intento de prevenir y suprimir, con violencia, la radicalización política de la clase obrera y su giro hacia el socialismo.

El peligro que plantean Trump y el Partido Republicano es muy real. Sin embargo, no hay una base de apoyo significativa dentro de la clase dominante para preservar las formas democráticas de gobierno.

La defensa y expansión de los derechos democráticos requiere la movilización de la clase trabajadora en oposición tanto a los demócratas como a los republicanos, los dos partidos de la oligarquía corporativa y financiera. La dictadura es la respuesta de la clase dominante a la amenaza del socialismo. La respuesta de la clase trabajadora al giro de las élites gobernantes hacia la dictadura debe ser la lucha por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de septiembre de 2024)